Durante sus primeros 27 días como presidente, Mauricio Macri gobernó sin auditor general. Recién ayer, la vicepresidenta Gabriela Michetti y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, permitieron que Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, asumiera como presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN). Echegaray había sido postulado por el FpV, dado que la Constitución reserva a la primera fuerza opositora en el Congreso la facultad de nombrar al funcionario encargado de controlar al sector público. Varios funcionarios y aliados del nuevo Gobierno, sin embargo, intentaron impugnar su designación, lo que generó otro polo de conflicto en medio de los decretos de necesidad y urgencia con los que el Presidente evadió funciones y atribuciones del Congreso. Desde el entorno de Echegaray aseguraron que la dilación resultó “contradictoria con el discurso del Presidente el día de la jura, cuando dijo que iba a investigar a sus funcionarios” y que las maniobras dilatorias responden “al miedo que tienen de que un profesional los audite e investigue”.

La primera en objetar públicamente a Echegaray fue la diputada Elisa Carrió, quien presentó una impugnación por “falta de idoneidad moral” del funcionario. Con ese argumento, Michetti y Monzó hicieron correr ayer la versión de que habían puesto como “condición” para la designación de Echegaray una cláusula en la que el funcionario dejaba constancia, bajo declaración jurada, de no tener ninguna causa penal ni procesamiento firme. Eso fue desmentido desde el entorno del nuevo presidente de la AGN. Página/12 tuvo acceso a una copia de la resolución firmada por Michetti y Monzó y del acta de traspaso de autoridades del organismo que confirman la versión de Echegaray.

Los rumores que circularon tras el nombramiento daban cuenta de que en la resolución figuraba que se revocará la designación de Echegaray en caso de que la Justicia determine su procesamiento en alguna causa abierta contra él, aunque en ningún caso se citó textualmente el artículo o cláusula. En las copias de la resolución y el acta de asunción a las que accedió este diario sólo pueden leerse tres artículos: uno referido directamente al nombramiento de Echegaray y otros dos que envían órdenes burocráticas de registro, comunicación y archivo.

La postulación de Echegaray había sido resuelta de común acuerdo entre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los diputados y senadores del FpV y los gobernadores del PJ una semana antes del traspaso del Ejecutivo, y fue elevada formalmente el 10 de diciembre. A causa de las trabas en la designación, el bloque de senadores del FpV-PJ, encabezado por Miguel Pichetto, presionó públicamente para agilizar el trámite y argumentó que el titular saliente, el radical Leandro Despouy, pudo asumir en su momento sin mayores objeciones. Desde el entorno de Echegaray aseguraron que el funcionario y Macri tuvieron varias reuniones durante la transición, en las cuales el Presidente le ofreció seguir en la AFIP, por lo que adjudicaron las maniobras dilatorias a la intención de generar internas en el peronismo. “Tantos días sin auditor es inconstitucional. Tampoco les importó mucho”, señalaron.