La Gendarmería Nacional tolera en su interior la permanencia de una estructura que no detectó o encubrió un largo proceso de contratación irregular del polígono de tiro El Centinela Sociedad Anónima. La conclusión se desprende de las idas y vueltas del expediente, revelado en exclusiva el martes por Página/12, que analizan ya la Oficina Anticorrupción y la Justicia a través del magistrado Martín Silva Garretón.
El comandante general Gerardo Chaumont, subdirector de la fuerza, envió una carta a este diario en la que sostiene que no motorizó ni participó “en las negociaciones o firma de la adjudicación cuestionada”. Agrega el texto que entre junio de 2002 y enero de 2003, cuando se firmó el acuerdo irregular, estaba de misión en la República Democrática del Congo.
–¿Usted antes no fue jefe de gabinete del director general Hugo Miranda, cuando se empezó a negociar el contrato del polígono? –le preguntó Página/12.
–Sí, pero un jefe de gabinete en la Gendarmería se encarga de la administración interna. Yo no era ni director de Finanzas ni director general –respondió anoche Chaumont.
El director de Finanzas era entonces el comandante general Miguel Natarelli. Los directores generales, Miranda, que a último momento se negó a impulsar el contrato por el polígono, y Néstor Della Bianca, que sí suscribió un contrato firmado sin seguir ninguna de las normas del Estado. La Gendarmería adjudicó la concesión por contratación directa sin cumplir requisitos elementales como la búsqueda de más de un precio. Lo hizo, además, evitando enterarse de quiénes eran los socios del concesionario futuro, Juan Carlos Luena, que hasta llegó a presentar socios ocultos de su sociedad anónima el mismo día de firma de un contrato.
Natarelli pasó a retiro y fue designado presidente de la Comisión Administrativa de Gendarmería Nacional. Otros nombres del organismo son los de los comandantes mayores David Desiderio Vargas, Jorge Omar Filipini, Luis Carlos Garín y Eduardo Américo Fieri. El 12 de setiembre de 2002, los cinco comandantes fueron garantes del convenio. Ellos y Della Bianca podrían figurar en cualquier momento entre los citados por la Oficina Anticorrupción, el juez Silva Garretón o el fuero penal cuando la OA realice el próximo paso y traslade la denuncia que formuló el ministro de Justicia Gustavo Beliz a un juez federal.
En su carta, Chaumont, que secunda al director nacional Eduardo Rodríguez, dice que “fue preocupación primigenia de la actual conducción de la Gendarmería Nacional informarse sobre la transparencia del convenio, informar luego a las autoridades civiles sobre el asunto y presentar, por último, el contrato ante la Justicia alegando su ‘lesividad’”.
Sin embargo, el propio Chaumont admitió anoche que la Gendarmería revisó el expediente del polígono solo a pedido de Beliz y no por iniciativa propia. De allí surge la conclusión de que, como mínimo, en la principal fuerza de seguridad a nivel nacional funciona una estructura permanente que no revisa las contrataciones cuando violan las normas del Estado ni frena las obras en marcha aunque hay socios ocultos nada menos que en un edificio construido al lado de la sede de la Gendarmería. Si la Comisión Administrativa bendijo todo el proceso de contratación, el sector jurídico no puso ningún reparo.
–Las licitaciones y los convenios los manejan los sectores de finanzas, contaduría y asesoría jurídica –informó anoche el comandante Chaumont.
El subdirector dijo que conoce a Luena, pero solo porque concurría al edificio como proveedor. Chaumont afirmó no recordar qué y cuándo proveía Luena a la Gendarmería.
También dijo que no hubo inauguración oficial del polígono, por lo cual ningún comandante se acercó a saludar el primer día de funcionamiento de El Centinela Sociedad Anónima.
Más allá de su desmentida en el sentido de que no fue él quien motorizó el contrato, Chaumont reconoció que “la nota de Página/12 tiene información absolutamente correcta”.
Un punto oscuro, igualmente, es por qué la conducción que integran Rodríguez y Chaumont dejaron correr tiempos y plazos. Cuando recibió instrucciones del ministro, la Gendarmería tenía dos opciones. La primera, anular el contrato y dejar que, eventualmente, el juicio lo hiciera Luena. La segunda, presentar la denuncia por lesividad. Optó por la última. Según dijo ayer Chaumont, la opción recomendada por los asesores jurídicos descansó en el argumento de que si se anulaba el contrato, el concesionario podría pedir luego ante la Justicia una reparación por el daño sufrido y el dinero que perdió de ganar.
Un dato clave es que el 24 de septiembre el abogado Mauricio Lionel Castro presentó en nombre de la Gendarmería un pedido de acción de lesividad para que el juez anule la concesión del polígono. En la presentación, Castro sostiene que “como mínimo” las contrataciones directas deben cumplir con tres requisitos: estimación del gasto, informe técnico ajustado en el artículo anterior y pedido de tres presupuestos”. Y añade: “La estimación del gasto y el pedido de tres presupuestos no obra agregado en los actuados de referencia”.
La Gendarmería no emitió aún ningún comunicado explicando por qué tuvo tanta claridad después y tan poca antes.