A mediados de 1936, un grupo de radicales concurrencistas enfrentados a los conservadores fundaron en el departamento Leales de Tucumán la Compañía Azucarera del Norte o Ingenio Leales. El abogado Fernando de Prat-Gay fue el primer presidente del directorio y fue el abuelo de Alfonso de Prat-Gay, hoy ministro de Economía. El Ingenio Leales siempre fue uno de los establecimientos mas chicos de la provincia, pero segundo en cantidad de obreros a mediados de la década del 60, cuando aparece vinculado a los zares del azúcar, con una historia en la que también pueden leerse patrones de acumulación económica y represiva. En diciembre de 1965, Fernando de Prat-Gay integró la Comisión Especial del poderoso Centro Azucarero Argentino (CAA) controlado por los Blaquier, que impulsó el cierre de once ingenios azucareros. Esto ocurrió en 1966 con el golpe de Juan Carlos Onganía y produjo el destierro de 200 mil trabajadores del sector. Para 1976, con el último golpe de Estado, el Ingenio Leales aparece entre las industrias azucareros de Tucumán que aportaron abultadas sumas al Fondo Patriótico Azucarero impulsado por Domingo Antonio Bussi. Para entonces, Jorge de Prat-Gay, padre del ahora ministro, fue designado en el directorio del Banco Nación. Parte de los beneficios del clan familiar de los Prat-Gay durante la dictadura fueron denunciados en 2013 por la Comisión Nacional de Valores, pero el dato menos conocido es una investigación que lleva adelante la Justicia federal tucumana sobre por lo menos cinco secuestros en el Ingenio Leales, entre los que hay obreros de la Fotia, al menos uno desaparecido.

Delegados

“Yo trabajaba para el Ingenio Leales y tuve que ir deambulando de acá para allá durante la dictadura, por miedo a que llegaran a la casa de mis padres, porque a cada rato entraban e hinchaban las pelotas, a mi madre y a mis hermanos. Responsable de esto es el ingeniero Jorge de Prat-Gay, el papá del ministro de Economía hoy por hoy. La oligarquía azucarera de esa época es la oligarquía de todos los tiempos, lo mismo pasaba en todos los ingenios de Tucuman”. J.Q. nació en el departamento de Leales en 1952. A los quince años comenzó a trabajar en el Ingenio Leales con el oficio de carpintero. “Desde muy chico fui trabajador del Ingenio. Trabajé desde el año 1968. Y se puede decir que nací con esa sangre de ser dirigente gremial: me dí cuenta de que llevaba eso en la sangre porque a los cuatro años, el 17 de octubre de 1956 –en pleno paro de la CGT–, tuve que salir corriendo por la persecución de los aviones que bombardeaban los costados de la fábrica y eso para mí fue un despertar tremendo”.

En los ‘70, J.Q. fue delegado de sección en Leales y participó en los Congresos de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (Fotia). En 1975, con el fondo del Operativo Independencia, los grupos de Tareas del Ejército allanaron la casa de sus padres y se llevaron a un hermano porque no lo encontraron a él. A J.Q. lo detuvieron finalmente en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán y después de varios centros clandestinos pasó por la Escuelita de Famaillá. La publicación de su nombre en solicitadas de la época que logró difundir la Fotia lograron salvarle la vida y hacer que liberaran dos semanas mas tarde. Pasó la dictadura escondido en Buenos Aires.

J.Q. no es único obrero azucarero víctima de la represión en el Ingenio. Hacia 2008, con la reapertura de los juicios de lesa humanidad en todo el país, Hugo Santillán se sentó frente a una hoja de papel a dibujar un mapa de la provincia. Hugo es un ex dirigente azucarero, delegado de Fotia, tornero en el Ingenio Bella Vista pegado a Leales. Tiene la piel curtida, las manos grandes, el pelo blanco, lleva una enorme cruz de madera bajo la camisa y cuando se presenta dice que es seguidor como perro de sulky. Además, y muy importante para esta historia, es hermano de Atilio Santillán, uno de los símbolos de la lucha obrera entre los trabajadores del azúcar. Atilio fue secretario general de Fotia primero entre 1965 y 1968 y después de 1973 al 22 de marzo de 1976, cuando fue asesinado en Buenos Aires. Frente a ese mapa dibujado con los puntos de la provincia, Hugo se dio cuenta en 2008 que tenía una tarea pendiente. Recorrió cada pueblo de la provincia, ingenio por ingenio, para buscar los nombres de obreros del azúcar víctimas de la dictadura. Su lista original contenía aproximadamente 60 nombres, que hoy pasaron de cien. La lista está en el origen de la primera investigación que se abrió en la Justicia federal por la represión en los ingenios y es una fuente clave para el mundo de las ciencias sociales.

