Finalmente, cayó ayer el juez sostenido a capa y espada, y a lo largo de nueve años y medio, por el menemismo, por Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, la SIDE, la Policía Federal, la DAIA, la AMIA y los fiscales de instrucción. La Sala II de la Cámara Federal apartó a Juan José Galeano de la investigación del caso AMIA a raíz de una recusación presentada por los familiares de las víctimas del atentado agrupados en Memoria Activa. Justamente los familiares fueron los únicos que denunciaron en forma sistemática el accionar de Galeano y el elemento decisivo para el apartamiento fue la confirmación de lo que reveló Página/12 en 1996: que a Carlos Telleldín le pagaron para que declarara imputando como cómplices del atentado a un grupo de policías bonaerenses. La Cámara dijo ayer que Galeano no es imparcial y por ello lo expulsó de la causa AMIA.
El magistrado tendrá que entregarle todo el expediente, incluyendo los legajos secretos que existen, al juez que resultó sorteado ayer, Rodolfo Canicoba Corral. El magistrado podría derivar la instrucción en un fiscal.
La resolución
La decisión de ayer no significa que Galeano deja de ser juez, algo que no pueden resolver los camaristas ya que es facultad del Consejo de la Magistratura. Ya existe una presentación de la diputada Nilda Garré para que Galeano sea destituido, pero es un proceso que recién está en sus comienzos.
Tampoco la resolución de la Cámara significa que se condena a Galeano por cometer irregularidades en la causa AMIA. Justamente los camaristas dejaron eso en claro porque las acusaciones concretas contra el juez se están investigando en otra causa, que está a cargo de Claudio Bonadío. En el próximo tiempo se supone que Bonadío debe tomar una decisión: si procesa o no a Galeano. Por lo pronto, las pruebas en su contra son abrumadoras.
Además, a Galeano le espera otro momento amargo: los jueces del Tribunal Oral Nº 3 que llevan adelante el juicio oral en el que están sentados en el banquillo Telleldín y un grupo de policías bonaerenses seguramente van a hacer referencia a la actuación de Galeano. En el fallo que dictarán aproximadamente a mediados de febrero da toda la impresión que los jueces van a ser durísimos con Galeano y se habla de que marcarán no menos de 80 irregularidades.
Lo que ocurrió en concreto ayer es que la Cámara apartó a Galeano de la causa AMIA. O sea que ya no es más el juez que investiga el atentado.
La recusación fue presentada por el abogado de Memoria Activa, Pablo Jacoby, quien la semana pasada expuso ante la Cámara las razones por las que se pedía el apartamiento del juez. En concreto, Jacoby sostuvo que a Galeano se le imputa una gran cantidad de irregularidades y que por lo tanto no se puede considerar que investigue en forma imparcial sino que dirigirá la pesquisa a tapar aquellas irregularidades o a justificarlas.
Los motivos
Ayer, la Sala II, que integran Horacio Vigliani, Horacio Cattani y Martín Irurzun, aceptó los planteos de Jacoby y fundamentó el apartamiento de Galeano en tres puntos:
- Que el juez le pagó en forma clandestina 400.000 dólares-pesos al imputado Carlos Telleldín, que no registró ese pago en el expediente y que, para colmo, el propio Galeano negó que hubiera existido el pago en más de una oportunidad. Por ejemplo, dijo que no se le dio dinero a Telleldín ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de los Atentados. La Cámara sostiene que el elemento decisivo fue que el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, admitió en el juicio oral que la SIDE proveyó el dinero y varios agentes confirmaron la forma en la que se hizo el pago. De esa manera, se probó definitivamente lo que en su momento adelantó este diario: a Telleldín le pagaron su declaración de julio de 1996.
- La Cámara sostiene que en el expediente en el que se investiga el accionar de Galeano y que lleva adelante el juez Bonadío, se probó que beneficiaba a algunas de las partes querellantes –en concreto a la DAIA y a la AMIA– y se les escondía información a los familiares de las víctimas. Los camaristas incluso mencionan en el texto que el juez pactó poner micrófonos ocultos en el cuerpo de la abogada Marta Nercellas, de la DAIA, y en el directivo Roberto Zaidemberg, vicepresidente de la AMIA, para grabar y escuchar un diálogo que iban a mantener con el abogado de uno de los policías detenidos. Según trascendió, la Cámara se horrorizó también con la transcripción de escuchas telefónicas en las que el juez Galeano no aparece en el papel de magistrado de la causa sino en el de compinche del ex presidente de la DAIA Rubén Beraja.
