La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se pronunciaron advirtiendo sobre el camino que está tomando la gobernación bonaerense para resolver los problemas del Servicio Penitenciario provincial, tras el escándalo por la fuga de Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci del penal de máxima seguridad de Coronel Alvear. “El sistema penitenciario provincial debe ser reformado de manera estructural y no sólo con la justificación de la seguridad sino, sobre todo, para proteger los derechos de las personas privadas de su libertad”, advirtió el CELS. Declarar la emergencia en materia de seguridad y penitenciaria, como pretende la gobernadora María Eugenia Vidal, “no es una solución estructural a los graves problemas que dicen querer resolver, sino más de lo mismo”, se sumó la Comisión Provincial por la Memoria en un documento difundido ayer.

El CELS consideró que “las declaraciones de emergencia no han resuelto por sí mismas” los graves problemas del sistema penitenciario, sino que por el contrario “muchas de las facultades que componen” la declaración “pueden profundizarlos u orientar la política en un sentido contrario a la protección de derechos”. Entre los puntos que criticó está “la posibilidad de realizar compras y contrataciones sin los controles adecuados” y los “posibles convenios con privados para la gestión de las cárceles”.

Por su parte, la CPM solicitó “a la gobernadora María Eugenia Vidal y a los legisladores de todas las fuerzas políticas que no se sigan aprobando pedidos de emergencia”, sino que “se diseñen políticas serias y adecuadas que trabajen para terminar con las graves violaciones a los derechos”.

Además, se remitió una nota a las autoridades expresando “preocupación” por la designación de Fernando Díaz al frente del Servicio Penitenciario (SPB), por considerar que el nuevo titular de esa fuerza expresa “una señal más de la continuidad en la política penitenciaria que está emprendiendo la nueva gestión”.

Mientras tanto, la gobernadora María Eugenia Vidal encabezó ayer su tercera reunión de gabinete desde que asumió el cargo, en la que el tema central fue la fuga de los Lanatta y Schillaci. Allí, Vidal confirmó las medidas que había anunciado un día antes y que incluyen la declaración de emergencia en el SPB, que se aprobaría en la legislatura provincial con apoyo del massismo; la intervención de la Unidad 30, donde sucedió el atípico escape; y el rol que tendrá Díaz al frente del Servicio Penitenciario Bonaerense para iniciar una reforma ambiciosa.

Dos horas duró la reunión de Vidal con todo su gabinete y el vicegobernador, el radical Daniel Salvador. Además del asunto de la fuga, que fue central en el temario del encuentro, la gobernadora anunció que descontará el día a los trabajadores estatales de la provincia que hayan adherido a la jornada de protesta convocada ayer por la CTA; volvió a pedirles a sus ministros que reduzcan en un 30 por ciento la plantilla de cargos políticos en todas las dependencias y anunció para hoy el lanzamiento del Operativo Sol.

Respecto del escape de los Lanatta y Schillaci, la gobernadora explicó su plan para intervenir el SPB a partir de la sanción de una ley de emergencia en la materia y contó que ordenó al nuevo titular del SPB recorrer las unidades penales para comprobar personalmente las condiciones. También habló de la construcción de nuevos centros de detención, aunque no dio detalles al respecto. Sí habló de compras para reequipar los penales existentes con cercos perimetrales electrónicos y más cámaras de seguridad.

El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, aseguró que está trabajando “día y noche” para encontrar a los tres prófugos, que se realizan cruces de llamadas para intentar dar con su paradero y confirmó que uno de los guardias que estaban en el penal durante la fuga no portaba armas “por su religión”. El funcionario dijo que “hay varias hipótesis pero es difícil hablar porque muchas veces son alertas que pueden ayudar a los presos que escaparon a evadir a las autoridades”.