Los despidos resueltos por el ministro de Justicia, Germán Garavano, en el Programa Verdad y Justicia, el Centro de Asistencia Fernando Ulloa y otras dependencias estatales que coordinan políticas públicas de memoria motivaron un pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por parte de la organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. En la presentación, patrocinada por abogados de víctimas que atestiguan en las causas por crímenes de lesa humanidad, se resalta la preocupación por el desmantelamiento de las instituciones creadas en los últimos años para profundizar los juicios, acompañar a los testigos durante el proceso legal y establecer las responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado, que sigue siendo una deuda pendiente.

En paralelo, más de 400 firmas, entre las que se destacan las de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Chicha Mariani y Osvaldo Bayer rechazaron en un documento “el recorte de la política de derechos humanos” y denunciaron que los despidos “atentan contra la lucha por la verdad y la justicia”. “No sólo defendemos el empleo público, no sólo nos oponemos al vaciamiento del Estado, sino que también levantamos las banderas para sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que durante los últimos años fueron elevadas a políticas de Estado y convirtieron al país en un ejemplo a seguir”, concluye la solicitada.

Hasta ayer, ascendía a 489 el número de trabajadores despedidos sumando todas las áreas dedicadas a los derechos humanos que funcionan en los ministerios. Sólo en la Secretaría de Derechos Humanos, en manos de Claudio Avruj, hubo 55 cesanteados, según los casos contabilizados en las asambleas realizadas a partir de los recortes. “Tras la asunción del nuevo Gobierno, funcionarios de distintas carteras han tomado una serie de decisiones que ponen en riesgo el proceso de juzgamiento de los crímenes contra la humanidad”, reza la carta presentada por Familiares ante la CIDH, y en la que se advierte “con preocupación” que los despidos “continuarán sucediéndose en los próximos meses”.

“Además de los despidos, preocupa la reunión de Avruj con la Celtyv en la ex ESMA y la designación de Carlos Rosenkrantz, quien se ha pronunciado en contra de la anulación de las leyes de impunidad, como juez de la Corte”, describió a Página/12 la subcoordinadora de Verdad y Justicia, Elizabeth Gómez Alcorta, quien reveló que producto de las medidas del Gobierno presentará su renuncia. El lunes había renunciado a su cargo la directora del Centro Ulloa, Julieta Calmels, por razones similares.

El programa Verdad y Justicia surgió en 2007 en respuesta a la necesidad de protección y acompañamiento a los testigos que declaran en el marco de los juicios de lesa humanidad que dejó al descubierto la desaparición de Jorge Julio López. Antes de su vigencia, las encargadas de notificar sobre citaciones judiciales eran las fuerzas de seguridad y no abogados, antropólogos y profesionales especializados. Fruto de esa necesidad también nació el Centro Ulloa, donde los testigos –y luego, víctimas de la violencia del Estado en democracia– reciben asistencia psicológica.

Los recortes alcanzaron a ambos programas, que quedaron sin cobertura en varias provincias. Es el caso del juicio que se realiza en Salta contra Marcos Levín, primer empresario que va a juicio oral por delitos de lesa humanidad. Una de las diez despedidas del programa, Natalia Vaca, fue echada a 20 días de reanudarse la etapa de alegatos del juicio y tras ayudar a detectar los vínculos del abogado de la defensa con el narcotráfico. “No es casualidad” el despido, cuenta. Policías y gendarmes la reemplazarán.