La vicepresidenta Gabriela Michetti decretó una nueva ola de despidos en el Senado. Más de 300 trabajadores de planta transitoria fueron cesanteados ayer en la Cámara alta y a otros 76 se los jubiló. La decisión fue tomada a través del decreto 107/2016, en cuyos argumentos la presidenta del Senado insiste con la muletilla del “crecimiento desmedido e injustificado” del personal, el mismo argumento que utilizó a principios de enero para echar a la calle a la friolera de dos mil empleados. “Son agentes de la planta política”, intentaron justificar desde la presidencia del Senado, amparándose en el cambio de autoridades nacionales. El recorte de Michetti engruesa el número de despedidos por el Gobierno en lo que va de la semana, que ya alcanzó a más de mil trabajadores de distintas áreas del Estado.

La justificación de los despidos que acompaña el decreto sostiene la necesidad de un ajuste en el pago de sueldos, por el “impacto presupuestario” que implicó “el enorme aumento de la planta transitoria”. Para la vicepresidenta, se produjo en el último tiempo “un crecimiento desmedido e injustificado de empleados públicos” que no obedeció a “la estricta necesidad de funcionamiento” del Senado, sino a razones políticas.

Los argumentos resultan contradictorios, al menos, con la designación y promoción de distintos familiares y allegados a legisladores del PRO dentro de la estructura del Senado que se produjeron en el último tiempo, en paralelo a los despidos. Entre ellos se encuentran el hermano de Federico Pinedo (jefe de la bancada del PRO), Enrique Pinedo, nombrado en simultáneo en dos cargos, o el de una prima de la propia Michetti, María Alejandra Illia, quien ascendió dos categorías tras la jura de la vicepresidenta el 10 de diciembre y pasó a ocupar la jefatura de su propio despacho. Al conocerse el nombramiento de su parienta, Michetti debió salir a dar explicaciones y culpó a los medios por dar a conocer la noticia. “Se les ocurre que la suba de la categoría de la persona que va a ocupar la jefatura de despacho de la vicepresidenta de la Nación, y que cobrará en mano 30 mil pesos asumiendo la tarea de dos personas es una noticia. Realmente no lo puedo creer. ¿No les parece noticia que la vicepresidenta viaje en turista?”, se atajó.

El decreto sigue con la misma línea argumental de despilfarro vs. racionalidad, presente tanto en el discurso del Presidente durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso como en los justificativos esgrimidos por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, para el mismo fin. “El ejercicio razonable de la proyección de los recursos humanos determina la calidad de la gestión pública, resultando agraviantes para la ciudadanía las designaciones de agentes en forma indiscriminada y sin control”, reza el decreto.

La primera ola de despidos fue anunciada el 4 de diciembre, y fue la que abrió el grifo para el resto de las cesantías en el sector público, que según la Central de Trabajadores de la Argentina ya alcanzó a 22 mil personas.

En aquella primera oportunidad, Michetti tuvo que rectificar su decisión en varios casos y volver a tomar a empleados. De los 2035 despedidos que inicialmente figuraban en las planillas (muchos de ellos mujeres embarazadas y personas con discapacidad), más de mil lograron ser reincorporados en sus puestos.