El sur del conurbano ayer fue escenario de más de 70 allanamientos coordinados y con el mismo objetivo: poner al día la demorada captura de una banda (fueron detenidos 22 sospechosos), acusada de varios secuestros y de planificar otros tantos. Página/12 informó el lunes último sobre la dilatada operación. La banda venía siendo investigada por la Justicia de Lomas de Zamora desde hace unos ocho meses. A principios de septiembre ya se contaba con pruebas contundentes para lanzar los operativos. Pero según reveló una fuente judicial, el martes 9 de septiembre, cinco días antes de las elecciones, el ex jefe de Investigaciones Complejas de la Bonaerense, Angel Casafús, se presentó ante el juez Tomás Bravo, a cargo de la causa, para decirle: “De la gobernación piden que los allanamientos se posterguen para después de las elecciones”. Cuando Bravo preguntó motivos, Casafús respondió: “Por ahí se le escapa un tiro a un vigilante y se arma un escándalo”. Pasadas las elecciones, la Bonaerense, acosada por secuestros y enriquecimientos varios, estaba urgida con un golpe de imagen e intentó reflotar los operativos. Pero repetidas y llamativas filtraciones los postergaron. Ayer, dos días después de la nota de este diario, se desató el vendaval de allanamientos.
Los allanamientos se realizaron desde bien temprano en Esteban Echeverría, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Quilmes y se supone que la ola avanzaría sobre dos barrios porteños, quizá la Boca y Parque Patricios. Según los investigadores, la banda se dedicaba a salideras bancarias, pero fue derivando a algún que otro asalto a bancos, para luego seguir el prolífico rubro de los secuestros express y más tarde, el de sus primos ricos, los secuestros extorsivos. También estarían relacionados con el narcotráfico.
En la causa intervienen el fiscal 3 de Lomas de Zamora, Ricardo Bruzzone, y el juez de Garantías 1, Tomás Bravo. La Secretaría de Inteligencia del Estado fue convocada para colaborar en la investigación. Pruebas contra la banda existen y muchas. Ya para septiembre, el gobierno nacional estaba al tanto de que se podía avanzar con los allanamientos y las detenciones. Pero éstos no se produjeron.
“Se podría haber resuelto antes de septiembre”, reveló a este diario un funcionario del Gobierno. ¿Qué ocurrió? A principios de ese mes, el fiscal Bruzzone había solicitado al juez iniciar los operativos. La banda era tan grande, tenía tantas ramificaciones y aguantaderos que Bruzzone propuso un plan de acción: primero, unos 70 allanamientos (son los que se realizaron entre ayer y hoy) para impactar sobre los líderes y los más activos de la banda, para evitar nuevos golpes. La segunda tanda correspondería a los aguantaderos y soportes de la banda e incluía una cifra en absoluto despreciable: 742 (sí, setecientos cuarenta y dos) allanamientos.
El martes 9 de septiembre, cuando faltaban cinco días para las elecciones en la provincia, para las que el gobernador Felipe Solá se proponía como candidato, el ex director de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad, Angel Casafús, se presentó –según reveló a Página/12 una fuente judicial– en el juzgado de Bravo con un pedido sorprendente para cualquiera menos para quienes conocen los tejes y manejes en la provincia: “En la gobernación piden que se posterguen los allanamientos hasta después de las elecciones”, dijo Casafús, poniendo su cara de piedra más dura. Bravo curioseó en los motivos y Casafús le respondió: “En esos operativos, a cualquier vigilante se le puede disparar un tiro, y si le pega a alguien que no corresponde se arma un escándalo bárbaro”. Era obvio que Solá intentaba no dejar en manos de la Bonaerense su futuro como gobernador ni cargar con un escándalo harto posible.
No está claro si el juez aceptó el pedido de postergación o, directamente, en la práctica le resultaba imposible desoírlo y avanzar con los allanamientos sin la participación de la Bonaerense, encargada de realizarlos. Lo cierto es que en septiembre no se produjeron. Pero pasaron las elecciones y pasó octubre. En noviembre, Bruzzone volvió a presentar nuevas pruebas y a pedir la primera tanda de operativos. Por su lado, la Bonaerense ahora intentaba acelerar el trámite, urgida por la necesidad de un golpe de imagen tras la escandalosa retirada del mandamás policial, Alberto Sobrado, acusado de enriquecimiento ilícito y de girar 600 mil dólares a las Bahamas. Pero entonces fue Bravo el que puso reparos.
“No sólo hubo reparos del juez –reveló a este diario una fuente muy ligada al caso–. Se produjeron muchas filtraciones. En las escuchas aparece alguien diciendo ‘mañana allanan’ en tal lugar o en tal otro, lo que hizo imposible avanzar.”
La banda estaba acusada de secuestrar a una pareja en Quilmes, de planear el secuestro de un escolar, frustrado porque el día D el chico faltó a la escuela, y del secuestro del empresario Eduardo Rettes, además de que hay quienes le cargan el asesinato del comisario Gustavo Di Giulio, en septiembre del año pasado. Podría tratarse del habitual blanqueo de hechos delictivos, que consiste en cargarle a un sospechoso todos los delitos no resueltos. O podría tratarse de alguna vinculación de la banda con las oscuras internas de la Bonaerense. Como publicó este diario, la muerte de Di Giulio aparece vinculada con el ex mandamás de aquella zona, el sumariado Claudio Smith. Las mentadas filtraciones aportan a esta hipótesis.