En el quinto piso del Ministerio de Economía todo estaba listo para que Guillermo Dietrich, titular de cartera de Transporte, comenzara la conferencia de prensa en la que anunciaría el aumento de las tarifas del transporte, cuando un estruendo sordo de bombos y corridas en los pasillos encendió las primeras señales de alarma entre los funcionarios. Los trabajadores de Hacienda, forzando el operativo policial desplegado desde temprano en las puertas del ministerio, habían logrado entrar al edificio y subían, ocupando todos los pisos. Las cámaras que iban a enfocar a Dietrich terminaron registrando así el ingreso desordenado en el que los delegados denunciaron que a entre 100 y 150 trabajadores les habían prohibido entrar, por la vía de dar de baja sus tarjetas de presentismo. El método es impiadoso pero expeditivo, y está siendo utilizado por el gobierno para comunicar cada mañana a cientos de trabajadores del Estado que ya no seguirán trabajando.

Dietrich debió mudar su conferencia de prensa a otro lugar y los despedidos permanecieron dentro de Hacienda reclamando una negociación que hasta anoche nadie había abierto. Por esto, hoy volverán a reunirse en las puertas del ministerio, para intentar ingresar nuevamente. La misma situación se dio en el ministerio de Trabajo, con 300 despedidos y la ocupación de su hall central. Y en Cancillería –73 despidos–, y en el ministerio de Justicia, donde también hubo una vigilia.

“La idea no es ocupar, sino permanecer adentro como una forma de defender nuestro rol como empleados y estatales. Si abandonamos nuestros puestos de trabajo ¿cómo vamos a mantener el reclamo? Queremos que se abra una negociación para que a los trabajadores con contratos vencidos se los renueven”, señaló Daniel Catalano, titular de ATE Capital a Página/12. “El gobierno tiene la obligación de dar una respuesta global a los 25 mil contratos que se vencieron. Si no se abre un canal de diálogo, se va a agudizar el conflicto”.

Ayer vencieron los tres meses que el presidente Mauricio Macri dio a sus ministros y secretarios, por decreto, para que “revisen” los contratos y concursos realizados en los últimos tres años de la gestión kirchnerista. Esto dejó al borde de quedar en la calle a 24 mil estatales. Con el argumento de que se trata de ñoquis, de que hay que “limpiar la grasa del Estado” y de que el kirchnerismo había convertido al estado en la “guarida” de sus militantes, a fines de febrero, la cantidad de cesantes había superado a los 7 mil. La semana pasada el número iba por los 9 mil despidos (siempre hablando de empleados del estado nacional) y ayer a la noche superaba los diez mil. En lo que va de enero a hoy, a ellos hay que sumarles otros 20 mil despedidos por las gobernaciones y municipios. Esta caza de brujas encubrió a su vez la destrucción de programas y áreas destinadas a dar contención social (como el programa Progresar, destinado a que los jóvenes retomen sus estudios), la atención de la salud, el desarrollo tecnológico (como es el caso de los satélites de ARSAT), el control de delitos económicos y el impulso y sostén a los juicios por los crímenes cometidos por la dictadura.

La dimensión final de la “limpieza” en el estado nacional podrá verse, posiblemente, entre hoy y el lunes. Por lo pronto ayer, los teléfonos de los dirigentes del gremio sonaron durante todo el día para comunicarles nuevas cesantías. Además de los ya mencionados hubo echados en Migraciones (no sólo de la Capital Federal sino también provincias como Salta), en Tecnópolis y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Como parte de las protestas, ATE marchó al ministerio de Modernización y realizó allí un acto. Pronto corrió la versión de que los bombos no habían molestado al ministro Andrés Ibarra porque había optado por trasladar su despacho al edificio de la Shell (en rigor, al edificio donde la Shell tiene su sede y el gobierno porteño unas oficinas), pero los voceros del ministro lo desmintieron de manera tajante: “De acá no se movió”, aseguraron. También anticiparon que entre el lunes y el martes, la cartera a cargo de la “reestructuración” del estado tendrá un panorama completo del número de despedidos y lo dará a conocer oficialmente.

El panorama que adelantan los funcionarios de Cambiemos es que los despedidos llegarán a entre el 10 y el 13 por ciento de los contratados, que son en total 63 mil, más los que están por convenios por universidades. Lo real es que el número ya parece estar por encima, y que contrasta con la designación de personal del PRO con altas jerarquías y sueldos que cuadruplican el promedio. Así, mientras despide, Cambiemos viene aumentando la planta política del estado con cuadros propios, asociados al mundo CEO. La “modernización del Estado” sumó 4 ministerios, 15 secretarías y 35 subsecretarías adicionales, todos con personal designado con sueldos gerenciales. Por esto, los dirigentes de ATE apuntan que el ajuste no redujo gastos, y son en cambio una estrategia del PRO para meter su propia gente y presionar, con la amenaza del despido, sobre las negociaciones paritarias para instalar un marco de salarios baratos. Con el nuevo mes que empieza, los estatales con contratos vencidos el 31 de marzo no podrán ingresar a sus trabajos. Por esto la de hoy será una jornada con nuevas tomas y permanencias en las oficinas. El lunes, ATE dará apoyo al paro de los docentes de Ctera y en la semana, según como hayan quedado planteadas las cosas, reformulará su plan de lucha.