El juez federal Rodolfo Canicoba Corral afirmó que ninguno de los investigados por las coimas en el Senado irá preso, lo cual motivó un duro cruce con el camarista Martín Irurzun, quien le replicó que eso constituía un inadmisible prejuzgamiento. El cruce se produjo durante una reunión convocada por el pleno de la Cámara Federal para supervisar la marcha de la investigación por el atentado contra la AMIA, que recayó en Canicoba luego del apartamiento de su colega Juan José Galeano. Si bien se trató de un diálogo informal durante un acuerdo convocado con otro fin, las palabras de Canicoba podrían tener consecuencias sobre su continuidad al frente de la investigación. Irurzun y Horacio Vigliani integran la sala que interviene en la causa del Senado. El mismo Irurzun, con Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, integra la Sala II, que el viernes dispuso el procesamiento de Carlos Menem por la omisión maliciosa en declarar su cuenta bancaria en Suiza.
El grave episodio mencionado y las cotidianas conferencias de prensa de Canicoba, en las que divaga sobre el expediente y diserta sobre la prueba rebajan la gravedad institucional del caso y lo convierten en la papilla mediática que nutre el descrédito social en las instituciones. Antes que él, el juez federal Norberto Oyarbide había desacreditado en una declaración pública el testimonio de Mario Pontaquarto. Más hábil, Canicoba dice lo contrario en público. Cuando la animadora Mirtha Legrand lo interrogó sobre sus expectativas en la causa, el presidente Néstor Kirchner respondió que tenía tanta confianza en la justicia como la sociedad argentina. De los cuatro jueces intervinientes, sólo Gabriel Cavallo realizó una instrucción aceptable, pese a lo cual caen sobre él acusaciones infundadas que se repiten en programas de televisión y foros políticos, a pesar de las claras evidencias del expediente que las refutan y que ya han obligado a un programa de televisión y a un semanario a retractarse. Por ejemplo, se afirma que Cavallo negoció su actuación en la causa por su ascenso a camarista. Está documentado que se inscribió en el concurso para una vacante en la Cámara Federal antes de que se abriera una causa por las coimas en el Senado, y rindió su examen ante el jurado del Consejo de la Magistratura mientras ese expediente estaba en manos del juez federal-inmobiliario Carlos Liporaci. En seis meses, Cavallo instruyó catorce cuerpos de expediente, contra cuatro en dos años del actual magistrado. También consta que una vez que el Consejo de la Magistratura incluyó su nombre en la terna, se excusó de seguir entendiendo en la causa, en la que practicó todas las diligencias necesarias para determinar el patrimonio de los Senadores sospechados y sus familiares. También ordenó dos peritajes distintos de las cuentas entregadas por la SIDE, uno por la Oficina Anticorrupción y otro por el cuerpo pericial de la Corte Suprema. Ambos indicaron que la rendición ofrecida por Fernando de Santibañes era formalmente correcta. Antes de dejar la causa, ordenó que de la formalidad se pasara a la realidad y se verificara si cada gasto informado por la SIDE se había realizado tal como indicaban los papeles. Tampoco es cierto que haya dictado ningún sobreseimiento, obstruido las medidas reclamadas por los fiscales ni cerrado la investigación.
Metáforas
La historia de Pontaquarto es una patética metáfora de la clase política argentina. Entusiasta militante de la juventud alfonsinista, que se autodefinía como portadora de la vida y de la paz, obtuvo su primer empleo público en el Senado hace ahora veinte años. Forma parte de la primera camada de militantes rentados, que nacieron a la política con una caja de PAN bajo el brazo. Estaban convencidos de que la nueva democracia con la que se comería, se curaría y se educaría sólo estaba allegando un socorro transitorio a los nuevos pobres creados por la dictadura militar y no fundando un modelo de clientelismo y prebendas que degradó la ciudadanía y las instituciones. Su confesión puede marcar un nuevo punto de partida, que comprenda el saneamiento de las prácticas que pervirtieron a los tres poderes del Estado. Para que así ocurra, será imprescindible que los procedimientos que se apliquen sean cristalinos y ejemplares y estén por encima de las conveniencias políticas, las venganzas personales o la resurrección de los muertos vivos. Y, por supuesto, que las imprescindibles reformas institucionales sean simultáneas con un mejoramiento de las condiciones de existencia cotidiana de las principales víctimas de este proceso, arrojadas a la miseria y la desesperación. Hace muchos años que las perspectivas no eran tan favorables como ahora.
