La medida anunciada ayer por el gobierno del PRO –parcialmente bloqueada por una acción judicial– respecto de Afsca y Aftic no hace sino confirmar la decisión de las nuevas autoridades en el sentido de no reparar en las formas, tampoco en la institucionalidad, con tal de avanzar en los objetivos que se proponen. Un análisis más pormenorizado de todas las consecuencias habrá que hacerlo una vez que se conozcan en detalle las normas y haya tiempo suficiente para una mirada en profundidad. Sin embargo, desde ya caben algunas consideraciones.

- Legalidad: tal como lo advirtieron reconocidos constitucionalistas y abogados expertos en derecho a la comunicación, lo que se está pretendiendo hacer con las dos leyes en cuestión es ilegal en términos formales pero, sobre todo, es ilegítimo porque –más allá de los argumentos que se aducen– lo que se está avasallando son los mecanismos de la democracia en favor de intereses privados de grandes grupos económicos.

- Atropello a la democracia: aunque el discurso oficial diga lo contrario, la LSCA ha sido una de las normas más discutidas y consensuadas en la historia argentina. De sus debates, también de su aprobación legislativa, participaron hasta muchos de los que hoy militan en las filas de Cambiemos, varios de los mismos que ahora arremeten contra lo que en su momento apoyaron, o por lo menos guardan silencio cómplice. Anular por decreto leyes a las que se arribó mediante consenso y movilización social es, cuando menos, una burla a la democracia.

- Cinismo: se miente sistemáticamente cuando se usa como argumento que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no se ha puesto en práctica y que por dicho motivo el Gobierno intenta ahora dar pasos para mejorar el servicio. El planteo, además de mentiroso, es decididamente cínico porque lo que ahora se pretende es favorecer a quienes desde el momento en que la LSCA fue sancionada –y aun antes– hicieron todo para trabar su puesta en marcha mediante chicanas judiciales. Resulta por lo menos ridículo que quienes fueron causantes y cómplices de la no aplicación ahora usen esto como argumento par voltearla.

- La competencia: con el mismo cinismo se niega lo evidente, la concentración monopólica de medios. Se dice que el derecho a la comunicación de los argentinos tiene que quedar sometido a las leyes del mercado y de la competencia. Es un argumento insostenible desde cualquier punto de vista. El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental, que tiene que estar garantizado por el Estado en el marco de una política pública en la materia. Esto es así no en la Argentina por el capricho de alguien, sino que se trata de un principio ampliamente aceptado en todo el mundo y por la comunidad internacional.

- Complicidades y favores: nadie debería perder de vista que con estas medidas el macrismo está pagando la cuenta de los favores que las corporaciones mediáticas le hicieron para alcanzar el poder. Y que nada de esto se podría hacer sin la connivencia o el silencio cómplice de parte de la Justicia.

La suma de lo expuesto, a lo que deben agregarse otros argumentos no menos relevantes pero no incluidos en estas pocas líneas, constituye por sí mismo una burla a la inteligencia ciudadana y un nuevo atropello a la democracia. Una realidad a la que en pocos días de gobierno el macrismo quiere acostumbrarnos y para la que habrá que encontrar la manera de ponerle coto dentro del marco de la institucionalidad. Ello en salvaguarda de la democracia que tanto nos costó construir.