La Corte Suprema rechazó un pedido de la agrupación Tupac Amaru, que había solicitado su “urgente” intervención al considerar la detención de la líder de esa organización, Milagro Sala, como un “quiebre institucional”. Según el máximo tribunal, la situación “no habilita la jurisdicción ordinaria o extraordinaria de la Corte”.

La agrupación decidió solicitar la “urgente” intervención de la Corte en la causa que mantiene a Sala detenida en el penal de mujeres del Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, ante la “falta de independencia” de la Justicia provincial. Con una concentración de militantes tupaqueros y de otras organizaciones, como la CTEP, el Movimiento Evita, ATE y la CTA de los trabajadores, entre otros, en la Plaza Lavalle, el coordinador nacional de la Tupac, Alejandro Garfagnini, informó en una conferencia de prensa dos semanas atrás que el escrito presentado a la Corte sirvió para poner a los supremos “en conocimiento” de lo que consideró un “quiebre institucional” en Jujuy.

Según el documento, Sala “fue detenida ilegalmente” a mediados de enero último a partir de “un procedimiento que procuró extorsionar a las organizaciones sociales para que levantaran un acampe” iniciado un mes antes frente a la casa de gobierno de la provincia.

Garfagnini sostuvo entonces que las únicas pruebas “de cargo” para lograr la “detención arbitraria” de Sala son las que aportó el Poder Ejecutivo provincial, basado en “noticias periodísticas”. En la solicitud de intervención, la Tupac reclamó la “inmediata” intervención de la Corte como única vía para “garantizar la justicia” en Jujuy y denunció “irregularidades” en la designación de jueces en el Superior Tribunal de Justicia local. “El Poder Ejecutivo Nacional y el de la provincia de Jujuy están dilatando la liberación de Milagro Sala”, reclamó Garfagnini durante la manifestación frente al Palacio de Tribunales.

A Sala se le atribuyen los delitos de “asociación ilícita” y “extorsión”, pero en el reclamo ante la Corte la organización expuso que aquellos, en caso de comprobarse, tendrían una pena de ejecución condicional, lo que permite la libertad de la dirigente social. Durante la conferencia de prensa, Garfagnini reivindicó el “derecho a la protesta” y afirmó que, para fundamentar la detención de Sala, los poderes Ejecutivo y Judicial de la provincia “contradicen los estándares más básicos” de las normas internacionales “en materia de garantía del derecho a la libertad personal”.

Ayer, con un fallo firmado por su presidente, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, la Corte desestimó el pedido con el argumento de que “la cuestión planteada no constituye ninguno de los casos que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y en las leyes que los reglamentan, habilitan la jurisdicción extraordinaria u ordinaria de esta Corte”. Al respecto, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, (que representa al Ejecutivo provincial) afirmó que la decisión del máximo tribunal de la Nación “acredita” que la dirigente social y diputada del Parlasur “no es un presa política”. “Con todas estas presentaciones que han hecho ante la Corte Suprema de Justicia, ante el juez federal (Daniel) Rafecas y ante los tribunales ordinarios de Jujuy está perfectamente acreditado que no es una presa política”, expresó Miranda sobre la dirigente que está detenida desde el 16 de enero pasado.

La titular de la Tupac Amaru fue detenida acusada de “instigación al delito” y “tumulto” en relación al acampe que la organización y otras similares mantenían en la plaza frente a la gobernación jujeña. Reclamaban que el gobernador Gerardo Morales los recibiera para hablar sobre las cooperativas de vivienda. La detención basada en esos delitos cayó a las semanas, pero Sala no quedó libre: el mismo día la justicia jujeña le dictó prisión preventiva por “fraude a la administración pública, extorsión y asociación ilícita”.