El prontuario de María Julia Alsogaray es como un barril sin fondo. La Sala IV de la Cámara Criminal le sumó un procesamiento por haber simulado insolvencia económica para burlar el embargo judicial de tres millones de pesos en la causa que se le sigue por enriquecimiento ilícito. Los camaristas consideraron probado que la ex funcionaria menemista donó “maliciosamente” dos departamentos a su hijo Alvaro Erize y ordenaron que tanto él como su hermano Francisco Erize sean citados a indagatoria por su posible condición de partícipes necesarios.
La resolución, firmada la semana pasada por Alfredo Barbarosch, Mariano González Palazzo y Gustavo Bruzzone, revoca la falta de mérito que había dictado en marzo de este año la jueza de primera instancia Ana Bulacio de Rúa, luego apelada por la fiscalía. Y va más lejos al establecer el procesamiento de María Julia por el delito de defraudación por insolvencia fraudulenta, que tiene penas de seis meses a tres años de prisión.
Esta causa contra la ingeniera y sus hijos comenzó con una denuncia de los fiscales federales Eamon Mullen y José Barbaccia, los mismos que investigaron y acusaron a Alsogaray por enriquecerse al menos en 2,5 millones de pesos, abusando de los cargos públicos que ocupó durante una década. Ellos advirtieron que mientras realizaban aquella pesquisa, unos días después de que pidieran el embargo de sus bienes, María Julia se desprendió de dos departamentos, que pasaron a nombre de su hijo Alvaro con consentimiento de su hermano Francisco.
Cuando el juez Juan José Galeano procesó a Alsogaray por enriquecimiento ilícito (en agosto de 2000) y le quisieron trabar el embargo, dos departamentos de la calle Riobamba 1224 habían desaparecido de su nutrido patrimonio, que incluía desde un petit hotel en Recoleta –donde vivía antes de ir presa– hasta una unidad en el suntuoso complejo Essex House, frente al Central Park de Nueva York. En la indagatoria, la ex funcionaria se hizo la distraída: dijo que durante el transcurso de la causa vinculada al aumento de su fortuna ella compró o vendió bienes e hizo transferencias con tranquilidad, convencida de que no estaba incurriendo en ninguna infracción. También argumentó que el valor de los bienes retenidos superaba el de los tres millones del embargo dispuesto. Estas explicaciones fueron admitidas por la jueza Bulacio de Rúa cuya resolución, según la Cámara, es “altamente opinable y controvertible”.
En su fallo, los camaristas explicaron que “el delito de insolvencia fraudulenta se consuma cuando el individuo realiza un acto de disposición de bienes teniendo conocimiento de la existencia del proceso en su contra, independientemente de si media o no sentencia condenatoria (...); ninguna duda cabe del conocimiento de la imputada del proceso que se le seguía en el fuero de excepción”. Señala, además, que se deben analizar en conjunto todos los procesos iniciados contra María Julia, que suman 43, según los rastreos del tribunal, incluida la causa por la que está presa acusada de pagar sobreprecios millonarios por refacciones en la Secretaría de Medio Ambiente. Entienden los jueces que se debe poner la lupa sobre su comportamiento frente a un “panorama de amplia litigiosidad”.
Pero el texto no se queda en las responsabilidades de Mary July. Pide que sus hijos sean citados a indagatoria como sospechosos, ya que “prestaron una colaboración indispensable para consumar el delito (...) como partícipes necesarios”.
El juicio oral por enriquecimiento contra la ex polifuncionaria, que mostrará públicamente parte de sus manejos con los fondos públicos y que podría determinar su primera condena, empezará en abril del año próximo.