El loteo
El trato con el diputado nacional que designó a Pontaquarto, José Gorostegui, era que el muchacho de Luján (y otros que ingresaron junto con él), cobrarían un sueldo mensual para terminar sus estudios en la Facultad de Derecho mientras participaban en las actividades del Movimiento de Renovación y Cambio. Tenía 21 años y fue avanzando de a pequeños pasos en la estructura burocrática del Senado. Cuando promediaba la presidencia de Alfonsín, se casó con una reina de belleza de su pueblo. Nunca terminó aquellos estudios y lo único que sabe hacer es desplazarse a ciegas por los laberintos del Senado, que conoce de memoria, pero a los que no volverá a acceder. Su madre murió, lo cual alivia su vergüenza. Su padre está enfermo. Caminaba por las calles de su pueblo con orgullo ante cada constancia de que Mario era parte del aparato del poder. Cuando supo lo que su hijo se aprestaba a revelar, con lágrimas en los ojos lo apoyó.
Después de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, el alfonsinismo se evaporó. Carlos Menem ganó las elecciones de 1989 y Eduardo Duhalde colocó a sus personas de confianza en el Senado. Pontaquarto pasó a trabajar con el Senador radical Luis Brasesco, en cuyo despacho conoció a Daniel Bravo, el amigo que tres lustros después le aconsejaría confesar en qué se había convertido. Bravo lo llevó a hablar con el jefe de gobierno de Buenos Aires, Aníbal Ibarra y con el jefe de gabinete de ministros del gobierno nacional, Alberto Fernández, quien se felicita por haberle exigido que contara todo a la justicia y por no haber hecho pública hasta entonces ni siquiera la existencia del quebrado y la calidad de sus revelaciones. De otro modo, sus cómplices más poderosos hubieran tenido tiempo suficiente como para intimidarlo y mellar la fuerza de su testimonio judicial, como parece haber ocurrido con el segundo arrepentido, gracias al arco de varios días que Oyarbide abrió entre el conocimiento público de su nombre y la hora de su declaración en tribunales.
En 1991 Pontaquarto dejó decepcionado el alfonsinismo y se mudó a las filas de la Corriente de Federico Storani, que, esta vez sí, renovaría y cambiaría la ya hueca retórica alfonsinista. Sin embargo, fue a parar a la secretaría privada del senador mendocino José Genoud y estrechó su relación con Enrique Nosiglia. Cuando Storani le preguntó qué había ocurrido en el Senado negó todo y se distanciaron. Había avanzado en la estructura partidaria hasta ser electo convencional nacional por la CON storanista. Llegó a ser Secretario de la Convención, un cargo clave para el trapicheo partidario. Aunque se opuso a la reforma constitucional de 1994 que permitió el ingreso de un nuevo senador radical por cada provincia de mayoría justicialista, por su conocimiento del Senado le encargaron los arreglos logísticos para la instalación en el cuerpo de quienes llegaban. Estas nuevas relaciones le permitieron ganar con comodidad la prosecretaría parlamentaria, en 1996. Uno de los 15 votos que lo consagraron fue el de Fernando de la Rúa. “Conocía el manejo administrativo como mi propia casa. Tenía buena relación con mi bloque. Los justicialistas me fueron conociendo y aceptando.” El Pacto de Olivos estaba en su apogeo, según la concepción que Alfonsín arropó con palabras grandilocuentes prestadas de la ciencia política para encubrir su cínica esencia: era necesario que nadie quedara a la intemperie para que no se sintiera tentado a romper las reglas del juego. La presentación de Pontaquarto, confirma la astucia de aquella previsión de Alfonsín. El ex secretario parlamentario habló cuando se sintió abandonado, no antes. Como se ve, ningún sistema es perfecto y siempre hay que confiar en el error humano, tal como también ocurrió en Italia, cuna del modelo. Suspendido en el Senado, que le reclamaba la devolución de unos 40.000 pesos más sus intereses, eludido como un apestoso por sus antiguos compañeros, “hace tres o cuatro meses, me decidí a hablar”, dice. El detonante fue la decisión del gobierno nacional de levantar los secretos de la SIDE y los testimonios judiciales que comenzaron a prestar sus agentes en distintas causas. Pontaquarto temió que alguno de ellos lo incriminara y decidió hablar antes. Sólo pidió a la revista Txt, cuya redactora Fernanda Villosio mantuvo una tenaz presión sobre él durante años, que le garantizaran la defensa legal y la salida de su familia del país hasta que pasara el impacto de su confesión. Eso quedó asentado en un contrato.
