“No estamos ante una ley antipiquetes estrictamente, como dice Patricia Bullrich, sino ante una ley de criminalización de la protesta social que legítima el asesinato de luchadores porque, como ha señalado el CELS, no prohíbe explícitamente el uso de armas de fuego ni balas de goma para dispersar manifestaciones”, dijo Natalia Saralegui, dirigente de la Tendencia Piquetera Revolucionaria, en el corte de Callao y Corrientes que realizaron ayer organizaciones de izquierda contra el Protocolo oficial para manifestaciones públicas.