- El tercer aspecto cuestionado a Galeano fue la conformación de legajos prácticamente clandestinos. Esto ya había sido señalado por la Cámara anteriormente: cuando Galeano no quería que los familiares vieran alguna actuación, la escondía abriendo un legajo paralelo y sacando las pruebas o los escritos del expediente principal. La Sala II le insistió varias veces a Galeano que debía incorporar todo a la causa, pero en el escrito de ayer vuelve a mencionar el tema y lo vincula con la declaración del ex secretario del juez, Claudio Lifchitz, quien reveló que todos esos legajos estaban a disposición de los abogados de la DAIA y la AMIA, mientras que se les ocultaba a los familiares.
Con todos esos elementos, la Cámara consideró que existen los elementos de parcialidad señalados por Memoria Activa y por lo tanto aparta definitivamente a Galeano de la causa AMIA.
La política
Galeano fue un juez respaldado y protegido por el menemismo durante los cinco años en los que coincidió la investigación del caso AMIA con el mandato del riojano. En verdad, esa protección era una especie de devolución de favores, ya que el magistrado siempre respondió a la Casa Rosada y a la SIDE sin denunciar la nula voluntad política exhibida por el gobierno de Menem en el esclarecimiento del atentado. Durante el juicio oral, por ejemplo, el ex secretario de Seguridad, brigadier Andrés Antonietti, comentó que nunca siquiera se charló en el gabinete sobre la investigación del atentado. Otro dato paradigmático resulta de la comparación de las pesquisas de los atentados de Oklahoma en Estados Unidos y de la AMIA, en Buenos Aires. En el primero, trabajaron en la investigación cinco mil agentes del FBI, en el de la AMIA hubo momentos en que estaban asignadas ocho personas a la investigación. Tras reiteradas denuncias de los familiares, se admitió que en la jerga interna llamaban “los poquitos” a los investigadores. Galeano apañó la negligencia de la SIDE, las fuerzas de seguridad y el presidente Menem directamente se desentendió del caso.
Con Fernando de la Rúa las cosas no fueron muy distintas. El argumento del ex presidente y sus ministros consistía en que “no podemos ir contra Galeano ni cuestionar la investigación, porque quedamos mal a nivel internacional. Más allá de todo, necesitamos alguna condena”, fue la explicación dada por un integrante del gabinete de De la Rúa.
Las conducciones de la época de la DAIA y la AMIA tampoco criticaban lo hecho por los gobiernos y por Galeano. Más bien ocurrió lo contrario, mantenían una relación estrecha, prácticamente sin hacerle crítica alguna. Cuando se conoció el video en el que el juez aparecía negociando con Telleldín el pago por su declaración, salieron a defender al magistrado en lugar de evaluar si se trataba o no de una gravísima irregularidad. Por último, en el acto aniversario de 1997, el público cuestionó a los gritos el papel del juez y del gobierno de Menem, mientras que nuevamente los dirigentes concurrieron a la tarde a la Casa Rosada a dar explicaciones.
En tiempos de Eduardo Duhalde también se impuso el criterio de respaldar al juez y no cuestionar la investigación. El paso más trascendente fue que se abrieron las puertas para que declaren en el juicio oral los agentes de la SIDE. El decreto correspondiente puso limitaciones y hubo una difícil pulseada para que los hombres de inteligencia cuenten la verdadera historia. Tal vez ése fue el mayor aporte de Néstor Kirchner: revocó el decreto de Duhalde y barrió con las trabas que existían para que declaren los hombres de la SIDE. El siguiente paso lo dio el titular de la central de espías, Sergio Acevedo, quien llevó a declarar a un agente al juicio oral. Allí reconoció que participó de la operación del pago a Telleldín. Trascartón vino la catarata y hasta Anzorreguy terminó aceptando que la SIDE aportó el dinero para el pago clandestino.
Ahora
Ayer mismo se sorteó un nuevo juez para la causa, Rodolfo Canicoba Corral. Muchos dicen que después de nueve años es poco lo que queda por investigar. Por lo pronto, está la cuestión de la conexión internacional del atentado: Galeano imputó a funcionarios iraníes y a miembros de la organización libanesa Hezbollah. Ese capítulo no está cerrado, sobre todo porque está la curiosidad de que a los iraníes sólo se los acusa de dos atentados en todo el mundo: los ocurridos en Buenos Aires. Pero, además, si en el juicio oral no resultan condenados los policías bonaerenses, habrá que averiguar quién cooperó con los terroristas en la masacre. Todo indica que se trata de personas adictas en el terreno ideológico y religioso con los mentores del ataque. Pero tienen que ser personas que hablaban en castellano, porque conseguir el vehículo, meterlo en algún garaje para montar el explosivo, hacer la inteligencia del atentado y concretar el ataque requirieron de un grupo de personas argentinas, sin acento extranjero que llamara la atención.