El Frente para la Victoria se prepara para asumir el rol opositor en el Congreso y resistir el “embate” del presidente Mauricio Macri, que por ahora ignora al Parlamento y gobierna por Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque tendrá estrategias diferenciadas en ambas Cámaras. En el Senado, el jefe del bloque del FpV, Miguel Angel Pichetto, rechazó la posibilidad de ejercer una “oposición salvaje” ni de “judicializar la decisiones políticas” al tiempo que reclama al Gobierno “recuperar la sensatez” y advierte sobre los límites que ha fijado su bancada al uso indiscriminado de DNU: “No vamos a respaldar los pliegos de los jueces de la Corte Suprema si éstos deciden asumir en comisión”, como propone el Ejecutivo, y rechazará los DNU que “supriman o violen leyes” sancionadas por el Congreso. Con menos poder de fuego pero como primera minoría parlamentaria, los diputados del FpV se muestran más belicosos a la hora de pararse frente a “la avanzada desmesurada” del Gobierno, no dudan en recurrir a la Justicia para ponerle freno y analizan “seriamente” en autoconvocar al Congreso si Macri no llama a sesiones extraordinarias e insiste en gobernar por decreto, en lo que el jefe de bloque, Héctor Recalde, calificó como un “desborde autoritario”.

Dentro del Palacio Legislativo, en el FpV reconocen que los “sorprendió” la política de shock con que el gobierno de Macri “avanzó” con decretos sobre leyes dictadas por el Congreso. “En temas económicos sabíamos lo que Macri iba a hacer, porque lo expusieron en la campaña y nosotros advertimos sobre las consecuencias de su política de gran transferencia de ingresos a los sectores más poderosos de la Argentina en perjuicio de los sectores populares. Pero el atropello a las leyes va en contra de todo lo que predicó en la campaña. La verdad es que nos sorprendió”, reconoció el senador kirchnerista Juan Manuel Abal Medina ante Página/12.

Con 40 senadores, la bancada del FpV es mayoría y tiene quórum propio en la Cámara alta aunque su capacidad para “poner límites” a los “atropellos” institucionales del gobierno de Cambiemos dependerá de un delicado equilibrio interno. Los legisladores alineados con los gobernadores peronistas buscarán que sus provincias no resulten perjudicadas por las decisiones del gobierno central. Un tema donde el macrismo busca meter una cuña para fisurar el frente opositor del peronismo y a cuya tarea destinó al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, que conoce las problemáticas provinciales y tiene vínculos propios con muchos gobernadores del PJ.

El jefe del bloque, Miguel Angel Pichetto, se encargó de ratificar los acuerdos internos que diseñaron la estrategia del bloque. “El Gobierno tiene derecho a instalar su agenda y gobernar. Tenemos que construir una oposición democrática, le tenemos que habilitar herramientas para que puedan avanzar. Tampoco creo en una oposición salvaje a 20 días de haber asumido. Es una estupidez”, sostuvo el rionegrino en una entrevista radial cuando se terminaba el año y emprendía un descanso que imaginaba breve.

“Para esta etapa que use los DNU. La Justicia y el Congreso después revisarán. Pero a partir de marzo hay que entrar en un camino institucional, hay que recuperar la sensatez”, agregó Pichetto y pidió retomar “la política y el diálogo” y no “gobernar por vía de excepción permanente”.

“Vamos a tener una actitud institucional firme pero no radicalizarnos”, insistió otro integrante del bloque ante Página/12. La decisión de los senadores del FpV en sostener su postura de “no judicializar la decisiones políticas”. No lo harán ellos pero no se opondrán a que lo realicen los “damnificados directos” de las decisiones de Macri. En el Congreso, harán su papel. “No vamos a avalar los DNU que modifiquen leyes sancionadas por el Parlamento”, sostuvo otro de los senadores consultados por este diario y puso ejemplos: “Las disoluciones de organismos autárquicos como Afsca y Aftic y el traspaso de las escuchas judiciales a la Corte”.

La postura más firme la expresaron ante la intención presidencial de ocupar las dos vacantes de la Corte Suprema con jueces en comisión sin el aval del Senado: “Si juran en comisión vamos a rechazar sus pliegos de candidatos” a la Corte, sentenciaron sobre las postulaciones de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti que hizo Macri.

Para varios senadores del FpV, la decisión de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados –Gabriela Michetti y Emilio Monzó– de postergar “con una serie de requerimientos burocráticos” (como que el PJ notifique su personería electoral o la cantidad de legisladores propios) el nombramiento del ex director de la AFIP, Ricardo Echegaray, al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN), tiene otras motivaciones. Sostienen que no hay dudas que la dirección del organismo le “corresponde a la oposición” y que “la dilación se cae por su propio peso”, pero que la misma apunta al propio frente interno del FpV, donde había opiniones divididas sobre los candidatos para ocupar ese lugar.

“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, dijo Héctor Recalde a Página/12. El jefe de la bancada de diputados del FpV recurrió a la frase de Juan Perón para fijar postura frente a lo que consideró como una “avanzada desmesurada y de carácter autoritario del Gobierno”.

A diferencia de los senadores, los diputados del bloque no dudaron en recurrir a la Justicia para disputar algunas decisiones del macrismo, como sucedió con las medidas cautelares que solicitaron sus integrantes y que lograron frenar la jura del diputado macrista Pablo Tonelli como consejero de la magistratura en nombre de una “nueva primera minoría” en la que el PRO arrastró al interbloque del FAP y el PJ disidente, entre otros, para desplazar al FpV de ese asiento en el Consejo de la Magistratura. Un lugar que se terminará por dirimir en la Justicia.

“Nosotros vamos a ayudar a la gobernabilidad. Pero los que afectan la gobernabilidad son quienes toman medidas de facto”, sumó Recalde para referirse a postura del bloque a la decisiones del Presidente que “violan la Constitución”. El abogado laboralista citó el inciso 3 de artículo 99, donde se especifica que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo”, y solo lo habilita “en circunstancias excepcionales” la utilización de DNU –luego respaldados por la comisión bicameral del Congreso– siempre que “no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos”.

Recalde luego ubicó a los DNU más polémicos de Macri dentro de estas restricciones: “El traslado a la Corte de las escuchas telefónicas judiciales, cuyo 99,9 por ciento se determinan para causas de delitos penales”; “la decisión de nombrar jueces de la Corte en comisión sin acuerdo del Senado” y el DNU que modifica el organigrama ministerial donde “suprime organismos autárquicos como la Afsca y la Aftic” y “anula la ley de medios”, entre otros. “Entendemos que el Gobierno puede modificar su esquema de ministerios pero no podemos aceptar estas situaciones. Lo vamos a rechazar en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (que analiza los DNU) porque no se puede aceptar ni rechazr parcialmente un DNU”, especificó Recalde.

“La anulación de la ley de medios no sólo le devuelve la impunidad que el Grupo Clarín gozó casi siempre sino que afecta el derecho humano y la libertad ciudadana a la información. Muchas de estas cuestiones parecen ajenas a los ciudadanos pero afectan derechos, que muchos empezarán a sentir cuando las medidas económicas del Gobierno impacten sobre los sectores más vulnerables de la sociedad”, insistió Recalde para justificar la postura de su bloque respaldada por un consejo federal integrado por diputados de distintas regiones del país: “Estamos estudiando seriamente, no como una declamación, la posibilidad de autoconvocar al Congreso si Macri no convoca a sesiones extraordinarias y sigue gobernando de facto”, concluyó.