Si nos abstraemos del mensaje de paz y amor que emiten sus funcionarios, si hay algo que no se le puede reprochar a lo que va de gestión macrista es hipocresía. Todas sus medidas han ido en la misma dirección, aquella en la que tanto se alertó durante la llamada “campaña del miedo”, que –todo indica– quedó corta. El episodio sobre la detención de Milagro Sala y la ofensiva que apunta a desbaratar su organización social en medio de un panorama de despidos en la esfera pública y privada es indicativo de la orientación del proceso abierto el 10 de diciembre.

Las organizaciones sociales se expandieron en el país al calor de la crisis de 2001. Los partidos políticos habían volado por los aires y a sus dirigentes les costaba caminar por la calle. Los movimientos sociales –algunos como ramificación de un partido, otros aliados a un sindicato y un tercer grupo independientes del todo– fueron engrosando sus filas con la legión de despedidos que quedaron de un día para el otro fuera del sistema y sin posibilidades de reinsertarse. Desde esas organizaciones se hicieron fuertes para hacer oír sus reclamos, desde los medios se los identificó como “piqueteros”.

El kirchnerismo sirvió de cobijo a los que se sintieron convocados con su discurso nacional y popular. Varias de estas agrupaciones –en algunos casos encabezadas por militantes políticos de los 70– se convirtieron en la expresión de base del kirchnerismo y aportaron su poder de movilización al proyecto. Se estableció una relación de ida y vuelta entre el Estado y las organizaciones para el reparto de beneficios sociales. De alguna manera, estos movimientos –que surgieron y se expandieron en los márgenes del sistema– pasaron a integrarse al aparato estatal como su “pata social”. “La hipótesis de la integración e institucionalización comenzó a perfilarse como una de las tendencias centrales del gobierno de Kirchner, alimentada por el accionar de ciertas organizaciones sociales que vieron en el nuevo presidente la posibilidad de un retorno a las ‘fuentes históricas’ del justicialismo”, analizaron Maristella Svampa y Sebastián Pereyra en Entre la ruta y el barrio: La experiencia de las organizaciones piqueteras.

En este esquema, la Tupac Amaru de Milagro Sala representa un caso especial. En las provincias del norte del país persiste un esquema casi colonial, con el poder repartido entre una determinada cantidad de familias –una “clase”– mientras que una abrumadora mayoría se mantiene a la expectativa de, al menos, integrarse al sistema como su mano de obra. En Jujuy, con un Estado prácticamente inexistente que había dejado buena parte de la sociedad a la intemperie, Milagro Sala tuvo un amplio campo para actuar empezando desde la nada, organizando merenderos barriales para los chicos. Luego pasaron a administrar la entrega de bolsones de comida y planes de ayuda. Con la llegada del kirchnerismo comenzaron con la construcción de viviendas, barrios que incluyen pileta de natación, un polideportivo y un mercado. Después siguieron las escuelas, los centros de salud, los talleres textiles, las fábricas y hasta un centro cultural. La Tupac Amaru es la cabeza de la red de organizaciones sociales que agrupa a pequeñas cooperativas, con alrededor de 70 mil afiliados en total. El gobernador Gerardo Morales acusa a Milagro Sala de haber montado un “Estado paralelo”. En verdad, lo que hizo fue hacer llegar el Estado a lugares donde no existía.

Desde que se profundizó el enfrentamiento con Morales, unos años atrás, una variedad de denuncias cayó sobre Milagro Sala y su agrupación. Muchas acusaciones fueron desestimadas, otras no avanzaron. Nadie reclama que no se investigue lo que haya que investigar si es que existen pruebas de corrupción, amenazas o desvío de fondos. Pero lo cierto es que el motivo de la detención de Sala el lunes pasado fue por la protesta que lleva adelante por la continuidad de los planes sociales que reciben las cooperativas. La “acumulación de causas” que argumentó Morales para justificar la detención por delitos que son excarcelables –“instigación a cometer ilícitos y tumulto”– fue considerada un disparate por los especialistas. También que se le rechazaran hábeas corpus y que el juez resolviera además endurecer las condiciones de detención enviándola a un penal de mujeres.