Enlace
En los últimos años del gobierno menemista, Pontaquarto se convirtió en el enlace entre los senadores de su partido y los ministros del gobierno justicialista. Cuesta creerle que en el apogeo de aquella fiesta obscena, cuando entre otras cosas se remató YPF, no haya visto nada raro en el Senado. Que no tenga ningún recuerdo crítico del Hermano Eduardo o de Carlos Rückauf, como afirma. El periodista Hernán López Echagüe le atribuye “una estrecha y provechosa relación con Rückauf. En 1996, mientras se encontraba a cargo de la Dirección de Ayuda Social del Congreso, supo compartir con el entonces presidente del Senado una gira sin dudas extravagante a bordo del Tango 02: primero, Costa Rica, para representar a Menem en la asunción del nuevo presidente del país centroamericano; luego Fort Mayers, Miami, para absorber otros aires; después una escala en las Islas Canarias, vaya uno a saber con qué fin, y, por último, Egipto, también por razones ignoradas”, al menos por ese autor. En la comitiva, además de Ruckaüf y Pontaquarto estaba el jefe de la Custodia, el entonces comisario inspector Roberto Giacomino.
Pontaquarto se defiende con idénticos argumentos políticos a los que usó Genoud. El justicialismo tenía los 2/3 del Senado. De este modo, la oposición radical a todos sus proyectos de desguace de las últimas piezas del Estado era ineficaz. La situación varió en 1999, con la victoria de la Alianza. Pontaquarto pasó a la secretaría parlamentaria del bloque. Al mismo tiempo era secretario de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, manejaba fondos, depositaba cheques grandes en su cuenta. Genoud delegó en él la relación con el jefe de la bancada justicialista, Augusto Alasino. Discutía los detalles de las leyes fundamentales, como la del Consejo de la Magistratura, negociaba modificaciones en el tira y afloje cotidiano. La militancia era un recuerdo lejano.
Plan canje
De la Rúa asumió en diciembre de 1999. En marzo comenzó a discutirse la ley de precarización del empleo. La situación se parecía a la de los primeros meses del alfonsinismo y la voz de orden era evitar el mismo fracaso que el Ejecutivo radical padeció entonces, cuando el Senado con mayoría justicialista volteó la ley de asociaciones profesionales con la que Alfonsín pretendía poner en caja a lo que quedaba del otrora poderoso sindicalismo justicialista. Cuando Genoud le dijo que el justicialismo pedía “otras cosas” a cambio de la sanción de la ley, a Pontaquarto no le extrañó. Había visto a los senadores Alasino y Remo Costanzo pedir la tramitación de Aportes del Tesoro Nacional para sus provincias al vicepresidente Carlos Alvarez, quien buscaba construirse un espacio de poder propio, ya que sólo contaba con el senador Pedro Del Piero. Cuando Hugo Moyano dijo que Alberto Flamarique se había jactado de que a los Senadores los arreglaba con la Banelco, la mayoría de los integrantes del bloque radical le creyeron. Por eso, a Pontaquarto tampoco lo sorprendió constatar la compraventa de la ley, sino que lo eligieran como el pagador y la comprobación de que el propio presidente De la Rúa era el vértice de esa pirámide de la felicidad. Ni se le ocurrió negarse. Cobraba el mismo sueldo que los senadores, tenía sus mismos privilegios, participaba en las reuniones del bloque. Sólo carecía de fueros. Pensó que si no aceptaba lo decidido por el presidente y el jefe del bloque en una cuestión de Estado que se discutía en el despacho presidencial, perdería el trabajo y, sobre todo, muchos sabrían que él sabía. Correría peligro él y arriesgaría a su familia, dice. Suena creíble. A esa altura, su existencia sólo tenía sentido como engranaje de esa maquinaria perversa.
