El lunes, al defender los despidos en el Senado, la vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró que había tomado “una resolución con criterio lógico”. Sin embargo, pronto se supo que entre las 2035 personas que dejó sin trabajo por decreto hay más de cincuenta discapacitados, que entraron a trabajar como parte del Programa de Formación e Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. Son discapacitados motrices, jóvenes con síndrome de Down o con sordera que –como han documentado numerosas notas periodísticas– han demostrado altísimos niveles de responsabilidad y competencia en sus funciones. Fueron empleados, además, porque la legislación argentina establece que el Estado debe tener un cupo de por lo menos el 4 por ciento de su personal con discapacidad, como una forma de promover la integración.

Ayer Michetti debió rever esos despidos. Alertada de su torpeza, la titular del Senado firmó un decreto complementario para dar marcha atrás con ese grupo de cesantías, así como con las de los padres con hijos discapacitados. El documento fue firmado por la vicepresidenta y Helio Rebot, el responsable administrativo del Senado. También resolvió rever los despidos de mujeres embarazadas.

Cambiemos abrió, por otra parte, un espacio de negociación con los gremios APL, ATE y UPCN. En este frente, el diálogo fue abierto porque lo que más preocupa al macrismo es la amenaza de los sindicatos de ir a la Justicia con un pedido de cautelar que retrotraiga todo el conflicto al punto anterior a los despidos.

El titular de APL, Norberto Di Próspero, dijo a Página/12 que en la negociación plantearon básicamente “que se respete a la persona que viene a trabajar todos los días”. “Si hay alguna que no trabaja, que lo comprueben y la despidan, pero no pueden dejar sin trabajo a la gente sin fundamento, o por las dudas de que sea ñoqui.”

Di Próspero contó, por ejemplo, que los discapacitados son por ejemplo ordenanzas o estafetas (los que llevan y traen documentos entre los despachos), es decir que se presentan a trabajar todos los días. Y agregó que en la volteada, Michetti echó incluso a uno de empleados con síndrome de Down que se desempeña en la seguridad de la titular del Senado. “Esto demuestra que los despidos no sólo fueron arbitrarios, sino que no fueron estudiados”, remarcó.

Más allá de su obligada marcha atrás, la vicepresidenta mantuvo un discurso público sin fisuras en la línea de que los echados están bien despedidos por ser ñoquis. “El Estado no es una bolsa de trabajo. No tiene que pagarles a una cantidad enorme de militantes de algún partido político”, insistió ayer. En ese sentido, agregó que en la Cámara alta encontró “un despilfarro y un desmadre administrativo” y que erradicará del Estado “estructuras kirchneristas, en particular de La Cámpora”.