El presidente Eduardo Duhalde dio vía libre para que ex agentes y agentes de la SIDE hablen en el juicio oral por el caso AMIA. El primero que seguramente será llamado a declarar es el ex titular de la central de espías, Hugo Anzorreguy. El relevamiento del secreto es de máxima importancia porque apunta a esclarecer cómo se hizo la investigación, si le pagaron o no al principal imputado en la causa, Carlos Telleldín; las cosas que sabía la SIDE antes del atentado y las maniobras que se hicieron con otras pistas que fueron surgiendo en la pesquisa. Hay una limitación de importancia: el decreto firmado por Duhalde dice que los agentes de la SIDE pueden hablar, pero siempre que no revelen información “sobre hechos que afecten a terceros Estados o a servicios de inteligencia extranjeros”. Es una traba importante, pero habrá que ver cómo la interpretan los jueces del Tribunal Oral.
La iniciativa y el reclamo de que declaren los jefes y agentes de la SIDE provino inicialmente de José Manuel Ubeira, el abogado del otrora poderoso ex comisario Juan José Ribelli. El insistió ante el Tribunal y los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo aceptaron el pedido y se lo trasladaron al Gobierno. Tras una serie de polémicas, finalmente Duhalde firmó el decreto.
Los objetivos de Ubeira son varios:
- Demostrar que a Telleldín le pagaron para incriminar a Ribelli.
- Determinar si toda la investigación fue un armado falso de la SIDE que, según el cree, se hizo para incriminar a un chivo expiatorio, o sea al ex comisario. Los fiscales, la DAIA y la AMIA sostienen en cambio que hay evidencias de que Ribelli se quedó con la camioneta siete días antes del atentado y se la entregó a los terroristas.
- Ubeira también cree que en verdad la SIDE tenía localizados a los terroristas antes del atentado, pero se le fueron de las manos, los perdieron de vista y provocaron la masacre. Para tapar esa gravísima ineficacia, habrían dibujado las pruebas contra Telleldín y después los policías. En esta línea de pensamiento también se inscribe un ex secretario del juez Juan José Galeano, Claudio Lifchitz. Los fiscales, la DAIA y la AMIA por supuesto rechazan esa hipótesis.
“Se ha dado un paso importante hacia adelante con el hecho de que tengan que declarar los hombres de la SIDE –le dijo a Página/12 el abogado de Memoria Activa, Pablo Jacoby–. De todas maneras es un decreto esquizofrénico: en los considerandos dice que los agentes tienen que contar la verdad y después en la resolución sostiene que no pueden hablar de terceros Estados o servicios extranjeros. Por ejemplo, si le preguntamos por el testigo-clave brasileño, Wilson Dos Santos, por ahí dicen que no pueden contestar. Si preguntamos por los iraníes Khalil Gatea o Moshen Rabbani, dirán que se trata de extranjeros y que no está relevado el secreto. La clave es qué van a decir en ese momento los jueces”.
La Unidad Especial de Investigación de la causa AMIA del Ministerio de Justicia, que está a cargo de Alejandro Rúa, ya había elaborado un dictamen en contra de la limitación que figura en el decreto. Sin embargo, se dice que el Gobierno no quiere nuevos problemas con Irán, uno de los principales compradores de la Argentina en este momento, ni con Brasil, de donde posiblemente vinieron los terroristas.