Cash
El mecanismo era pago en efectivo contra entrega de la ley. La noche señalada, la policía reprimió a tiros y navajazos a los manifestantes del sindicato de camioneros y al secretario de prensa de la CGT disidente, Julio Piumato, en un pequeño anticipo de la barbarie con la que De la Rúa se despediría del gobierno. En esas condiciones el bloque del PJ (donde había más corruptos que autistas) se negó a votar y Pontaquarto llevó a su casa los 5 millones de pesos que había recibido en la bóveda de la SIDE. Los colocó en un vestidor contiguo al dormitorio matrimonial y los cubrió con una frazada. Pero la esposa tuvo una crisis de nervios, lo acusó de irresponsable por poner en peligro a la familia, valor sagrado, célula básica de la sociedad. Deshecha en lágrimas vistió a los tres chicos y se los llevó a casa de sus padres. Pontaquarto quedó solo. Cada tanto echaba un vistazo a esa suma fabulosa. Como jactancia o desahogo, invitó a un abogado, amigo de la infancia, a ver el secreto que atesoró durante la interminable semana hasta el tratamiento de la ley. Descubrió la frazada y abrió la valija. Su esposa y ese amigo le insistieron durante tres años en que debía sacar ese esqueleto del ropero.
Guiños
Aquella noche, Flamarique supervisaba desde un palco el cumplimiento del convenio. Cuando la ley fue sancionada, Alvarez presidía la sesión. Guiñó un ojo en dirección al ministro de Trabajo, que le respondió con un pulgar en alto. El entonces vicepresidente ignoraba todo lo que sabían Flamarique y Pontaquarto. El suyo era un entusiasmo sincero, ideológico, el mismo que lo llevó a promover para el ministerio de Economía a José Luis Machinea y a Domingo Cavallo. Desde que Pontaquarto comenzó a declarar ante el juez, Alvarez se lanzó a una compulsiva autoexaltación mediática. Como un boxeador torpe que con el peso de su cuerpo sostiene de pie a un rival groggy, sin dar el paso atrás que le permitiría caer, no dejó espacio para que alguien lo recordara con alguna simpatía. Además, los inquietos duhaldistas lo ungieron como un conveniente sosías para atacar al gobierno por interpósita persona. Descollaron en esa faena los imponentes sopranos de la Juventud Duhaldista Conurbana Antonio Cafiero y Manuel Quindimil, también conocidos como Ciento Sesenta Años de Historia os Contemplan, algo más de los que lleva la Desorganización Nacional. Si se inquiere en el gobierno por qué justo en esta semana la senadora Cristina Fernández de Kirchner asistió a la presentación de un libro recopilado por Alvarez, la respuesta es que era un compromiso previo, pobre explicación que nada aclara.
Mientras, el duhaldismo quebraba las últimas veleidades del gobernador bonaerense Felipe Solá y exhibía triunfal su vuelta al redil, ya sin fantasías de rebelión. Gracias a ello, Solá confía en que esta semana la Legislatura apruebe la ley de presupuesto, cuyo artículo 56 revela la grandeza de espíritu del ex funcionario de Menem y Cavallo: pese a que en un reportaje de hace dos semanas negó que su propósito fuera subordinar a la Comisión Provincial por la Memoria y suprimir su autonomía para que no siguiera denunciando las violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos que se cometen en su provincia, el artículo 56 del presupuesto dispone exactamente eso. Convierte al organismo presidido por Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón en una “categoría de Programa en Jurisdicción de la Secretaría de Derechos Humanos” del Poder Ejecutivo provincial, a la que instituye como “organismo natural de control” de la Comisión. Como aquel guiño de Alvarez, éste de Solá dice más que mil palabras. El ingeniero es derecho y humano. Su ministro de Seguridad, Raúl Rivara, se pronunció en contra de lo que llamó “purgas” policiales y anunció que los intendentes controlarán a los comisarios, cuando lo urgente es romper el nexo delictivo entre unos y otros.
