- El swap de yuanes que acordó el Banco Central durante el gobierno anterior no es igual a un puñado de patacones. Economistas afamados pontificaron durante largo tiempo que los yuanes no son convertibles. Ahora dicen que sí. El ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay lo reconoció sin tener la honestidad intelectual de retractarse y los convirtió para reforzar las reservas. No fue magia: bastaron una conversación o dos con las autoridades chinas. Las reservas estaban, la solvencia anterior era superior a la denunciada. Los yuanes vigorizados se usan en pro de una política económica de muy distinto signo. Es una continuidad rara pero, hablando de plata, es continuidad.

- El pago de un plus de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo retoma una medida similar del kirchnerismo. Ocurre lo mismo con la exención del Impuesto a las Ganancias sobre el medio aguinaldo de diciembre para parte de los asalariados que deben pagarlo.

- Los feriados del año 2016 serán los mismos que en el actual. Se archivaron las críticas a su abundancia, propia del populismo o, quién sabe, de la molicie caribeña. Se dejó de hablar de la demagogia, vicio político y de la pereza, pecado capital. El Gobierno habrá sopesado las funcionalidades y contras de una decisión que genera adhesiones o resistencias de actores diversos. Saldarlas es complejo, se optó por respetar lo existente, dejando de lado falaces comparaciones auto peyorativas con Alemania o Laponia.

- Fútbol para Todos seguirá como derecho ciudadano, gratuito y de alcance nacional, al menos por ahora. Se promete reemplazar la publicidad oficial por la privada y suprimir comentarios favorables al kirchnerismo en las transmisiones.

- El ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, conserva su cartera tras ocho años de gestión durante el kirchnerismo.

- El ministro de Trabajo Jorge Triaca se reunió con trabajadores de la empresa Cresta Roja. Al terminar la reunión, dio una conferencia de prensa en la que usó el vocativo “compañeros” para hablar de los laburantes. Se comprometió a seguir aportando recursos del programa Repro creado por su antecesor, Carlos Tomada.

Ese conflicto laboral social se analiza en nota aparte. Para el desarrollo de esta columna que enhebra ciertas continuidades corresponde agregar que la tutela laboral se combinó malamente con uno de los signos iniciales del presidente Mauricio Macri. Una obsesión para demostrar autoridad que repara poco en medios, transita con frecuencia la ilegalidad. Y que en la semana que pasó, añadió el pesado ingrediente de la violencia estatal. El Estado, claro, ejerce el monopolio de la violencia legítima. Pero la legitimidad está supeditada a un conjunto de recaudos democráticos: la proporcionalidad, la profesionalidad del ejercicio y el apego a las normas legales. En ese aspecto, vaya si hay cambios.

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Cuando brama el presidente: La tensión entre el derecho a movilizarse en el espacio público y la de transitar libremente es un conflicto-debate constante por lo menos desde comienzos de siglo. La protesta, incluso la laboral, busca otros escenarios que en el pasado. Las huelgas, por razones variadas que ahorramos, afectan cada vez menos a la patronal. En el caso de Cresta Roja serían inoficiosas porque el establecimiento está cerrado. Llevado a un extremo solo imaginario: si el personal quemara las instalaciones, los propietarios vaciadores (ejemplos cabales de la irresponsabilidad empresaria) ni mosquearían.

Para interpelar a “la sociedad” y en particular a los empresarios, los trabajadores deben valerse de otro tipo de medida de fuerza y desplazar la lesividad a otros protagonistas. Los cortes de calles o rutas no son hijos del sadismo sino de la necesidad. Por si hace falta: eso no convalida cualquier daño a los intereses de otros ciudadanos. Atender a la proporcionalidad y contemplar “al otro” concierne a todos los actores.

El choque de derechos fuerza al estado a tratar de armonizarlos y, cuando no es posible del todo, a privilegiar parcialmente alguno. Todo es endiablado en el terreno, con resoluciones que se toman en minutos.

En el mundo real, las cosas son imperfectas y tremendas. Las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, casi siempre, tienen reflejos brutales y caen en “excesos” con la naturalidad de quien toma un vaso de agua. Comandarlas es una desafiante responsabilidad política. Los protocolos para contenerlas son tan imprescindibles como frágiles. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que está trabajando en uno nuevo, reconociendo que existe otro vigente. Una de sus reglas es prohibir el uso de balas de goma. Los laburantes de Cresta Roja que cortaban la autopista Riccheri fueron agredidos con esos proyectiles. Se les disparó desde corta distancia, al cuerpo, con intención de dañar. Cero legalidad o legitimidad.

