En los últimos días, más de 10 mil trabajadores fueron despedidos de organismos públicos nacionales y de distintos municipios. “El Estado no es una bolsa de trabajo, no tiene que pagarle a una cantidad enorme de militantes de algún partido político”, sostuvo la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien dio de baja 2035 designaciones en el Senado. “Lo que uno puede intuir es que la gran mayoría no son personas que tengan una función asignada”, aseguró cuando le preguntaron a qué se dedicaban, dejando en claro que los echó basada en una intuición. Algo similar ocurrió en el Centro Cultural Néstor Kirchner. El titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, tomó la inédita decisión de no renovarles el contrato a 600 de sus 710 empleados, el 85 por ciento del personal, y luego dijo que les pidió a los gremios que le acerquen planillas con los datos de los ex empleados “para hacerles entrevistas, conocer cuáles eran sus funciones y analizar quiénes tendrán continuidad”. Ni siquiera están al tanto de qué tareas cumplían, pero sospechan que son kirchneristas y los dejan sin trabajo por eso.

Algo similar ocurrió el martes en la disuelta Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Luego de varios días de “asueto”, sus trabajadores fueron convocados al edificio donde funcionaba el organismo y se los hizo hacer fila en la vereda, rodeados por un cordón policial, hasta saber si mantenían su puesto o eran despedidos. Dentro del personal no jerárquico, la mayoría de los que perdieron su empleo son aquellos que habían aceptado que se les descontara de su recibo de sueldo un aporte para el partido Nuevo Encuentro. El gobierno de Mauricio Macri evidentemente no les dio crédito a las denuncias que se hicieron en los últimos años diciendo que el ex titular de la Afsca, Martín Sabbatella, “obligaba” a los trabajadores del organismo a donar parte de su sueldo para financiar su estructura partidaria. Todo indica que creyeron en la palabra de Sabbatella respecto de que era una donación voluntaria y por eso echaron a los que donaban ese dinero sin que mediara ningún tipo de entrevista. Sólo por militar en un partido aliado del kirchnerismo.

El gobierno de Macri podría haberse tomado la tarea de renovar los contratos en los distintos organismos al menos por tres meses y durante ese período entrevistar a los trabajadores para ver qué tareas realizaba cada uno y cuál era su desempeño. De ese modo, tal vez podrían haber justificado la decisión de reducir personal con algún argumento vinculado con la eficiencia en la gestión pública, sobre la que tanto pontifican. Sin embargo, lo hecho en varias dependencias fue sólo persecución ideológica. La decisión de salir a identificar kirchneristas por los pasillos de ministerios y secretarías fue celebrada en las redes sociales por simpatizantes del macrismo que incluso desearían la publicación de algún decreto que prohibiera mencionar las palabras “kirchnerismo” y “kirchnerista”, como hizo la autodenominada Revolución Libertadora cuando buscó desperonizar a la sociedad en 1956. Lo que muchos no terminan de comprender es que ese tipo de persecuciones provoca el efecto contrario al que se busca. Además, el despido masivo de trabajadores en la administración pública por lo general suele ser interpretado por el sector privado como una luz verde para avanzar en la misma dirección. En ese caso, ya no sólo los kirchneristas deberían tener miedo de perder su trabajo.

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