El hecho de que la defensora del Público haya sido recibida en la CIDH no sólo por el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, a quien le corresponde el tema directamente por sus funciones, sino que del encuentro decidió participar directamente el secretario ejecutivo de la Comisión, el mexicano Emilio Alvarez Icaza, habla por sí solo de la preocupación que existe en ese organismo internacional por la situación que se vive en estos momentos en Argentina respecto de la vigencia de los derechos humanos.

Varios motivos abonan lo anterior. Desde los primeros días del gobierno de Mauricio Macri el organismo internacional se ha convertido en depositario de numerosa cantidad de denuncias provenientes en la Argentina, algo inusitado en los últimos tiempos respecto del país. Frente a ello la información que logran recopilar en Washington por vía oficial es prácticamente nula, a pesar de los pedidos específicos que de manera reservada pero insistente envía la CIDH al gobierno de Cambiemos. Esa es la suerte que, por ejemplo, corrió hasta el momento la nota que la Relatoría para la Libertad de Expresión envió con motivo de las decisiones sobre la Afsca: silencio de radio.

Frente a esto los funcionarios de la CIDH apelan a diversas fuentes para recabar información, no solo sobre el tema comunicacional sino en general sobre la utilización de los decretos de necesidad y urgencia, la criminalización de la protesta social y los despedidos de trabajadores de la administración pública, para mencionar tan solo algunos items. La detención de Milagro Sala también está en la agenda. Confidencialmente una fuente de la CIDH mencionó que existe en este momento una “luz roja” sobre la situación argentina y que el asunto será tratado en el pleno de la Comisión la semana entrante. La preocupación se hace mucho más grave por cuanto en el seno del organismo consideran también que lo que suceda en la Argentina puede tener efectos y consecuencias también sobre otros países de la región.

El Gobierno hizo llegar mensajes a la CIDH de manera informal. En esos diálogos algunos voceros del oficialismo pretendieron justificar lo actuado señalando que un nuevo gobierno tiene que hacer sentir su autoridad y, al mismo tiempo, establecer diferencias con la gestión anterior. Al parecer ambas cuestiones están claras, pero las explicaciones son insuficientes para calmar la preocupación de la CIDH respecto de la situación actual de los derechos humanos en la Argentina.