“Es una sentencia rara, que dice poco de la cuestión de fondo, y basada en una figura ridícula.” Con estas palabras, el ex intendente Carlos Grosso salió ayer a descalificar el fallo judicial que le dictó la prisión preventiva como coautor de una asociación ilícita que cometió irregularidades en la concesión del complejo Golf-Velódromo.
Ex intendente de la Capital Federal durante el primer gobierno de Carlos Menem, Grosso llegó a acumular veinte causas judiciales, y sigue procesado en dos: la del Parque Tres de Febrero y la de la Escuela Shopping.
El viernes sumó una nueva mancha en su currículum: la Cámara del Crimen le dictó la prisión preventiva –aunque no de cumplimiento efectivo– y un embargo por 10 millones de pesos. La denuncia, formulada en 1991 por el actual jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, acusa a Grosso de crear una asociación entre funcionarios municipales y un grupo empresario para acceder al control de la concesión.
Ayer Grosso descalificó la resolución judicial. “Es una figura ridícula, una asociación ilícita armada para beneficiar a alguien (en este caso el empresario) que es absuelto de responsabilidades. Los jueces presuponen que al haber más de una causa, hay una asociación ilícita, cuando en realidad en las otras causas tampoco he sido procesado, ni inculpado.”
El ex funcionario insistió con la idea de que todo responde a una campaña montada en su contra. “Haber querido ser presidente generó una persecución política cuyo instrumento para alejarme de la posibilidad de contacto con la gente era tirarme todo el bloque de la sospecha encima mío”, explicó el dirigente peronista.
Y hasta se dio el lujo de hablar sobre la Justicia. “La gente que está indignada, dice que la Justicia es muy mala, pero yo digo que tiene dos lados malos: el que le da indignación por la supuesta impunidad y también es mala por las presiones políticas y las sentencias que la manipulación de las presiones políticas generan”, opinó.
Pero Grosso no habló sólo de su situación judicial. También se refirió a su paso por el fugaz gobierno del puntano Adolfo Rodríguez Saá, que lo había nombrado asesor de la jefatura de Gabinete hasta que un cacerolazo lo expulsó del cargo. “Esta sentencia sólo tiene que ver con lo que me pasó con Rodríguez Saá”, aseguró el ex funcionario.
Admitió que el imaginario popular lo ubica en el lugar de “político corrupto”. Y dijo que se arrepiente de haber pronunciado la frase “me llamaron por mi inteligencia y no por mi prontuario”. “Son frases que uno dice con ironía, con un poco de tripas enojadas, pero que uno debería tener el control tan grande para no decirlas. Lógicamente, fue una frase de esas que quedan firmen en el tiempo y cada día me he arrepentido de haberla pronunciado”, añadió.
Finalmente, el ex intendente porteño cuestionó la decisión de la Cámara del Crimen de aplicarle un embargo por 10 millones de pesos. “Es ridículo. Los que me conocen saben cómo vivo, que me cerraron la cuenta del banco y me quitaron las tarjetas de crédito”, dijo el dirigente peronista. Aseguró que paga “ajustadamente” las expensas del departamento donde vive y que se mantiene gracias a la venta de productos relacionados con la salud. “No entiendo cómo el juez piensa garantizar el cumplimiento del embargo. Yo no tengo dinero”, concluyó Grosso.