A las tres de la tarde de hoy el Tribunal Oral Federal de Salta dará a conocer la sentencia del llamado juicio a Marcos Levín, el propietario de la empresa de transportes La Veloz del Norte juzgado por delitos de lesa humanidad. Levín escuchará la sentencia junto a tres ex policías de la Comisaría 4ª de esa ciudad, hoy considerada un ex centro clandestino de detención. Están acusados por el secuestro y tormentos de Víctor Cobos, quien fue empleado de la empresa y delegado de la UTA. Este es el primer juicio oral del país que enfoca en primer plano la responsabilidad del sector empresario en la avanzada represiva durante el terrorismo de Estado. La fiscalía pidió 18 años de condena efectiva para Levín, dos años menos que las querellas. Los representantes de las víctimas esperan que la sentencia incluya una mención sobre otra docena de crímenes de trabajadores de la empresa, cuya imprescriptibilidad aún está bajo la consideración de la Corte Suprema de Justicia.

“Nosotros creemos que hemos acreditado todos los presupuestos necesarios para que Levín y los comisarios sean condenados”, dice David Leiva, abogado de la querella. “En este caso Levín hizo los mayores aportes para la comisión de los delitos. Esperamos que sea condenado y que la Corte habilite el nuevo juzgamiento por las otras decenas de trabajadores que sufrieron persecución y detenciones también por sus órdenes.”

Los fiscales federales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila pidieron para Levín 18 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua bajo la figura de “instigador” de los delitos de privación ilegal de la libertad y de tormentos agravados. El pedido también alcanzó a Víctor Hugo Almirón, en su caso a 17 años de prisión como autor mediato de la privación ilegal y tormentos agravados. A Víctor Hugo Bocos, también a 17 años, como coautor material de la privación ilegal de la libertad y los tormentos. Y a Enrique Víctor Cardozo, a 16 años, también en calidad de coautor material de los delitos.

Luego del análisis del contexto y en línea con el análisis de las causas en otros lugares del país, la fiscalía reseñó en el alegato la línea histórica que muestra la lógica y escalada del conflicto entre trabajadores y empresa. Entendió que los conflictos patronalessindicales ocurridos entre 1975 y 1976 fueron “el antecedente inmediato” de los hechos y que la represalia buscó generar un “efecto disciplinador y ejemplificador” sobre el conjunto de los trabajadores de la firma. Sobre el caso particular de Cobos, única víctima que llegó a ser admitida en el juicio, lo situaron como delegado gremial, hablaron también de la persecución a su grupo familiar y el vínculo con otros trabajadores perseguidos. Un emergente clave del alegato fue la reconstrucción de los “aportes” realizados por el empresario, a partir de datos recogidos a lo largo de la investigación. En ese sentido, mostraron que Levín:

1. Aportó acción psicológica: es decir creó las condiciones sociales favorables para el accionar represivo. En ese punto, recordaron que, a través de la Federación de Empresarios Salteños de Transporte y de las solicitadas publicadas en los medios de prensa, realizó un pedido público para que se aplicara la ley antisubversiva e intervinieran los militares y las fuerzas de seguridad.

2. Aportó información de inteligencia sobre los trabajadores. Aquí cuentan: los diagramas de servicio que permitieron conocer los lugares donde detener a los trabajadores y el aporte de los domicilios y datos sobre la actividad gremial. Esto se hizo, explicaron, a través de la colaboración de otras personas, como el entonces subcomisario Bocos, que a la vez cumplía funciones de seguridad dentro de la empresa.

3. Aportó listas de trabajadores que debían ser detenidos y torturados.

4. Aportó la denuncia contra los trabajadores para que se desencadenaran los operativos.

5. Aportó vehículos de línea y automóviles particulares de la empresa que se usaron para los secuestros y traslados.

6. Aportó personal dependiente de la empresa para los traslados de los detenidos que estaban en Tucumán y la persecución desplegada al interior de la empresa contra los trabajadores más combativos.

7. Aportó instalaciones de la empresa para que se produjeran los secuestros.

8. Aportó recursos económicos y dádivas al personal policial para que reprimiera a los trabajadores.

En 1976, Levín inició una causa por una supuesta estafa contra los trabajadores con la que intentó revestir de legalidad los procedimientos ilegales. Durante este juicio, testigos y sobrevivientes, como el propio Cobos, dijeron que fueron obligados a avalar con una firma esa denuncia a cambio de salvar la vida. Fiscalía, querellas pero también un dictamen de la Procuración dieron por probado que la causa por defraudación “había sido fraguada con la finalidad de someter ilegítimamente a los trabajadores a las estructuras represivas del Estado”.

En la sala de audiencias, la sentencia será seguida por organismos de derechos humanos. El empresario y los ex policías tendrán ocasión de pronunciar las últimas palabras durante la mañana, luego de lo cual el TOF se va a retirar a elaborar la sentencia. Las defensas de Levín y los policías pidieron absolución para los cuatro.