Carlos y Noemí
No menos sincero que el entusiasmo de Alvarez con la ley fue en aquel momento el de Carlos Tomada y Noemí Rial (el ministro de trabajo del actual gobierno y su vice), quienes asesoraron al diputado duhaldista Alfredo Atanasof para que firmara el despacho de mayoría en la Cámara de Diputados. Ocurrió entonces un hecho notable, que ayuda a reflexionar sobre la relación entre la sociedad civil y los representantes políticos. A raíz de la protesta social por el proyecto y de los despachos en minoría que firmaron otros diputados sindicalistas de diferentes líneas políticas y gremiales (como Alicia Castro, Saúl Ubaldini y Gerardo Martínez), Atanasof terminó por votar en el recinto en contra de su propio dictamen de comisión. La ley que Pontaquarto pagó aquella noche, completó un proceso de un cuarto de siglo de desprotección de los trabajadores, concretado en distintas leyes, decretos y convenios, consentidos por la CGT Azopardo. Según el especialista Héctor Recalde (autor de un libro sobre el tema Crónica de una ley negociada) la dictadura militar derogó 27 artículos y modificó 99 de la ley de contrato de trabajo, proceso que continuaron los gobiernos de Menem y De la Rúa, con la ley de empleo de 1991; las de contratos basura, de quiebras, de conciliación laboral individual obligatoria de 1994; los decretos de flexibilización de 1996. En diciembre de 1997, el diario patronal Ambito Financiero informó sobre los proyectos de los organismos multilaterales de crédito para flexibilizar el mercado de trabajo “a fin de promover la competitividad de la economía y el crecimiento sostenido del empleo”. Incluía reducción del monto de despidos, eliminación de ciertos contratos temporarios, supresión de la cláusula de ultraactividad, por la cual si los sindicatos no llegaban a un acuerdo con los empleadores los convenios seguían en vigencia; eliminación de estatutos laborales especiales, descentralización de las negociaciones y competencia entre obras sociales. En todas ellas la CGT fue asesorada por Tomada y Rial. Según Recalde, quien asesora al MTA, “eso comenzó a cumplirse con la ley 25.013 de Erman González (Menem lo hizo), la ley 22.250 (De la Rúa lo hizo) y el decreto 446/00 de necesidad y urgencia, desregulador del sistema de obras sociales, firmado por el vicepresidente en junio de 2000 para que entrara en vigencia siete meses después (Chacho Alvarez lo hizo)”.
La ley establece en el artículo 1 un extenso período de prueba (puede llegar hasta un año, según el tipo de empresa y de convenio) durante el cual las empresas pueden despedir sin indemnizar a los trabajadores, en violación del artículo 14 bis de la Constitución. El artículo 8 termina con la ultraactividad legal; el 10 sepulta los convenios firmados en 1975, cuando los trabajadores tenían mucha más fuerza que hoy. Por cierto, la CGT pactó conservar la ultraactividad para los aportes de los trabajadores. El artículo 25 indica que el convenio menor prevalecerá sobre el mayor: por ejemplo, el de empresa sobre el de rama, lo cual significa la desprotección más completa y la derogación de dos principios universales del derecho del trabajo, como los de la aplicación en cada caso de la norma más favorable al trabajador, que es la parte vulnerable de la relación, lo mismo que en caso de duda. El artículo 26 arrasa con los derechos adquiridos por los trabajadores, al establecer que un nuevo convenio colectivo pueda ser menos conveniente que el previo para el trabajador. El 27 faculta a excluir a ciertas empresas de las obligaciones del convenio colectivo. “Los dientes blancos del perro son el Balance Social (las empresas con más de 500 trabajadores están obligadas a proporcionar mayor información a los sindicatos) y la Simplificación Registral, que ayuda a las pequeñas empresas a cumplir con la ley, un viejo anhelo sindical. Pero este artículo 32 jamás fue reglamentado y en consecuencia no rige en la realidad”, concluye Recalde.
En cuanto supo de la confesión de Pontaquarto, Kirchner ordenó que se estudiara la situación de la ley vendida. El problema es que el estudio deben realizarlo Tomada y Rial, quienes ya han comenzado a argumentar en contra de la nulidad de su criatura.