El 31 de marzo termina el plazo para la revisión de los concursos y contrataciones de trabajadores del Estado de los últimos tres años, el mecanismo abierto por Mauricio Macri, tras su asunción como presidente, para impulsar despidos masivos en la administración pública. ATE Capital prepara para la noche del miércoles una vigilia en las puertas de los ministerios, que será seguida de un paro. El número de estatales en peligro de quedar en la calle por la gestión de Cambiemos llega, según la estimación de fuentes gremiales, a los 25 mil.

“Hasta hoy tenemos siete mil despidos certificados. Logramos reincorporaciones, pero son minoritorias en relación a la cantidad de compañeros que quedaron sin empleo; por otra parte, mientras en muchos lugares se negocia, siguen llegando avisos de nuevos despidos”, advirtió el titular del ATE porteño, Daniel Catalano.

Como capital del país, la ciudad de Buenos Aires concentra a las oficinas de la administración pública nacional. Los ministerios nacionales con más despedidos vienen siendo los de Justicia (donde suman más de 700), Cultura (unos 500) y Educación. En ellos el PRO embistió contra programas como el Verdad y Justicia, la asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la Unidad de Investigaciones Financieras –clave para avanzar en la determinación de la complicidad empresarial con la dictadura– o el Plan Conectar Igualdad, entre otros. Esa ofensiva todavía no terminó, y todo indica que tendrá su pico la semana que empieza.

“El macrismo sigue avanzando con violencia contra los trabajadores del Estado y por eso es la necesidad de otra huelga; no descartamos que el conflicto se agudice y llamar a un nuevo paro después del 31”, agregó Catalano.

Esta semana, el martes 29, la CTA Autónoma de Pablo Micheli realizará una jornada de protesta con paros y movilizaciones en todas las provincias “contra los despidos, el ajuste y los tarifazos”.

Con la consigna “ni un despido más, ni un trabajador menos”, en la ciudad de Buenos Aires habrá una movilización al Congreso, a partir del mediodía, en la que participarán junto a esa central las organizaciones de la Multisectorial (Corriente Clasista y Combativa, MST y Barrios de Pie, entre otras).

El miércoles le seguirá la vigilia frente a los ministerios y el jueves el paro de ATE Capital.

El decreto que instruyó a los ministros, secretarios y directores a revisar los concursos y contrataciones en la administración pública de los últimos tres años fue firmado por Macri el 24 de diciembre. Las cesantías masivas fueron desde entonces alimentadas por Cambiemos con el discurso antiñoqui, el argumento de que el Estado fue convertido por el kirchnerismo en un “refugio” de militantes, el de la falta de recursos y finalmente, la defensa abierta de un Estado chico, en el que los trabajadores cobren poco. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, apeló a las descalificación directa: sostuvo que los trabajadores echados eran “la grasa de la militancia”; el miércoles pasado fue incluso más allá: “Hasta ahora estuvimos acomodando la basura”, sostuvo sobre los despedidos.

En cambio, el presidente Macri apeló al cinismo. Dijo que su gobierno dio la “oportunidad” a los trabajadores despedidos de vivir dignamente, porque “iban al trabajo ocho horas a sentarse a hacer nada, lo que es denigrante”.

Más allá del argumento engañoso de los ñoquis como justificación de las cesantías, el macrismo sometió a cientos de trabajadores exactamente a ese camino de denigración. El ejemplo más cercano es el del Ministerio de Salud, donde inactivó los camiones sanitarios que, equipados con consultorios médicos, equipos odontológicos y de diagnóstico por imágenes, el año pasado habían llegado a 70 mil pacientes de sectores socialmente vulnerables. Tras la asunción del macrismo, los 200 trabajadores del programa, entre los que hay médicos, odontólogos y asistentes de la salud, pasaron dos meses hacinados en una oficina, ocho horas al día, sin tareas, reclamando que les permitieran salir a atender.

Los contratos bajo revisión son 25 mil, todos realizados a partir de 2012. Según el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, los despedidos “sólo” fueron seis mil. La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, blanqueó, en cambio, un número considerablemente más alto, de “20 mil personas”. Buscando sacarle peso al ajuste, la funcionaria sostuvo que representan “poco más del 1 por ciento” de las personas que ingresaron la estado durante la gestión kirchnerista.