El día después que el Gobierno anunció el nombramiento de dos jueces en comisión para cubrir las vacantes en la Corte, los tres supremos sobrevivientes dedicaron un acuerdo entero a discutir el tema. “Ni siquiera Cristina hizo algo semejante”, estalló Ricardo Lorenzetti no bien entró a la sala. “Es un ataque a la institucionalidad”, se sumó Juan Carlos Maqueda, según pudo reconstruir Página/12. Elena Highton de Nolasco, más serena, les dijo que ella no estaba de acuerdo con tanto enojo. Que le parecía que era un mecanismo previsto en la Constitución, como decía el decreto, en el inciso 19 del artículo 99.

Lorenzetti y Maqueda entrevieron en la decisión de Mauricio Macri una iniciativa contra el tribunal, y una demostración de fuerza, además de problemas de interpretación jurídica. Ellos, como advirtieron públicamente juristas y organizaciones del derecho, sostienen que no se puede eludir el mecanismo de designación habitual y que además es contradictorio con la doctrina de la propia Corte, que hasta para la designación de conjueces sostuvo a comienzos de este año que tenían que pasar por el Senado y conseguir dos tercios.

La Corte pactó decir públicamente que les tomaría juramento a los elegidos, Carlos Rosencrantz y Horacio Rosatti, sin precisar cuándo. “Son bienvenidos”, dijo Lorenzetti en el brindis de fin de año, lo cual en parte era cierto porque él había dado su aprobación a esos nombres. Pero cuando fue a ver a Macri a la Casa Rosada, le advirtió, con enojo, que no aceptarían saltear al Senado. Después de esa reunión llegó el anuncio de que la asunción quedaba diferida. En el Gobierno dijeron que será en febrero. La Corte no precisó nada: hacerlo ese mes sería antes de las sesiones ordinarias, y ese es el meollo de la cuestión.