Vale repasar las particularidades que rodearon la detención de Sala. Como para no queden dudas de su carácter político, el ministro de Seguridad de Morales, Ekel Meyer, encabezó personalmente el operativo. Desde la Tupac aseguran que todos los jueces involucrados tienen relación con el radicalismo gobernante. Gastón Mercau –el juez que rechazó el hábeas corpus y dispuso el traslado– es yerno de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia jujeño, la ex diputada radical Clara De Langue de Falcone. Este diario relató la sorprendente manera en que Gerardo Morales consiguió de hacerse de una mayoría automática en el Tribunal. Luego de su triunfo electoral, en una sesión de madrugada, consiguió la ampliación de la Corte de cinco a nueve miembros. Dos diputados radicales que participaron de la sesión después renunciaron para asumir como jueces de la Corte ampliada. Ni Carlos Menem se animó a tanto.

Es otra muestra de que el discurso de respeto a la institucionalidad de Cambiemos quedó archivado junto con la campaña electoral. Los DNU de Mauricio Macri para cambiar leyes votadas por el Congreso o actitudes desfachatadas como la de Morales armando Poder Judicial a su gusto ahora son interpretadas por sus exegetas como una señal de “tener los pantalones bien puestos” o una vocación por gobernar “como la del peronismo”, que en otro contexto sería una crítica pero aquí es un elogio. Y todo ello sin que se modifique el discurso institucionalista oficial. Cuando Mauricio Macri defendió ante los periodistas extranjeros la detención de Milagro Sala, elogió la “independencia” con la que actuaron los jueces.

Organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos resaltaron el carácter político de la ofensiva contra Milagro Sala, y ayer hubo un reclamo con cortes en todo el país. Con la misma salvedad acerca de que se investiguen las irregularidades que haya que investigar, dirigentes como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sostuvieron que el caso de Milagro Sala “es una detención política que debe resolverse cuanto antes”.

El objetivo que denunciaron es el de la criminalización de la protesta social. Se le podría agregar la intención de dividir y debilitar a las organizaciones sociales. Morales busca convencer una a una a las cooperativas jujeñas que abandonen a la Tupac Amaru y arreglen condiciones directamente con la gobernación. Con los que aceptan, los recibe en su despacho y se saca una foto sonriente. Es obvio imaginar que a partir de ahora a esas pequeñas cooperativas les resultará más dificultoso llevar adelante cualquier nuevo reclamo que si se tratara de los 70 mil afiliados a la red de la Tupac en su conjunto.

El contexto agrava la situación. Además del panorama de despidos en el ámbito público y privado de las últimas semanas y el inicio de una negociación paritaria que asoma conflictiva, están los pronósticos que no pintan halagüeños. El último número difundido por la OIT habla de un incremento de 2,4 millones de desocupados entre las economías emergentes sólo para este año. Y pese a todos los gestos de amistad que ensayó con el poder económico durante su paso por Davos, el FMI empeoró ayer sus perspectivas para el país para el que calculó una recesión “leve” del uno por ciento debido al ajuste en marcha.

“Si Macri gana, este gatito morirá”, fue el chiste con imagen que se hizo popular en las redes sociales como ironía ante la suma de desgracias que decía el kirchnerismo que ocurrirían con el candidato de Cambiemos en la Casa Rosada. Podríamos decir ya que el gatito no sólo murió, sino que lo hicieron a la parrilla, como aquella recordada nota trucha de TN que buscaba poner en escena la dramática situación social en el Gran Rosario como consecuencia de las políticas neoliberales de los 90. Como en las historias circulares de Borges, hacia allá vamos.