Jue 11.12.2003

EL PAíS

Juárez, acusado por dos crímenes de los setenta

Sobre llovido, mojado para el ex gobernador de Santiago del Estero. Ayer, organismos de derechos humanos lo denunciaron por crímenes ocurridos en el año ‘75, cuando ya gobernaba su provincia.

› Por Victoria Ginzberg

La Asociación de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Familiares de Desaparecidos de Santiago del Estero denunció ayer al ex gobernador Carlos Juárez por cinco secuestros realizados en los meses previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Una de las víctimas desapareció directamente de la Casa de Gobierno provincial. Se trata de Emilio Alberto Abdala, quien era concejal de Clodomira. El 3 de diciembre de 1975 se reunió con el ministro de Gobierno de Santiago del Estero, Antonio Robin Zaiek. Quería pedirle explicaciones porque unos días antes habían allanado su casa. Mientras se realizaba la entrevista, entraron el comisario Antonio Musa Azar y el jefe de Informaciones, Tomás Garbi, quienes se llevaron a Abdala. El concejal fue visto por última vez cuando ingresó, acompañado por los dos funcionarios, a la vieja casona en la que funcionaba la División Informaciones Policiales.
La presentación efectuada ayer en el Juzgado Federal de Santiago del Estero detalla cinco casos de desaparecidos secuestrados antes del golpe de Estado de 1976, durante el gobierno constitucional de Juárez. Entre los acusados, además del caudillo, están Robin Zaiek, Musa Azar y los militares Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y Daniel Correa Aldana, ex jefe del batallón 141 de Santiago del Estero. También figuran los ex agentes de inteligencia Ramiro López –que sigue siendo miembro de la SIDE–, Manuel García, Miguel Garbi y Jorge Damico.
“El aparato represivo se mantiene intacto hasta nuestros días, permite el funcionamiento de un sistema de impunidad y abuso de poder, que tuvo su máxima expresión con el doble crimen de La Dársena, asesinatos y apremios ilegales sin resolver por la Justicia santiagueña”, señaló Antenor Ferreira, uno de los abogados que hizo la presentación junto con Juan Llinás, Héctor Carabajal y Mabel Mathieu.
El 13 de marzo de 1976, Emilio Antonio Ibarra fue secuestrado en su casa de la ciudad de La Banda. “Se encontraba descansando cuando golpearon la puerta y preguntó de qué se trataba. Le contestaron que era la policía y entonces se levantó de la cama, abrió la puerta y lo empujaron dos hombres encapuchados, apoyados por cuatro más que, portando ametralladoras irrumpieron a la casa”, se relata en el escrito. La madre, que estaba en el lugar, fue atada a unos árboles frutales del fondo. Cuando la policía se fue y la mujer logró liberarse, vio la cama de su hijo llena de sangre, así como un rastro que iba de la habitación hasta la puerta de entrada.
De Abdala, que era concejal por el MID (en ese entonces línea oficial del PJ) y ejercía la intendencia de Clodomira, se cuenta que fue a la entrevista con Zaiek acompañado del odontólogo Alberto Jaime. Este narró que el ministro de Gobierno le dijo al concejal que era considerado un “subversivo” y que lo iban a detener. “A los pocos minutos ingresaron a Casa de Gobierno el comisario Musa Azar y Garbi, a lo que el primero expresó que llevaría a Abdala a su despacho, indicando que no iba a estar como en su casa, pero estaría cómodo”, indicaron los querellantes. Voceros del juarismo aseguraron recientemente que Abdala había estado detenido en el Batallón de Ingenieros de Combate. Los organismos de derechos humanos de la provincia no saben si se trata de una mentira destinada a confundir y desviar las investigaciones o de una confesión.
Los otros casos que figuran en la presentación son los de Félix Daniel López Saracco, Luis Alejandro Lescano y José Teodoro Loto Surita, todos desaparecidos en los meses previos al golpe de Estado. Próximamente la denuncia se ampliará con la desaparición de Ana María Mrad.
La Asociación de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y Familiares de Desaparecidos de Santiago del Estero sumó estos hechos al expediente que inició el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, el 17 de noviembre pasado. El funcionario denunció ante el juez federal Angel de Jesús Toledo 29 casos de desapariciones y torturas que figuraban en la Conadep e involucraban al detenido y procesado Musa Azar.

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