El diputado macrista Pablo Tonelli tendrá que esperar para ver si su tarea como legislador se repartirá con la de consejero de la Magistratura. La Corte Suprema de Justicia suspendió ayer el juramento de Tonelli, que esperaba ser ungido como integrante del Consejo de la Magistratura con el respaldo de un “acuerdo parlamentario” que selló Cambiemos con el FAP, el PJ disidente y los ahora aliados massistas del MPN. El presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, presentó esa alianza ante la Corte como una “nueva” primera minoría en ese cuerpo legislativo. Desde el Frente para la Victoria (FpV) –que reclama como propio ese asiento en el Consejo– le adjudicaron la postergación a la decisión de jueza federal de Santa Rosa, Iara Silvestre, que hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la ex diputada kirchnerista María Luz Alonso y le comunicó al máximo tribunal que “se abstenga de recibirle juramento” al diputado PRO. La acordada de la Corte no hace mención a la medida cautelar, fundamenta la postergación en los reclamos presentados por el jefe de la bancada del FpV, Héctor Recalde, y traslada la resolución del conflicto al propio Consejo, donde el oficialismo tiene mayoría. Para el FpV, la acordada de la Corte es un “acto administrativo” y el Consejo –que se reuniría hoy– deberá acatar la medida cautelar. Otro juez cordobés también dictó una medida en el mismo sentido.

“Habrá que esperar que se destrabe judicialmente”, dijo Tonelli a los periodistas al salir del Palacio de Tribunales, a donde acudió para prestar su frustrado juramento como consejero. La decisión de suspender la jura la tomaron los tres únicos miembros de la Corte (que tiene aún dos asientos vacantes): Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. En la acordada publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), los supremos afirman que “tomaron conocimiento” de los reclamos efectuados por el presidente del bloque del FpV y “remitirlos al Consejo de la Magistratura”; además de “diferir el juramento” de Tonelli para que el Consejo “lleve a cabo el juicio por la impugnación” del legislador.

La acordada de la Corte no hace mención alguna a la medida cautelar dictada por la jueza federal pampeana y deja la resolución en manos del Consejo, donde el oficialismo macrista y sus aliados tienen mayoría, con siete de los trece miembros del cuerpo.

Luego de analizar la medida, en el bloque de diputados del FpV afirmaron que la acordada de los supremos “es en términos administrativos” y que el Consejo de la Magistratura deberán acatar el “hecho jurídico que está firme que es la medida cautelar vigente y concreta”.

Antes, habían difundido los términos de la cautelar dictada por la jueza Iara Silvestre. En su fallo, la jueza federal de Santa Rosa, hizo lugar a la medida cautelar interina impulsada desde el bloque del FpV-PJ y dispuso “suspender los efectos de la RP 1255/15 (resolución interna de la Cámara de Diputados) firmada por su presidente Monzó y que “designó a Tonelli como integrante del Consejo de la Magistratura en reemplazo de la actual senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (FpV-PJ)”; y comunicó al titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, que ese cuerpo “se abstenga de recibirle juramento” al legislador del PRO.

Silvestre también dispuso que la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación “en el plazo de cinco días hábiles produzca el informe previsto en el art. 4 inc. 1 de la ley 26.854 que dé cuenta del posible interés público comprometido”, y que en el plazo de 15 días hábiles “produzca el informe circunstanciado en los términos del artículo 8 de la ley 16.986”, acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada. Entre ellas, las 110 ó 112 firmas que avalarían la postulación de Tonelli y que no figuran en la resolución interna remitida a la Corte y el Poder Ejecutivo, donde solo constan los nombres de los presidentes de cada bloque que respaldaron la postura macrista para despojar al FpV de la primera minoría parlamentaria en la Cámara baja.

“El mandato de los consejeros es de cuatro años por lo cual, faltando más de la mitad para su cumplimiento, le corresponde el reemplazo al FpV-PJ”, dijo Recalde en referencia al mandato que hasta 2018 tenía el diputado Eduardo “Wado” De Pedro y que continuó Anabel Fernández Sagasti hasta el término de su mandato como diputada el 10 de diciembre y que ahora ocupa una banca en el Senado. Por eso –insistió Recalde– su bloque “propuso al diputado Marcos Cleri para que se desempeñe hasta la finalización del mandato, tal como lo establece la ley 24.937”.

Monzó, en tanto, decidió salirle al cruce de las acusaciones del FpV a través de un comunicado en el que las calificó de “improcedentes, extemporáneas y absolutamente inválidas”. El presidente de la Cámara baja también defendió que “la validez del acuerdo parlamentario formulado por los bloques e interbloques que conforman en conjunto la primera minoría de esta cámara se encuentran debidamente avalada por los antecedentes contenidos en la versión taquigráfica de la sesión preparatoria del 3 de diciembre del 2009”.

Más tarde y en medio de la disputa, un juez cordobés también sumó su decisión de dictar otra medida cautelar. El magistrado del Juzgado Federal 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, recibió un pedido de la diputada nacional del FpV, Gabriela Estévez, para que se proclame “inválida” la designación de Tonelli y solicitó una medida cautelar hasta que se resuelva la cuestión de fondo. El juez reconoció que “prima facie resulta incompetente por cuestión de territorio”, remitió en forma urgente sus actuaciones a la Cámara en lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se pronuncie sobre la competencia del tribunal al que le corresponde las actuaciones, en virtud del fallo que en el mismo sentido se pronunció su colega pampeana.