Para la gente pudo más el prontuario que la inteligencia por la que Carlos Grosso dijo haber sido nombrado durante el efímero gobierno de Adolfo Rodríguez Saá. Y lo echaron a cacerolazos. Ayer la Justicia abultó los antecedentes penales del ex intendente porteño al dictarle la prisión preventiva como coautor de una asociación ilícita que cometió irregularidades en la licitación del complejo Golf-Velódromo en 1991, cuando era jefe comunal durante el primer gobierno de Carlos Menem. La Sala VII de la Cámara del Crimen resolvió además embargar por 10 millones de pesos los bienes del ex funcionario. ¿Por qué Grosso no fue preso de inmediato? Es el juez del caso quien debe implementar la orden de detención y Página/12 pudo saber que el fiscal Pablo Lanusse también pedirá el encarcelamiento de Grosso a primera hora del lunes. Pero sus abogados presentarán un pedido de eximición de prisión que seguramente será acogido favorablemente por el magistrado por lo que seguirá gozando de su libertad.
Este proceso lleva más de diez años y se inició con una denuncia del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, referida a la licitación de la concesión del Golf-Velódromo. Luego quedó como querellante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, con el abogado Eduardo Guarna en representación de ese organismo. Grosso fue sobreseído en cuatro oportunidades por el juez de instrucción Eliseo Otero, quien además había determinado la prescripción del expediente. En todos los casos, la Sala VII revocó esas medidas y en esta última resolución cuestionó severamente al magistrado. Los camaristas Abel Bonorino Peró y Juan Manuel Piombo expresaron su “desazón por los magros resultados obtenidos en el largo tiempo que lleva esta investigación”. El juez Otero debería implementar la decisión de la Cámara ordenando el encarcelamiento del ex intendente, pero en Tribunales descontaban que concederá la eximición de prisión o la excarcelación que seguramente presentarán sus defensores. El prontuario de Grosso sumó más de veinte causas y aún sigue procesado en dos, la referida al Parque 3 de Febrero que debería ser elevada en breve a juicio oral, y la de la Escuela Shopping, que está a estudio de la Corte Suprema. Sin embargo, nunca estuvo tan cerca como ahora de los barrotes.
Fuentes vinculadas al caso consultadas por Página/12 destacaron el valor de la resolución en cuanto estableció que “una estructura de poder puede convertirse en una asociación ilícita cuyos miembros deben ser encarcelados o por lo menos ser sometidos a proceso”, desafiando la opinión vertida por la Corte Suprema en el fallo que posibilitó la liberación del ex interventor del PAMI Víctor Alderete, el empresario Emir Yoma y el ex presidente Carlos Menem. Pero cuestionaron que la resolución haya calificado a Grosso como coautor dado que se desempeñaba como jefe del Gobierno comunal y en tal sentido lideró la banda.
La denuncia de Ibarra se basó en la constitución de una presunta empresa ad-hoc denominada AESA, según los investigadores vinculada con ex funcionarios del gobierno menemista, para acceder al control de la concesión. El fiscal Lanusse, quien impulsó la causa junto con su colega Félix Crous, consideró en oportunidad de uno de sus reiterados pedidos de detención de Grosso que estaba probado que la licitación del complejo Golf-Velódromo “fue una concesión directa encubierta y espuria producto de la connivencia delictiva de funcionarios y empresarios a los que se benefició con dicha gracia”.
El ex intendente está procesado por la presunta entrega directa –violando la entonces vigente ley de convertibilidad– de la explotación del predio a AESA, empresa que cuando se creó “prácticamente no tenía giro comercial”, pero “se fue modificando tanto en su objeto social como en su capital e integrantes, tratando así de adaptarse a los requerimientos que imponía la licitación en forma contemporánea al trámite”.
La preventiva de Grosso también alcanza a otros ex funcionarios municipales, entre ellos Manuel Fernando Guerrero, Alfredo Kalinsky y el ex edil justicialista Jorge Castells. Además, los camaristas ordenaron resolver la situación procesal del hijo del empresario Jorge Antonio, Héctor (representante de AESA), y los ex concejales porteños Jorge Argüello y Francisco Siracusano.
Grosso volvió efímeramente a la función pública como asesor de la Jefatura de Gabinete durante la también fugaz gestión de Adolfo Rodríguez Saá en la Presidencia y cuando empezaba a recibir cuestionamientos afirmó: “El Presidente no me eligió por mi prontuario sino por mi inteligencia”. El fin de su gestión lo marcó la entonces incipiente movida del cacerolazo.