La embestida del gobierno de Mauricio Macri contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) consagra su destino de judicialización. A un día de su oficialización, el Presidente y el resto de los funcionarios públicos que firmaron el decreto de necesidad y urgencia que disuelve la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y su par de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic), así como modifica la regulación de medios audiovisuales, fueron denunciados ante la Justicia por el diputado provincial kirchnerista Adrián Grana. “Macri gobierna al margen de la ley y desobedeciendo a los jueces”, consideró en relación a la precautelar que, con el objetivo de que no se afecte el entorno del organismo dirigido hasta el 24 de diciembre por Martín Sabbatella, el juez de La Plata Luis Arias impuso la semana pasada. Ayer también, el delegado platense de la Afsca, Guillermo Guerin, amplió la denuncia que había originado la reacción de Arias y la extendió hasta Macri por falsificación de documento público y “quebrantamiento de una inhabilitación judicial”.

“Hay una medida cautelar que impide al Presidente y cualquiera de sus funcionarios avanzar sobre la regulación de los medios audiovisuales”, advirtió Grana a través de un comunicado en el que explicó la demanda que presentó ante el juez federal en lo penal número 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, en contra de Macri, del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y los demás ministros firmantes del DNU 267/2015, mediante el cual se dispuso la disolución de la Afsca y Aftic, la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) y la modificación de las leyes 26.522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) y 27.078 (Argentina Digital). “A Macri no le importó y dictó un decreto que elimina a Afsca y Aftic, crea un nuevo ente con hegemonía absoluta del macrismo y elimina todos los límites que la ley le pone a los grandes medios. Es una clara desobediencia a una orden judicial”, detalló. Los acusa de “desobediencia a una orden judicial, falsificación de instrumento público y posible comisión del delito de quebrantamiento de una inhabilitación judicial”.

La demanda de Grana descansa en la medida precautelar que el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias había dictado el 30 de diciembre que determinaba “la prohibición de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante todo acto o reglamento que implique una modificación a cualquiera de las previsiones contenidas en la Ley 26.522” desde el 29 de diciembre en adelante.

Arias actuó en base a una demanda presentada por el delegado de la Afsca platense, Guillermo Guerin, en torno de la intervención del organismo de control diluido por el DNU 267/2015. Ayer mismo, Guerin amplió esa denuncia en base a los nuevos hechos: la oficialización mediante el decreto 7/2016 del Enacom y la designación de los cuatro miembros que lo integrarán en representación del Ejecutivo.