“En los años 70 se reúnen los industriales azucareros, van a ver a Bussi y le ofrecen una donación”, dice Santillán. “Hacen un aporte de bolsillo de 4.640.000 dólares, de los cuales el padre del actual ministro de Economía pone 240.000. La plata no la pusieron ellos en realidad, nos la descontaron a los trabajadores mediante una resolución de Bussi que fue el autor de la Ley del Fondo Patriótico. Para nosotros, ese fue el pago (de los industriales) por el trabajo de sangre que llevó adelante Antonio Domingo Bussi”.

La Fotia

Según el informe Responsabilidad Empresarial en delitos de lesa humanidad publicado el año pasado por Flacso, el CELS, el Programa Verdad y Justicia y la secretaria de Derechos Humanos del ministerio de Justicia, los obreros del interior de la provincia fueron el universo más numeroso entre las víctimas de la represión tucumana. De las “269 víctimas judicializadas en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Operativo Independencia –señala–, alrededor del 42 por ciento fueron obreros y jornaleros del interior de la provincia y sus familiares directos, quince por ciento fueron dirigentes sindicales y gremiales, ocho eran comerciantes y personas de oficio del interior de la provincia, otro 8 por ciento eran empleados públicos, cinco por ciento eran profesionales independientes, el cuatro por ciento eran estudiantes universitarios, el dos por ciento militantes de partidos políticos de izquierda y solo el 7 por ciento acreditaba alguna vinculación con el ERP/PRT o con Montoneros”.

Silvia Nassif, doctora en Historia, becaria del Conicet y tucumana, señala que “no puede entenderse a qué vino el golpe de Estado con el prólogo del Operativo Independencia en febrero de 1975, si no se entiende el lugar político y sindical que ocupaba a la Fotia”. Hasta el día de hoy, señala, “la actividad más importante en Tucumán sigue siendo el azúcar y el Operativo Independencia implicó la desarticulación de ese movimiento obrero que era pujante. Hoy todavía no tenemos clara la cantidad exacta de obreros del azúcar desaparecidos. Y no es casual que sean de los sindicatos más importantes”. La Fotia tenía sindicatos de base con comisiones directivas y cuerpos de delegados. Dentro de la organización estaban los obreros de fábrica y de surco. También tenía un congreso de delegados seccionales que reunía a delegados de cada ingenio. En Tucumán, la Fotia asumió el lugar de lucha por el regreso de Perón aunque en la Federación se manifestaron también otras corrientes de la izquierda. “Para los años 60, superaba los cien mil afiliados. En 1966 llegaron a participar 600 delegados en un Congreso para discutir no sólo reivindicaciones obreras gremiales sino la política. Por eso, hay que entenderla no sólo como fuerza gremial sino política. De hecho, en el año 1973 Tucumán tuvo dos listas del PJ: una era el Frente Unico del Pueblo, encabezada por los obreros azucareros que habían luchado en las revueltas”.

Hugo Santillán señala algo parecido: “La Fotia era el segundo poder en la provincia”.

–¿Quién era el primero?

–El gobierno.

La grasa militante

Para 1966, como recuerda el Informe de Responsabilidad empresaria, Tucumán “realizó uno de los primeros ensayos de reestructuración y concentración del capital, diez años antes del golpe de Estado de 1976”. El rol del Centro Azucarero Argentino en el cierre de los Ingenios hace que Hugo Santillán hable de dos genocidios: “En Tucumán hubo dos genocidios. Uno social, en 1966 con el perjuicio de 200 mil personas que tuvieron que salir a emigrar. Y el otro genocidio de 1976, que ya es físico y humano con consecuencias sociales también porque se echan a miles de personas a la calle”.

De ese período previo son los datos ahora mas nombrados en las causas judiciales de lesa humanidad. Entre ellos, la instalación del destacamento de Gendarmería en Ledesma, que aparece para detener el avance de la organización obrera a la que los industriales veían como el fantasma comunista. El historiador Roberto Pucci es quien instala a los Prat-Gay en esa época en su libro Historia de la destrucción de una provincia. Pucci es uno de los hombres más citados en las causas del norte y revela la negociación por el cierre de los ingenios. “Un sector de los propietarios de ingenios tucumanos, apostando a que la destrucción forzada de los ingenios y la eliminación de los pequeños productores cañeros, favorecía la concentración del poder económico en sus manos, se aliaron a ese plan pese a que en el corto plazo condenaba a toda la provincia a la agonía. En diciembre de 1965, una comisión especial de la CAA, corporación que se encontraba bajo el férreo control de Blaquier-Arrieta, elevó al PEN un plan para el cierre de doce ingenios azucareros y la redistribución provincial de los cupos de producción. Aquella comisión especial de la CAA estuvo integrada por Carlos Pedro Blaquier del ingenio Ledesma y por Alfonso Nogues, Fernando de Prat-Gay (h) y Juan José Sortheix pertenecientes al grupo de industriales tucumanos encabezado por la familia Paz del ingenio Concepción, comprometido en el proyecto de reorganización y monopolización del ázucar”.