Con la experiencia acumulada, mete miedo que se desate tan pronto la brutalidad policial, sin mediación judicial, ordenada desde el poder ejecutivo. Las declaraciones ulteriores de funcionarios funge de agravante: la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, le otorgaron cheque en blanco a los agresores: prometieron hacer lo mismo en situaciones futuras. Cero crítica a la brutalidad de represión, cero sumarios, cero investigación interna. Es una amenaza para otros manifestantes.

El gobierno se recuesta en la opinión pública, que (casi siempre) se identifica más con los damnificados con los cortes que con los manifestantes. Un rosario de lugares comunes adorna el sesgo: los que cortan son vagos, “planeros” o llanamente marginales. El prejuicio se desmorona frente a los trabajadores formales y capacitados de Cresta Roja. El problema que los saca a la calle no es nimio, ni irrisorio el número de damnificados.

El macrismo se consagra a diferenciarse palmo a palmo del kirchnerismo. El presidente Mauricio Macri está obsesionado con demostrar autoridad en el sentido más decisionista del término. Sus apologistas ensalzan que se “puso los pantalones”. Uno de los más entusiastas, Joaquín Morales Solá, lo describe como un hombre tranqui, sedado, amable, coloquial, una suerte de buda nativo. Pero señala que cuando se le habló sobre un corte de calles Macri “bramó”. Se difundió que jamás eleva la voz pero se ve que se agotó la paciencia. Y cuando la derecha agota su paciencia, hace tronar el escarmiento. Lo sucedido preocupa como precedente, por la velocidad con que se llegó y por el compromiso de perseverar. Imaginar una escalada dista de ser un delirio: todavía puede evitarse.

El cambio se combina con la ilegalidad como método.

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Jueces clandestinos o copistas: En poco más de dos semanas, Macri designó por decreto a dos jueces de la Corte e intervino sin derecho a la Afsca y la Aftic. En ese contexto, el ministro de Cultura Pablo Avelluto invitó a doce intelectuales-académicos a reunirse con el presidente en la Casa Rosada. El cónclave fue interesante y da para más. Por ahora, cumplamos con una regla metodológica siempre interesante en tales tenidas: pensar en los no invitados. No hubo ningún especialista en derecho, jurista o abogado. La omisión, quizás, es deliberada. Los nombramientos de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para colarse en la Corte fisuraron el arco de apoyos de Cambiemos. Muchos de sus aliados, devotos y militantes ligados al derecho se pronunciaron en contra. Mejor no prestarles la oreja presidencial.

Sería interesante conocer qué opina la dupla de pre-cortesanos Ro-Ro pero parece que pasaron a la clandestinidad. No hacen declaraciones a los medios, en esta etapa de diálogo y apertura.

La intervención a Afsca por decreto tampoco resiste un control de legalidad. El discurso del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad hizo honor a su mote de “milico”: habló de “rebelión”, “rebeldía” y “caos”. Y mandó a la Policía a patotear aun antes de publicarse el vulnerable decreto en el Boletín Oficial. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) es un casus belli para el Multimedios Clarín, Aguad le hace la venia.

La gestión de Martín Sabbatella y de la Afsca en general combina aciertos con errores e inconsecuencias. Para repasarlas se recomiendan dos notas de autores no kirchneristas y muy capacitados: el periodista Sebastián Lacunza y el especialista en comunicación Martín Becerra. Se publicaron en sus respectivos blogs, se recomiendan. Se titulan “Deseable, legal e improbable” y “Con V de Vendetta (Macri interviene Afsca y Aftic)”. La de Lacunza es anterior a la intervención, la de Becerra da cuenta de ella. Son trabajos minuciosos, inventarían virtudes de la norma con reseña de la actividad de la Afsca y fustigan muchas de sus políticas. Pero dejan en claro que la abolición de la LdSCA sería mucho peor que su aplicación imperfecta.

Becerra acierta con el título: la lógica de la vendetta domina la acción gubernamental. La vendetta es peor que la ley del Talión, añade este cronista. No es “apenas” ojo por ojo, la sanción es exponencialmente más cruel que el daño. A yerros o desmesuras verbales se responde con prepotencia y avasallamiento institucional.

Sabbatella judicializó la decisión: interpuso un recurso de amparo. El Gobierno pidió el desalojo de las oficinas de Afsca. Cero necesidad y urgencia: el organismo no es un hospital o un arsenal que no puede dejarse durante pocos días en manos de autoridades supuestamente irresponsables.

El juez Julián Ercolini reconoció que no es competente para analizar la cuestión de fondo, no explicó qué riesgo prevenía, no corrió traslado a Sabbatella. Tan incompetente cuan veloz, dictó un fallo vergonzoso, que, como el despliegue policial, sienta un precedente perverso. Dispuso el allanamiento y “en la eventualidad” (sic y a secas) el desalojo inmediato. El fallo no explicita cuál es “la eventualidad” que habilitaría el despliegue policial. Por ahí Su Señoría estaba muy apurado, por ahí redacta mal, por ahí no comprendió bien cuando le dictaban.

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El verano en ciernes: Caracterizar a un gobierno flamante es una tentación que puede llevar al derrape. Pintarlo en blanco o negro, un apresuramiento o un error.

El oficialismo va tendiendo lazos con gobernadores, legisladores sindicatos. La perspectiva de un fin de año sin incidentes lo dinamiza, como a cualquier otro. Funcionarios nacionales y provinciales articulan con organizaciones sociales de toda bandería. Se habilitan pagos a cooperativas pactados con el gobierno anterior.

Luchadores sociales estigmatizados por la derecha como Milagro Sala, Emilio Persico o Luis D`Elía han sido recibidos en despachos oficiales. Dirigentes macristas le transmiten una caracterización interna. “En el gobierno hay duros y blandos. Los duros por antonomasia son Prat-Gay y el jefe de Gabinete Marcos Peña.” El ala económica es un elenco uniforme, fundamentalista, confiado en su saber, acaso creído... se corroborará.

El jefe de Gabinete, por adscripción de rol, está “condenado” a justificar las acciones del Gobierno, día a día, de a una en fila, sin titubear.

Los “blandos” según el autorretrato son Triaca, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y el de Interior Rogelio Frigerio. Negocian, discurren, tiran líneas. El esposo de Stanley, Federico Salvai, es ministro de Gobierno de Buenos Aires, también conversa a diario con la oposición política y las organizaciones. Hay un puente familiar y político (Salvai-Stanley) entre las dos jurisdicciones.

La inflación notable de los primeros meses gravitará en el bolsillo de los argentinos de a pie. En el verano hay gastos especiales: las vacaciones, el comienzo de las clases. Se sentirá más la mengua del poder adquisitivo pero sería aventurado imaginar reacciones sociales. Los ciudadanos están baqueteados en eso de ver fluctuar su capacidad de compra, en una etapa de inflación alta. Se acomodarán, en general. Lo que sí desequilibraría sería la pérdida de trabajo que no se mide en porcentuales: es cruel, nítida.

El secretario general del Smata, Ricardo Pignanelli, declaró el domingo pasado a Página/12 que el objetivo a defender es “despidos cero”. Se irá midiendo con qué fervor y éxito lo hacen los gremialistas, en promedio muy achanchados en el confort paritario de los años kirchneristas.

La paritaria docente será un hit del verano. ¿Jurarán Rosatti y Rosenkrantz el primero de febrero o se expondrán, dignamente, al escrutinio del Senado? Este gobierno tiene reversa, describió-explicó Pignanelli. ¿La usará en estos meses ante reacciones, protestas, desbordes policiales?

El primero de marzo Macri leerá su discurso ante la Asamblea Legislativa. Diz que será largo, flamígero sobre la herencia recibida. El 24 de marzo, despuntando el otoño, se conmemorará otro aniversario del golpe militar. Son fechas de un calendario intenso. Tomarán forma las consecuencias iniciales del plan económico, que ya produjo una fenomenal redistribución de ingresos regresiva y accionó una inflación machaza.

El Gobierno maneja el sabó, ante una sociedad celosa de sus derechos y acostumbrada a la protesta. La historia continuará.

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