Las jubilaciones de privilegio han superado las fronteras. Un juez del Tribunal Supremo de España cobra por este beneficio 3500 pesos en Argentina. Se trata de Enrique Bacigalupo Zapater, un prestigioso jurista que se exilió en Madrid luego de haberse desempeñado como procurador general del Tesoro durante el gobierno de Héctor Cámpora. El magistrado, que tiene la doble nacionalidad hispano-argentina, tramitó su retiro en 1987 y desde ese entonces recolectó por sus pagos mensuales más de quinientos mil dólares.
La información, que fue publicada ayer por el diario español El Mundo y por la agencia DyN, indica que Bacigalupo, que tiene 64 años, “lleva embolsados más de medio millón de dólares del erario, aunque no vive en Argentina desde antes del golpe de Estado de 1976 e hizo su carrera profesional en España”.
En la página de Internet www.ptn.gov.ar/investigacio nes/lista.htm del Gobierno consta que Bacigalupo Zapater figura entre “los beneficiarios de los regímenes jubilatorios especiales”, o más comúnmente llamadas “jubilaciones de privilegio”. Aparece con el número de beneficio 01004429630. El juez gestionó y obtuvo el retiro especial en julio de 1987, cuando sólo tenía 49 años.
“A mí lo que me avergüenza es la ilegalidad y no he cometido ninguna ilegalidad. He percibido un beneficio legal. El día que el Congreso decida que no se deben percibir estos beneficios, pues no los percibiré, es lógico”, aseguró el magistrado. Entrevistado por varias radios madrileñas, reconoció que tramitó el beneficio aunque aseguró que no recordaba exactamente si la seguía cobrando o había renunciado a éste. Luego, afirmó que “en cuanto me enteré de la situación argentina, lo primero que hice ha sido pedir la suspensión”. Pero según información del diario El Mundo, la última mensualidad fue abonada el 26 de febrero y se aguardaba otra paga para este mes.
En España, los medios de comunicación están investigando si el juez consignó o no estos ingresos en su declaración de la renta, ya que de no haberlo hecho podría ser imputado de evasión al fisco. Pero es cierto que el cobro de la jubilación “especial” es legal. De hecho, Bacigalupo es una de las más de nueve mil personas que cobran actualmente las jubilaciones de privilegio, con un promedio de cuatro mil pesos, lo que significa para las cuentas del Estado un gasto de 486 millones de pesos por año. El ex ministro Erman González, el ex gobernador cordobés Eduardo Angeloz y el ex diputado Alvaro Alsogaray, entre otros, tienen el mismo beneficio, al que pueden acceder senadores, diputados, jueces y miembros del Poder Ejecutivo sin necesidad de cumplir con la edad y los años de aporte ordinario. El magistrado recibe 3500 pesos por haberse desempeñado durante 49 días como procurador general del Tesoro en el gobierno de Cámpora.
El presidente Eduardo Duhalde intenta eliminar todas las jubilaciones “especiales” como respuesta a las críticas de la Mesa de Diálogo. En 1994, durante el gobierno de Carlos Menem, se intentó suprimir este tipo de retiros. Pero la medida provocó una avalancha de demandas y la Justicia declaró inconstitucional el decreto que se había dictado debido a que los jueces consideraron que por ese medio no se podía modificar una ley y estimaron que estos retiros eran derechos adquiridos.
La propuesta duhaldista contempla ahora “la derogación total de las jubilaciones de privilegio en la Argentina y un tope máximo de 3100 pesos a todos aquellos que se hubieran jubilado por un régimen de privilegio”.
El ministro de Interior, Rodolfo Gabrielli, aseguró que “se le darán facultades al ente de aplicación de esta ley para revisar todas las jubilaciones de privilegio que hay en el país, ver su legalidad y a los efectos de reliquidar”. La definición del nuevo monto se haría en base a la edad efectiva de la jubilación y los años aportados. Si se cumple lo anunciado, los ahorros que surjan de esta medida se destinarán a la política social.