Para 1966, el Ingenio Leales tenía una producción de azúcar chica comparada al resto de los ingenios. Desde ese punto de vista se lo considera como uno de los mas chicos de la provincia. Los obreros del ingenio estaban organizados en el Sindicato Azucarero de Leales y pertenecían a Fotia. “Toda la dictadura de Onganía-Levingston-Lanusse estuvo atravesada para los azucareros por la lucha de la reapertura de los ingenios cerrados y para evitar el desplazamiento de mano de obra, ya que sólo en la agro-industria azucarera en esos años se pierden aproximadamente 50.000 puestos de trabajo”, cuenta Nassif.

“El Ingenio es el más chiquito de la provincia”, dice ahora Santillán. “Yo lo que nunca entendí es por qué había quedado en pie en 1966 y no lo pusieron en la lista para cerrarlo, porque cerraron fábricas de primer nivel. Ahora, cuando después del 76 Jorge de Prat-Gay fue designado presidente del Banco Nación, me dí cuenta de cuál era la cuestión”.

Leales

Para 1976, el directorio de la Compañía Azucarera del Norte tenía cinco Prat-Gay: Fernando (presidente), Máximo (vice), Jorge (director delegado), Gastón y Amelia (directores, sin funciones ejecutivas a cargo). A los ojos de los obreros, Jorge de Prat-Gay aparecía como el dueño. De acuerdo al decreto Ley N 4.536 del 26 de agosto de 1976, la Compañía Azucarera del Norte aportó al Fondo Patriótico Azucarero quince mil por cada persona en relación de dependencia afectada a la planta fabril y escritorios, y cien peos por tonelada de caña molida propia desde el 1 de Julio.

Como sucedió en otros Ingenios tucumanos, la Compañía Azucarera del Norte tuvo un campamento militar durante la dictadura, según explica Santillán. “Cuando fue el golpe de Estado –dice– pusieron al Ejército en todos los ingenios de Tucumán. Instalaban una carpa grande y en chalets del Ingenio quedaban los oficiales”. Eso sucedió por ejemplo en el chalet del Ingenio Bella Vista, hoy considerado centro de detención ilegal. Y sucedió en Santa Lucia. En Leales, Santillán sólo menciona el campamento. Según otro de sus datos, la administración del Ingenio estuvo en manos de un capitán de navío de apellido Becerra.

Ambos datos –hay que decirlo– no son extraños. Situaciones similares se vivieron en Ledesma, en la Ford o en la empresa Veloz del Norte para citar ejemplos conocidos. Estos son, de hecho, alguno de los patrones que encontró el grupo de trabajo del Informe de Responsabilidad empresaria durante las investigaciones sobre doscientas empresas.

Entre los obreros de Leales víctimas de la dictadura, Santillán anotó en su primera lista el nombre de Pedro Benicio Silva. Silva era un obrero temporario de surco del Ingenio Leales, dirigente gremial de la Fotia y candidato a secretario general del Sindicato Azucarero de Leales en las elecciones de 1975. A Silva lo secuestraron tres veces. La primera vez fue una semana antes de las elecciones de 1975. Luego de “pegarle salvajemente”, explica Santillán, lo dejaron tirado a un costado de la ruta 38. Hubo un segundo secuestro y luego un tercero: el 17 de noviembre de 1976 lo desaparecieron definitivamente desde Buenos Aires.

Otro de los nombres conocidos es Jesús “Chicho” Ortega, un soldador del taller mecánico del Ingenio Leales que fue secretario general del Sindicato del Ingenio Leales con cargo de tesorero de la Fotia en 1973. El 24 de marzo de 1976, la Fotia fue intervenida. “A Chicho se lo llevaron después de que terminaron de ver los papeles de la Tesorería –dice Santillán– él había perdido la elección de 1975, pero mi hermano intervino ante las nuevas autoridades para que lo dejaran seguir ejerciendo”. Ortega estuvo en el circuito de cárceles y hoy es sobreviviente de ese segundo genocidio.

La fiscalía federal de Tucumán a cargo de Pablo Camuña investiga a cinco desaparecidos del Ingenio Leales.