El embajador israelí en la Argentina, Benjamín Oron, se comprometió con los familiares de desaparecidos de origen judío a facilitarles el acceso a los archivos de la sede diplomática correspondientes a la época de la última dictadura militar. “Puede haber información que surja de reuniones de los diplomáticos con las autoridades militares, puede haber personas que recurrieron en la embajada, pero no hicieron denuncias en la Conadep y datos sobre quiénes y cómo fueron sacados del país a Israel”, explican Rosa Roisinblit; su nieta, Mariana Pérez y Lola Rubino. Las tres formaron parte de la comitiva que viajó a Israel para la reinauguración de un bosque de la memoria, en homenaje a los desaparecidos argentinos y se entrevistaron con Oron para reclamar la apertura pública de los documentos de la embajada.
–¿En qué religión la educó? –le preguntó el funcionario de la Embajada de Israel que recibió a Rubino en 1978, cuando fue a denunciar el secuestro de su hija, Raquel del Carmen Rubino Weinschelbaum.
–En ninguna. En la moral que es común a todas las religiones –le contestó la mujer, que también había ido a pedir ayuda a la Embajada de Italia y a todos los lugares en los que le abrieran las puertas.
–Entonces no corresponde que esté acá. Pero la voy a incluir –le dijo el hombre, como haciéndole un favor, ya que la señora había llegado a la entrevista por recomendación.
Rubino no recuerda quién era el señor que la recibió, pero no se olvida del diálogo, que hizo que tachara a la embajada israelí de su lista de sitios para solicitar auxilio. Hoy, espera que el gobierno de Israel ayude a que en Argentina se haga justicia y se conozca el destino de los desaparecidos.
En septiembre de este año, un grupo integrado por familiares y víctimas del terrorismo de Estado de origen judío viajaron a Israel para participar en la reapertura –con ocasión de su ampliación– de un bosque en homenaje a los desaparecidos, en la que estuvo presente el presidente israelí, Moshe Katzav. El acto fue consecuencia de las recomendaciones que hizo la comisión interministerial israelí al entregar su informe sobre los desaparecidos argentinos. Ese organismo se creó a mediados de 2000, después de que el investigador argentino radicado en Israel Efraim Zadoff pidiera en el Ministerio de Justicia, en nombre de Marcos Weinstein, que Israel abriera un juicio contra los responsables del asesinato de su hijo. El pedido concreto no prosperó, pero dio como resultado la formación de una comisión destinada a juntar información y reclamar la búsqueda de los restos de los desaparecidos con el propósito de darles sepultura y conocer lo ocurrido.
En 2001, la Comisión viajó a Buenos Aires para obtener testimonios directos de las víctimas. En esa oportunidad, los relatos sobre los secuestros, torturas y desapariciones estuvieron acompañados por críticas a la actitud de la diplomacia israelí en Argentina durante la dictadura. Pinjas Avivi, que formaba parte de la Comisión y había sido cónsul en Buenos Aires en esa época, admitió en un reportaje publicado en Página/12 que, aunque se quiso ayudar a los familiares, la política llevada adelante en esos años no fue la más adecuada.
“Creo que en este momento el gobierno israelí está reconociendo que hizo poco, menos de lo que podía haber hecho. Ellos dicen que sacaron muchos chicos y que otros no se quisieron ir. Es verdad. También dieron ayuda económica. Lo mismo que las instituciones de la comunidad judía, dieron ayuda para quienes estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Podían haber sido peores... pero también mejores”, asegura Roisinblit. Como vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, agrega que Israel aún tiene la oportunidad de hacer algo por los 22 jóvenes de origenjudío que siguen desaparecidos después de haber sido apropiados cuando eran bebés.
Los cuestionamientos a las autoridades israelíes hicieron que la comisión interministerial resolviera abrir los archivos de la embajada. Zadoff fue el encargado de estudiarlos, pero sus conclusiones todavía no son conocidas en detalle por los familiares. Por este motivo, le solicitaron a Oron poder tener acceso a los documentos. De hecho, entre las indicaciones que hizo la misma comisión en su informe, figura que se “recomienda poner la información obtenida a disposición de otra instancia de investigación, que pueda evaluarla más crítica y objetivamente”. Pero el objetivo de los familiares no está exclusivamente ligado a evaluar el comportamiento de los diplomáticos, sino que esperan que estos archivos aporten datos que sirvan para el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura.