Una segunda oleada de despidos está golpeando, junto con la finalización de febrero, a los trabajadores del Estado. Cerca de 700 personas, de acuerdo con el registro de ATE-Capital, fueron echadas de organismos como la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la Anses, el Inadi y los ministerios de Industria y Trabajo, entre otras reparticiones. A este panorama negro se sumó la caída de los convenios por universidad, que puede tener efectos todavía mayores: sólo en el Ministerio de Salud –en el caso de que no sean renovados– quedarán otros mil trabajadores sin empleo.

Tras el envío de las notificaciones, hubo cortes de calles, tomas de edificios, batucadas y asambleas en los lugares de trabajo. Los dirigentes de ATE advirtieron que ante la decisión del Gobierno de intensificar las cesantías habrá crecientes niveles de conflicto.

La nueva tanda de despidos tiene que ver con la finalización de contratos que caducaron el 29 de febrero. Aunque el macrismo anunció inicialmente, como un paliativo, que los renovaría hasta el 31 de marzo, mientras hacía la “revisación” de la planta del Estado, la verdad es que sólo renovó una parte, en general en relación a la resistencia encontrada. Ayer, en el Ministerio de Salud, los afectados organizaron una “permanencia pacífica” en la sede de la cartera. La mayor parte de los contratados de Salud se desempeñan en programas de abordaje territorial, que desde diciembre fueron desactivados, como el programa de Organización Comunitaria en Salud, la dirección de Salud Mental y Adicciones, la Dirección de Salud Bucodental y el Programa Cuidarse en Salud.

Su vaciamiento implicó que miles de personas, pertenecientes a las franjas más vulnerables de la población, dejaran de recibir atención médica preventiva. El ejemplo más evidente es el de los doscientos trabajadores de las unidades móviles –son cuarenta camiones con equipos médicos, odontológicos, de vacunación y de diagnóstico por imágenes– que se pasaron los últimos dos meses sin que el ministerio les diera funciones, mientras el número de afectados por enfermedades por el dengue ganaba espacio en las noticias y los inundados del noreste volvían a sus barrios sin operativos de vacunación.

En el Inadi los despedidos desde el viernes a ayer llegaban a un centenar: nada menos que el 20 por ciento de su planta. En la puerta del organismo, ubicado en Avenida de Mayo y San José, ayer organizaron un corte de calle y permanecieron manifestando desde las ocho de la mañana a la una del mediodía. “La nueva dirección a cargo de Javier Buján, que se jactó de iniciar una política de puertas abiertas, no abre el diálogo a los trabajadores ni al sindicato. Incluso sacaron los picaportes del área de ingreso a sus despachos, en el quinto piso, y los reemplazaron por porteros eléctricos, para evitar el acceso”, contó la delegada Julia Amore.

Durante la jornada el Inadi estuvo de paro, con un acatamiento que ATE estimó como total. Además del piquete, los despedidos repartieron a los transeúntes publicaciones impresas durante la gestión anterior, destinada por la nueva –señalaron– a ser destruida. Hoy, los despedidos permanecerán en el hall del edificio y participarán, turnándose, de la asistencia a las víctimas. En este marco, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) difundió una carta abierta al presidente Mauricio Macri en la que pidió que revea los despidos y garantice “la continuidad de las políticas para los colectivos vulnerados”.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo fue otra de las áreas afectadas, con más de 200 despedidos. Allí hubo una batucada y se realizaron asambleas, al igual que en otras reparticiones como la Anses (120 notificados) el ministerio de Industria y Comercio (hay versiones de que se sumarían 300 cesantes) y Trabajo (50 personas).

“El gobierno parece no haber tomado registro de lo que pasó el 24 de febrero”, consideró ante la nueva ola de despidos el titular de ATE, Hugo Godoy, aludiendo a la marcha contra los despidos que la semana pasada desbordó la Plaza de Mayo. En ese sentido, el dirigente advirtió que la administración PRO “está tratando de apagar con nafta un incendio que se va a ir multiplicando, porque así como hicimos una permanencia en el Ministerio de Salud y se movilizaron miles de compañeros en La Plata para rechazar el techo en las paritarias, los estatales vamos a seguir dando respuesta, ministerio por ministerio, para reclamar que todos sean reincorporados. Esto hace presumir que se van a ir produciendo nuevos focos día a día”.

Daniel Catalano, de ATE Capital, agregó que “el mensaje que da el presidente es que está decidido a desguazar el Estado. Si (en el PRO) dicen que están ahorrando plata mienten, porque al mismo tiempo que despiden, están metiendo gente en los ministerios con salarios de cien mil pesos. Lo que hacen es dañar al Estado, hacerle perder funciones, es decir que no sólo generan desocupación, sino también pérdida de derechos para toda la sociedad”.