Uno tras otro, durante todo este año aparecieron montones de proyectos de ley que hicieron propios los principales reclamos de las empresas recuperadas por sus trabajadores. La mayoría alienta la creación de mecanismos para que cuando una fábrica quiebre, cierre o atraviese una crisis terminal, sus obreros puedan acceder sin trabas a gerenciarla por sí mismos y evitar así quedarse en la calle y desperdiciar un ámbito productivo. Sin embargo, el año parlamentario está por terminar sin que esas propuestas hayan sido analizadas. En el bloque del PJ de la Cámara de Diputados dicen que no tuvieron señales claras de qué quiere el Poder Ejecutivo. El Gobierno ahora amaga con un primer gesto que podría anunciar esta semana: la creación de un fondo de capital de trabajo para el sector de 6 millones de pesos. Los obreros organizados consideran que el monto es bajo y la medida en sí misma, insuficiente.
Ideas y estrategias provenientes del Congreso nacional hubo muchas. Presentaron proyectos diputados del ARI, del Polo Social, del radicalismo y en el justicialismo el tema se analiza pero sin apuro ya que antes de arriesgarse a dar un paso esperan instrucciones oficiales. El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, diseñó un plan para empresas en recuperación que repartió en despachos gubernamentales y legislativos y que está ahora en la agenda del ministerio de Justicia. En otro ámbito, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) elaboró un “aporte” que acercó al bloque del PJ y al Ministerio de Trabajo. ¿Qué buscan estas propuestas? ¿Por qué, al menos por ahora, no encuentran cauce?
Con matices en cada caso, los proyectos presentados tratan de despejar las mayores dificultades que encuentran los obreros cuando deciden tomar una empresa caída en desgracia. Los caminos planteados son básicamente dos. Una opción apunta a una modificación de la ley de Quiebras que los habilite –eliminando obstáculos judiciales y legislativos– a hacerse cargo de firmas en proceso de quiebra accediendo directamente a las máquinas e inmuebles. Otra alternativa habla de crear una ley para que toda unidad productiva fallida cuyos trabajadores conformen una cooperativa sea expropiada por el Estado para garantizar la continuidad (ver detalles aparte). Una tercera idea, aunque según las fábricas sería una medida complementaria, señala la creación de un fondo o fideicomiso crediticio en el que el Banco Nación actúe como facilitador de financiamiento.
Desde otro ángulo, el Polo Obrero (PO), que participa en recuperaciones como las de Sasetru y Brukman, evalúa que “la solución no pasa por reformas legales”, aunque reclaman crédito. “Pedimos la expropiación sin pago, salarios a cargo del Estado y control obrero”, dice Miguel Vittone.
Situación
La cadena de recuperación autogestiva, que en los últimos dos años elevó a más de 170 las empresas recuperadas, ofrece posibilidades de rescatar puestos de trabajo, reforzar la producción nacional y hacerlo con sistemas de trabajo igualitarios. Pero la realidad es que hasta ahora los obreros han perseguido esos objetivos sorteando obstáculos permanentes que hacen arduo el camino a recomponer la capacidad productiva. Es porque desde el momento en que deciden concretar la ocupación se abren varios frentes: el judicial (donde tramita la quiebra y recaen denuncias por usurpación), las medidas represivas derivadas en ciertos casos, el carril parlamentario para conseguir expropiaciones, las pujas con los patrones y los tironeos con los acreedores de la quiebra (donde el Estado suele ser el principal).
Así como hay experiencias cooperativas exitosas –como en la metalúrgica IMPA o la fábrica de pastas Mil Hojas, por ejemplo–, hay ocupaciones obreras que pueden pasar meses –como el frigorífico Fricader– o años sin resolución, a lo que se suma el desafío de mantener la cohesión interna. Hasta ahora, todo está sujeto al criterio de los jueces y la voluntad delos legisladores. Incluso, aun cuando consiguen expropiaciones, retomar la actividad y sostenerla no es siempre viable dada la falta de recursos y el difícil acceso al crédito.
“El tratamiento de leyes para ayudar a las recuperadas no avanza porque implica modificar normas que el FMI no quiere que se toquen. No admite que los obreros se hagan cargo de empresas quebradas y se cierren las puertas a otros capitales”, sostiene el diputado Mario Cafiero (ARI disidente), autor de un proyecto. Eduardo Murúa, presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), agrega: “Tenemos la misma clase política oligarca de siempre, a la que no le interesa que el país tenga producción propia, igual reconocemos que con el gobierno de Kirchner se abrieron canales de diálogo”. Carlos Raimundi (ARI), que presentó otra propuesta, considera que “el Parlamento tiene indiferencia en general ante los problemas sociales”. Luis Caro, candidato este año por el partido de Aldo Rico y líder de un sector diferenciado de fábricas (Movimiento de Fábricas Recuperadas), cree que hay que esperar y el Gobierno “irá cediendo”.
Desde hace algunos meses, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, viene anunciando en encuentros de empresas recuperadas que habrá cambios en la ley de quiebras y se creará un fondo de capital de trabajo. Todavía no hay nada concreto. Existe, entretanto, un acercamiento contundente entre el movimiento de Caro y el Gobierno, y también lo hay en cierta medida desde un sector del MNER.
u A una propuesta de reforma legal que viene manejando Tomada, la mayoría de las recuperadas objeta que abriría el juego a la participación de otros socios capitalistas en el rescate de empresas. Esa fórmula pone en evidencia la injerencia de los intereses empresarios en esta discusión. Según diputados afines al oficialismo, el Gobierno podría intentar tener un proyecto de ley para que se discuta en las sesiones extraordinarias, es difícil que se resuelva algo antes de fin de año. El tema está ahora también en el ámbito de la cartera de Justicia.
u Desde hace varios días el Gobierno viene avisando a las organizaciones de fábricas recuperadas que creará un fideicomiso de 6 millones de pesos para facilitar la vuelta a la producción. Ese fondo sería administrado por una junta ejecutora formada por los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social, el Inaes, Foncap y el Banco Nación. Aunque ya con anticipación la propuesta trajo objeciones, el presidente Néstor Kirchner la presentaría el viernes próximo. “Nosotros hablamos de 80 millones, seis no es nada, y no tiene que ser bajo la forma de un crédito. Sino nos quedamos en un gesto, no es política pública”, objeta José Abelli, vicepresidente del MNER. Murúa agrega: “Queremos que los bancos públicos cedan sus créditos (de la quiebra) a los trabajadores”. Caro no cuestiona la modalidad aunque sí el monto. En el P0 reclaman “que el capital de trabajo sea no reintegrable” y creen, en palabras de Vittone, que “el Gobierno quiere cooptar a un sector de fábricas y aislar a las independientes”.