El ministro de Justicia, Germán Garavano, se ve suelto aun cercado por cámaras y micrófonos, casi que disfruta. Sonríe cuando gambetea las preguntas con facilidad. También sonríe cuando le insisten para que conteste. En un salón estrecho de la cartera decorado con una foto de Mauricio Macri con banda presidencial, presenta oficialmente lo que llama, con aire futurista, “Justicia 2020” mientras circulan platos con masitas. Es su plan de reformas en todos los rubros judiciales, pero donde señala como prioridad lo más taquillero: la justicia penal, el narcotráfico y el crimen organizado, para lo cual enviará el 1 de marzo ocho proyectos de ley, para empezar. El paquete cercano incluye fijar un plazo de duración al mandato del Procurador/a general, que sugiere que habría que aplicar a Alejandra Gils Carbó, y la limitación de sus funciones; la creación de un grupo de jueces que se especialicen en crimen organizado y narcotráfico; convertir tribunales orales ordinarios en federales; fusionar la justicia correccional con la de instrucción; promover una ley del arrepentido; una de juicio en ausencia, entre otras cosas.

Garavano presenta algunos de los temas como reformulaciones con críticas sobre leyes que impulsó Cristina Kirchner. Señala que “la suma del poder” que cree que hoy tiene el cargo de Procurador (jefa de los fiscales) “no es compatible con el sistema acusatorio”, donde los fiscales investigan y los jueces son garantes. Así justifica el acortamiento del mandato (hoy vitalicio) a cuatro años, que Gils Carbó cumple en agosto. El proyecto de ley, aclara, no dirá si es de aplicación retroactiva, aunque eso podría figurar en alguna cláusula transitoria, pero sí determinará que deje de intervenir en concursos y remociones. “La decisión de dar un paso al costado o no es de ella”, advierte. La reforma procesal penal advierte que se postergó por consenso para 2017, incluso a pedido de la Comisión Bicameral.

Al comienzo de la conferencia, Garavano enumeró temas, entre ellos “derechos humanos”. Cuando Página/12 le preguntó si le trasladarán al presidente norteamericano Barack Obama el pedido de los organismos para acceder a los archivos no desclasificados sobre el período dictatorial contestó: “Tomamos nota”.

La creación de un equipo de jueces (ya en funciones) para el narcotráfico y crimen organizado así como el traspaso de la justicia penal nacional a la Ciudad de Buenos Aires (que llevaría siete años), reflotaron el fantasma de que sean mecanismos para diluir el poder de los jueces federales porteños, algo que Garavano niega rotundamente. Sostiene que hoy los tribunales de todo el país tienen pocos recursos y herramientas para investigar delitos complejos y para que haya jueces especializados que puedan actuar en distintos lugares del país. Lo que no queda claro es cómo se complementaría esto con el sistema acusatorio donde, en rigor, la investigación estará a cargo de las fiscalías. Hoy, de hecho , existe una procuraduría especializada, la Procunar, que se focaliza en zonas calientes y ha descubierto y denunciado la complicidad judicial –el caso del juez de Orán, Raúl Reynoso, es paradigmático– con el narcotráfico.

“La Justicia tiene una deuda pendiente con la sociedad”, afirma Garavano, y promete que los cambios serán fruto de la discusión colectiva. “Justicia 2020” estará coordinado por el radical Ricardo Gil Lavedra. Algunos de los temas que figuran en una carpeta de presentación son la reforma del Consejo de la Magistratura, la ley de subrogancias, de acceso a la información, de juicio por jurados, la ley penal juvenil, el Código Penal, el juicio en ausencia (que se piensa para el caso AMIA, aunque es cuestionado por muchos juristas por ser contrario a nuestro sistema) y el de creación de la Policía Judicial, fogoneado por la Corte, que sumaría poder.