La Legislatura bonaerense no trató el indulto para Emilio Alí. Ante la oposición del grueso del peronismo, que argumentó estar obedeciendo un pedido del gobernador Felipe Solá, y el abierto rechazo del radicalismo, que calificó de “peligroso” liberar al piquetero preso por pedir comida, los diputados del PJ y la UCR resolvieron no bajar al recinto para no tratar el indulto. La sesión se cayó a las cinco de la tarde, en el mismo momento en que a la puerta del edificio llegaban unos dos mil desocupados junto a gremios estatales, listos a realizar un acto de festejo por la aprobación de la ley. Cuando se confirmó que tal cosa no ocurriría, los piqueteros acusaron a Solá de haber dado la orden al PJ de no votar y calificaron la decisión como “un acto incomprensible”. Los dirigentes Luis D’Elía y Juan Carlos Alderete anunciaron anoche que, si el martes al mediodía Alí no está libre, el miércoles habrá un nuevo plan de lucha con cortes de ruta en todo el país y un piquete con permanencia en La Matanza.
Los argumentos jurídicos con que peronistas y radicales rechazaron la liberación de Alí se detallan más adelante. Las razones políticas quedaron escritas en un documento reservado que circuló ayer por la mañana entre los legisladores, cuando se debatían argumentos por el sí o por el no y al que accedió Página/12. En él se hace hincapié sobre la idea del peligro que implicaría concederla en un contexto de creciente conflicto social.
Sin ningún maquillaje, los legisladores razonan en ese documento interno: “En las actuales circunstancias y más allá del compromiso de (Eduardo) Duhalde con los piqueteros, votar favorablemente bajo presión es evidente muestra de debilidad política, quedando expuesto a sucesivos reclamos de distintos sectores y por las más variadas cuestiones”.
Tras el fracaso de la sesión, Luis D’Elía acusó a Felipe Solá de “haber dado la orden a los diputados justicialista de no votar. No liberar a Alí es un acto de barbarie política y de provocación a los desocupados”, consideró.
La sanción del indulto había sido acordada como parte de las negociaciones que el presidente Duhalde y los piqueteros que encabezan D’Elía y Alderete iniciaron en febrero. Los desocupados tiene cuatro reclamos centrales: la libertad de Alí, la entrega de planes de empleo, asistencia alimentaria y el reconocimiento de sus organizaciones. Fuentes del duhaldismo aseguraron que desde la semana pasada el Presidente ordenó al PJ bonaerense aprobar el indulto. La sesión estaba convocada para las dos de la tarde, pero la negativa de los bloques de los dos partidos mayoritarios estaba decidida desde antes.
El desaire del PJ bonaerense a Duhalde tuvo como principal motor a Felipe Solá y como tierra fértil al malestar extendido dentro del justicialismo bonaerense ante un acuerdo en el que se sienten a la vez interferidos y desplazados. En la noche del miércoles, Solá reunió en una cena a los legisladores justicialistas de la dos Cámaras. Les planteó su disidencia con el indulto a Alí y escuchó voces en su misma sintonía:
“¿Es diputado o es piquetero?”, preguntó uno de los comensales sobre D’Elía. “A los planes Trabajar antes los arreglaban con nosotros y ahora resulta que se los dan al Polo Social”, completó la queja otro legislador.
Sólo unos pocos justicialistas, como Juan Garivotto, habían planteado desde el comienzo de las negociaciones que no indultarían a Alí. Osvaldo Mércuri, amo y señor de la Cámara baja y duhaldista puro, comandó el sector que en principio estuvo dispuesto a votar. A última hora habría alegado el pedido del gobernador como motivo del fracaso de la sesión.
El gobernador venía anticipando desde el miércoles que no estaba dispuesto a “conmutar la pena” de Alí. “Alí cometió un gravísimo error, pero mucha gente que lo seguía estaba necesitada, la condena que tuvo fue excesiva, pero debe respetarse la decisión de la justicia”, había dicho en la Casa de Gobierno.
Los radicales buscaron asesoramiento en el presidente de la Cámara de Casación, Federico Domínguez, que visitó a diputados y senadores del bloque para recomendar el rechazo al indulto, postura adoptada por el bloque.
Un senador radical aceptó explicar la posición de la bancada con reserva de su nombre. “La condena contra Alí me parece un disparate”, sostuvo; “sin embargo no podemos indultarlo porque la Legislatura no tiene atribuciones para hacerlo. Sólo podemos actuar ante un caso de sedición, que no es la situación de Alí”. El segundo argumento jurídico fue que no se puede indultar a quien aún no tiene condena firme.
¿No indultó la Legislatura en el ‘73 a un grupo de procesados por delitos comunes?, preguntó este diario en referencia al antecedente más reciente por el que se benefició, entre otros a Envar El Kadri y otros dirigentes peronistas. El senador confirmó que efectivamente sí, pero agregó que se trató de “otro momento político; en éste, en cambio, la Justicia no lo aceptaría”.
–Usted consideró injusta la condena. ¿Cómo piensa explicar ante la sociedad que están en contra de indultar a un desocupado preso por encabezar un pedido de comida? –preguntó Página/12.
–Alí tampoco es una carmelita descalza –se despidió el senador–. Antes del episodio del supermercado había tomado la Catedral de Mar del Plata.
Alí tiene 26 años. El pedido de comida por el que fue juzgado ocurrió el 5 de mayo de 2000, en la sucursal marplatense de Casa Tía. Ese día, en el marco del paro general contra la reforma laboral y el modelo económico decretado por la CTA y la CGT Rebelde, el dirigente junto a un centenar de desocupados ocupó el local en reclamo de alimentos.
El Tribunal Oral número 2 Mar del Plata de esa ciudad, integrado por Reinaldo Fortunato, Enrique Aníbal Ferraris y Rodolfo Guimarey consideró que Alí había incurrido en los delitos de “coacción y extorsión” y el 28 de abril del año pasado lo condenó a cinco años y medio de prisión. Efectivamente, antes de ese pedido lideró la toma de la Catedral de Mar del Plata. La ocupación se realizó en reclamo por un incumplimiento oficial de promesas sobre puestos de trabajo y asistencia a los desocupados.