Mar 09.12.2003

EL PAíS  › LAS CONSECUENCIAS DEL ESCANDALOSO NEGOCIO DE LOS DNI

Otra pesada herencia del menemismo

La empresa alemana ya no quiere negociar. Demandó al Estado argentino por U$S 500 millones ante un tribunal del Banco Mundial.

La alemana Siemens ratificó ayer ante la Comisión Estadounidense de Operaciones de Bolsa su voluntad de demandar al Estado argentino por 500 millones de dólares debido a la rescisión del contrato para la provisión del Documento Nacional de Identidad, confección de padrones electorales e informatización de pasos fronterizos. La demanda se cursará en el “Centro Internacional para la Solución de Diferendos Relativos a Inversiones” del Banco Mundial, el mismo tribunal arbitral en el que las privatizadas acumulan multimillonarias acciones pidiendo un resarcimiento por la vulneración de sus contratos.
El contrato con Siemens fue firmado en 1998 por Carlos Menem, y presuponía precios para la emisión de los DNI que el gobierno de Fernando de la Rúa consideró excesivos (27 pesos/dólares por cada uno), al punto de que ésta fue una de las razones invocadas por la gestión aliancista par dar marcha atrás con el contrato, aun a costa de exponer al Estado a la obligación de enfrentar una indemnización. Ese valor estaba muy por encima de lo que le costaba (y actualmente cuesta) al Ministerio del Interior la impresión de los documentos.
Los funcionarios de la Alianza apuntaron otras irregularidades, como una serie de gastos “ocultos” que serían cargados a los costos que debía pagar el Estado, así como la falta de condiciones “técnico-operativas” para cumplir con las tareas asumidas, según denunció un análisis del Registro Nacional de las Personas. En el año 2000 el entonces diputado aliancista Darío Alessandro sentenció directamente que “no se hicieron las inversiones necesarias para que el contrato se ponga en marcha” o que la cantidad de documentos a entregar sin cargo a las personas de escasos recursos que preveía el contrato finalmente rescindido era “muy baja” y no cubría las necesidades reales.
Pero esos vicios no resultaron suficientes para que el Gobierno pudiera dar por caído el contrato, eludiendo la obligación de indemnizar a la empresa. Por esta razón, tras el decreto de rescisión –en el que se invoca la facultad estatal de dar por caído cualquier contrato en virtud de la Ley de Emergencia Económica vigente en el 2001– comenzó una renegociación contractual que no llegó a buen puerto.
Ya la gestión duhaldista concluyó que el reintegro a Siemens de los gastos en que incurrió para dar comienzo a la ejecución del contrato obligaría a pagarle 75 millones de pesos. Más aún, el actual canciller y ex titular de la Sigen Rafael Bielsa estimó en el 2001 que la indemnización a Siemens por la anulación del contrato no debería superar los 150 millones de pesos, de acuerdo con lo invertido por la compañía desde el momento en que ganó la concesión.
En todos los casos, las cifras barajadas estaban lejos de la expectativa de la empresa. Tal como lo habían negociado con Menem, el contrato original hubiera otorgado a Siemens una interesante facturación: más de 1000 millones de pesos por todo concepto a lo largo de toda la concesión, algo que la firma alemana quiso defender incluso accediendo a una rebaja de 30 a los 27 pesos (IVA incluido) en la tarifa individual para confeccionar el DNI.
Después de una serie de idas y vueltas, incluida la presión diplomática de Alemania para que su empresa obtuviera un resarcimiento por el lucro cesante, la discusión recaló en el tribunal arbitral del Banco Mundial, con la idea de que éste encarara un proceso de mediación que evitara la demanda lisa y llana. Pero ayer la firma anunció a aquella comisión estadounidense su intención de abandonar la negociación y encarar el reclamo judicial, dejando el conflicto abierto en una instancia internacional.
Estados Unidos no habría sido totalmente ajeno a esta controversia, ya que cuando aún se analizaba en Argentina qué hacer con ese controvertido contrato, empresas de aquel país proponían encarar la mismas tareas a menor costo. Estas gestiones aún subsisten, ya que la administración Bush exige la informatización de pasos fronterizos y la emisión de documentos através de un procedimiento seguro, como un requisito insoslayable de la batalla mundial contra el terrorismo.

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