“El gobierno nacional no comparte los dichos de Darío Lopérfido”, dijo ayer el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, luego de las expresiones críticas y repudios que recibió el ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires por decir que “en la Argentina no hubo 30 mil desaparecidos” y que esa cifra es “una mentira que se construyó en una mesa para cobrar subsidios”. “Esta discusión no nos hace bien, porque nos aleja del objetivo de unir los argentinos para seguir buscando consensos, que es lo que nos ha pedido el Presidente”, dijo Avruj y sostuvo además que “la discusión no pasa por el número, se trata de un número establecido y de víctimas del terrorismo de Estado”. El tema también fue planteado durante la reunión que representantes de organismos de derechos humanos tuvieron el miércoles en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia, Germán Garavano y el propio Avruj.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reiteró ayer los reproches a Lopérfido y reclamó que el funcionario le pida perdón a toda la sociedad, no sólo a los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. “Porque la sociedad se contagia de esas mentiras, de decir bueno no son 30, no hubo, no existen, entonces todo aquel que está confundido se confunde más y esa grieta famosa de la que hablan se abre”, señaló. Lo mismo hizo Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien afirmó que el funcionario porteño “ofendió la memoria de los desaparecidos” y que lo que había dicho era “una ofensa y una bajeza”. Forzados a un “debate” innecesario, antiguo y superado, los organismos de derechos humanos debieron recordar en estos días que la cifra de 30 mil desaparecidos surge de una estimación realizada en base a las denuncias recibidas, lo que fue luego refrendado por datos que aparecieron en diferentes documentos. De todas maneras, el número exacto de desaparecidos no se podría saber a menos que los represores entreguen la lista de las personas secuestradas y asesinada. El método de la desaparición, entre muchas otras cosas, implicó el ocultamiento de las víctimas. Los dichos de Lopérfido, en los que acusa a los organismos de derechos humanos de mentir, responsabilizan a los familiares por desconocer información que tienen los victimarios.

Carlotto reiteró ayer que a los organismos de derechos humanos les “molestó” y les “dolió” que el presidente Mauricio Macri no los haya recibido en persona el miércoles. Dijo que podría haber manifestado que estaba ocupado pero que más adelante podía darles una audiencia pero, en cambio, derivo el tema a otros funcionarios. “No querrá atendernos”, especuló. De todos modos destacó que la reunió que encabezó Peña fue “cordial” y manifestó haber encontrado en el jefe de Gabinete “una apertura a dialogar”. De hecho, Abuelas pidió una nueva reunión al ministro para mantener la colaboración que la entidad tiene con distintas reparticiones estatales con el objetivo de encontrar y restituir la identidad de nietos buscados.

Avruj reconoció que la reunión del miércoles fue “en algunos puntos tensa”, pero señaló que “con mucha madurez se plantearon las diferencias de miradas y de criterios”. El funcionario confirmó que se enojaron porque los organismos de derechos humanos deslizaron que la paralización del Congreso recordaba prácticas de la dictadura. “Somos un gobierno democrático, podemos tener diferencias de criterios en cuestiones de estrategia en la administración, pero eso no nos equipara en absoluto con las medidas de un gobierno dictatorial y autoritario”, afirmó. Avruj destacó que el jefe de Gabinete, el ministro de Justicia y él mismo ratificaron “la continuidad con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, la continuidad de los juicios de lesa humanidad y que en eso no hay ningún retroceso posible”.

Sin embargo, los representantes de organismos de derechos humanos que estuvieron el miércoles en la Casa Rosada (Abuelas y Madres línea Fundadora pero también el CELS, la APDH, HIJOS, Familiares de desaparecidos y Buena Memoria) dijeron que se fueron preocupados porque no parecía haber solución para los temas que fueron a plantear, entre ellos, los despidos en áreas vinculadas a derechos humanos y la situación de la dirigente social Milagro Sala, que está presa por participar de una protesta contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

Avruj dijo también que busca darle “una impronta distinta” a la Ex ESMA para que “también puedan funcionar organismos internacionales como Unesco, y otros como la Defensoría del Público, la subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad”. Pero, de hecho, en la Ex ESMA ya funciona el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur y durante el gobierno de Cristina Ferández de Kirchner se acordó que en el predio se instale el Centro Internacional de Derechos Humanos de Unesco.