Un juez de Lomas de Zamora dispone de información sobre una banda que se dedica a los secuestros extorsivos pero a juicio de los investigadores está demorando la pesquisa. Se trata de Tomás Bravo, de Lomas de Zamora, quien no accedió a los procedimientos sugeridos por la Unidad Funcional de Instrucción número tres, según informaron a Página/12 funcionarios del gobierno nacional y miembros de la Justicia de Buenos Aires.
“Esto podría haberse resuelto antes de septiembre, pero todo se postergó por las elecciones en la provincia”, dijo a este diario un funcionario que pidió reserva de su nombre. “No entendemos qué relación había entre una cosa y otra, pero así fue. Después las cosas se pusieron en marcha para principios de noviembre, pero otra vez la investigación se postergó sin que se entienda el motivo.”
Otro funcionario de la Casa Rosada reveló a Página/12 que la Secretaría de Inteligencia del Estado había colaborado con la Justicia bonaerense en la búsqueda de elementos sobre una banda, trabajo que habría incluido alrededor de mil cassettes de escuchas telefónicas.
“Primero se dedicaban a robar camiones de caudales o bancos, o a lo sumo hacían secuestros express, pero en los últimos meses se orientaron a los secuestros extorsivos”, detalló el funcionario, visiblemente irritado por la demora de la Justicia. “Los investigadores hasta supieron que la banda no pudo secuestrar a un adolescente porque el chico faltó al colegio justo el día programado”, agregó, y de unos apuntes leyó este diálogo entre dos celulares:
–¿Salió la Trafic?
–Sí, salió, pero no salió el guacho.
–Entonces faltó, boludo.
–Por eso te estoy diciendo, boludo.
–Llega la Trafic acá y no va a bajar.
–Y bueno, por eso te estoy diciendo que te fijes ahí vos.
Y en otro momento:
–Si no viene vamos a verlo a ese pibe para mañana, ¿eh? Falta todos los días a la escuela, pero no me va a ganar, ya lo vamos a enganchar.
El Gobierno asegura que los investigadores también relacionaron a los supuestos miembros de la banda con el secuestro del empresario Eduardo Rettes, devuelto con vida después de una negociación realizada horas después de la privación de su libertad.
El presidente Néstor Kirchner dio orden de formar un grupo especial para trabajar sobre secuestros dentro de la SIDE. El grupo debutó en operaciones, y ya no solo en recolección de datos, la noche en que fue apresado en Don Torcuato “Manolo”, uno de los presuntos jefes de la banda que había secuestrado a Pablo Belluscio.
En ese momento la Casa Rosada evitó mantener en secreto la participación de la SIDE. Fue una forma de enviar un mensaje político a Felipe Solá. La estrategia oficial, según confirmó este diario, es coordinar con Solá la reforma de la policía bonaerense. Kirchner incluso estaba dispuesto a tratar de imponérselo públicamente al gobernador, pero la designación de Raúl Rivara en el Ministerio de Seguridad de la provincia puso una pausa en el conflicto. Por lo pronto Solá se había desprendido de Juan José Alvarez, en quien Kirchner no confía para la seguridad, y en lugar de nombrar a un puntero del conurbano colocaba un político del interior de la provincia que goza de su confianza personal. Además en el gabinete Rivara, hasta entonces a cargo de Infraestructura, había construido una relación excelente con su colega nacional Julio De Vido.
Página/12 constató este fin de semana a través de consultas en el Gobierno que Kirchner sigue creyendo que la reforma policial es uno de sus problemas políticos inmediatos. A nivel de la Policía Federal quiso graficarlo con la decisión, el sábado último, de sentarse en una pizzería de Villa Urquiza a la que llegó de improviso. No fue casualidad. El viernes, los vecinos habían dado una muestra de lucidez: en lugar de quedarse en el reclamo vago de mayores penas o mano dura, denunciaron sus sospechas de que la ola de violencia había crecido por el desplazamiento de oficiales ligados al ex jefe Roberto Giacomino. Y a nivel de la bonaerense nadie en el gobierno nacional piensa que el Presidente se sentará a observar en calma a Solá y Rivara si ambos dejan de hacer una cosa que el Ejecutivo cree necesaria: jugar fuerte y en público haciendo lo que esté el gobernador tenga a mano y, cuando no lo tenga, diciendo que la Justicia obstruye las investigaciones.