Ningún gobierno de la recuperación democrática creó tantos puestos de trabajo como el del presidente Néstor Kirchner. La primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner sostuvo la vara, sobrellevando la crisis mundial e interna de 2008 y 2009. Se trató de una política consciente, pro cíclica. poniendo al empleo como objetivo prioritario.

A partir de 2012 se frenó, en trazos gruesos, el crecimiento. La decisión, en tiempos de vacas enflaquecidas, fue consistente con la ideología oficialista de entonces. Defender los niveles de empleo, evitar la desocupación, hasta los despidos masivos. Una acción contra cíclica, desaconsejable para una mirada ortodoxa de la economía.

Los motivos para sostener los puestos de trabajo se explican en parte por una aritmética económica social: más trabajadores, más demanda interna, dinamización del mercado. También hay una perspectiva ideológica: si el nivel de desempleo es alto, bajan los salarios en general, se mitiga la combatividad de los trabajadores, se desequilibra la puja distributiva.

La decisión gubernamental y el activismo de los trabajadores urdieron una trama riquísima de re organización del sistema capitalista. Reformista desde ya, emparchada a menudo, al uso nostro pero con una direccionalidad nítida. Esa misión implica inversión social muy elevada. Las empresas recuperadas, “n” variantes de cooperativas de todo tamaño, estatales o privadas, ensamblados... numerosos etcéteras.

Cresta Roja es un ejemplo muy especial, atípico pero también un caso más en un repertorio extendido. Una empresa avícola, ramo de actividad bastante próspero en la etapa. Muchos trabajadores, más de tres mil en sus plantas principales. Fue exitosa durante años, un manejo desaprensivo, eventualmente criminal de la patronal Rasic SA la sumió en una crisis muy superior al promedio de la actividad.

La empresa se vacío, los empresarios se desentendieron. El estado nacional intervino activamente desde hace más de un año. Participaron el Ministerio de Trabajo y el de Industria, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración nacional de Seguridad Social (Anses). Se otorgaron subsidios, se concedieron exenciones o prórrogas impositivas, Trabajo cubrió salarios caídos de los trabajadores mediante el programa Repro, una herramienta concebida por el kirchnerismo.

La provincia de Buenos Aires también se comprometió, entre otros motivos porque una planta de Cresta Roja se afinca en el territorio de Alejandro Granados, quien hubiera sido ministro de Defensa si el ex gobernador Daniel Scioli hubiera ganado las elecciones. En ese peculiar aspecto, no hay nada que añorar. Volvamos al núcleo.

Se atendió a trompicones a la empresa y a la subsistencia de los laburantes. La envergadura de Cresta Roja encareció la labor. Se intentaron acuerdos de venta con una empresa brasileña y una nacional. No se plasmaron.

La situación fue empeorando, se abrió un proceso de quiebra ante un juzgado comercial. El trámite se enrevesó como suele suceder en ese fuero, genéticamente lento y pro patronal.

Las dificultades se acrecentaron y motivaron a los trabajadores a procurar visibilidad mediante acción directa, corte de rutas especialmente.

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En estas semanas acontecieron novedades. La jueza Valeria Pérez Casado decretó la quiebra, lo que motiva un cambio de pantalla y abre nuevas perspectivas de acción. Los trabajadores fueron reprimidos con saña: no se pensaba solo en ellos sino en otras protestas futuras, acaso previsibles.

El fallo de Pérez Casado instó al gobierno del presidente Mauricio Macri a urgir pagos comprometidos por el anterior, que se demoraban. E instó al síndico y a las autoridades a tratar de mantener abierta la empresa y buscar reactivarla.

En ese contexto, el ministro de Trabajo Jorge Triacca se reunió con los “compañeros” de Cresta Roja y prometió pagos del programa Repro. El ministerio de Desarrollo Social añadió canastas navideñas para los laburantes y sus familias. Leído sin entrar en detalles, un accionar semejante al del kirchnerismo aunque Triacca omitió mencionar que lo que hacía era continuidad de instrumentos y criterios construidos durante el ministerio de Carlos Tomada.

Se exploran varias alternativas: un adquirente privado o una administración tripartita entre ese emprendedor, los trabajadores organizados y el Estado. Ayer mismo se prometió la reapertura de una de las plantas, la de Ezeiza.

Ninguna salida es simple en una empresa de ese rango, desmantelada por manejos perversos. El futuro es abierto y no hay garantizado un de- senlace virtuoso, aunque la quiebra sancionada y el rumbo que impuso la jueza ayudan.

Vale la pena mencionar que un fallo pro operario e incitador a conservar la fuente de trabajo era impensable a principios de siglo. La resolución de Pérez Casado, amén de expresar a una minoría dentro del Poder Judicial, se explica en la nueva cultura laboral-social acuñada desde 2003.

El macrismo, se dijo en esta nota y en la principal, mostró dos facetas frente al conflicto. Se verá si tensionan o si conviven en los años por venir.

En cualquier caso, la continuidad se desenvuelve en el marco creado por las administraciones kirchneristas. Se cavila, analiza o augura qué pasara con las instituciones, las conquistas, las leyes progresivas del kirchnerismo. Cresta Roja es no más ni menos que un ejemplo particular. Con una perspectiva más general puede decirse que la supervivencia de muchos avances será una prueba del enraizamiento de los avances conseguidos. Y que el sostenimiento o el arrasamiento dependerán del gobierno, desde ya, pero también de la aptitud, combatividad y consecuencia de los trabajadores y del principal partido de la oposición.