La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fue denunciada ante la Justicia por una ONG y recibió nuevas críticas de la oposición que reclama su renuncia por la defensa que hizo del presidente Mauricio Macri en el escándalo Panama Papers. La denuncia la presentó la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina y fue firmada por su titular, Fernando Miguez, que acusa a la funcionaria de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Alonso fue respaldada por los integrantes del gabinete nacional.

“Tiene que haber un reemplazo de Laura Alonso al frente de la OA por un abogado titular que no sea oficialista”, señaló el jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria (FpV), Héctor Recalde, apuntando contra la cerrada defensa que hizo Alonso de Macri al ser descubiertas empresas offshore en paraísos fiscales en las que el Presidente figura como director. Otro de los opositores que criticaron el accionar de Alonso fue la legisladora de GEN Margarita Stolbizer, al señalar que le parecía que “es una actuación que no está acorde a lo que la ciudadanía espera de la OA, se lo dije al Presidente la única vez que me entrevisté con él”. La idoneidad de Alonso para el cargo fue puesta en duda por la legisladora, quien aseguró que “a Alonso la respeto, es íntegra y capaz, pero me parece que es una persona partidaria”, y agregó que “debería haber una persona con mayor grado de autonomía respecto al Gobierno”.

Macri quedó involucrado en una investigación internacional que destapó la participación de dirigentes políticos y personalidades en empresas radicadas en paraísos fiscales, herramienta utilizada en general para evitar impuestos o lavar dinero. Funcionarios del Gobierno salieron a defender al Presidente alegando que no se trataba de un delito haber excluido de su declaración jurada que había sido director y vicepresidente de la empresa Fleg Trading Ltd, que estuvo activa hasta 2008 y fue presidida por su padre, Franco Macri. En medio del escándalo mundial por la filtración de los datos, Alonso publicó en su cuenta de Twitter un comunicado del Gobierno dando explicaciones y lo defendió sin mediar investigación alguna y sin siquiera requerir documentación sobre el caso: “Constituir sociedad en paraíso fiscal no constituye un delito en sí mismo”, dijo.

“Laura Alonso transformó la OA en la oficina de defensa del Presidente”, señaló el diputado del Frente Renovador Felipe Solá. “Actuó como una política del PRO y no está en capacidad para estar en ese puesto”, agregó el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, descalificando la ideoneidad de Alonso para el puesto en el que fue designada. Por su parte, el senador de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas pidió la renuncia de la titular de la OA al destacar que “Laura Alonso se tiene que ir” porque “su papel es muy mediocre. En vez de investigar la posible comisión de delito, sale en defensa de funcionarios públicos involucrados en negocios incompatibles con la función pública”. También la diputada del Frente Progresista Victoria Donda se manifestó contra la actuación de Alonso al considerar que “en vez de ocupar un lugar que custodie la transparencia de las acciones de Gobierno se ha convertido en una defensora de oficio del macrismo”, y agregó que “sin dudas tiene que renunciar y dejarle el lugar a alguien idóneo para la función que debe cumplir una OA”.

El accionar de Alonso motivó la presentación de una denuncia penal en su contra. El titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina, Fernando Miguez, presentó ante la Justicia un pedido de investigación contra Alonso para ver si incurrió en “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, que contemplan penas que van de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por cuatro años. La presentación judicial quedó registrada con el número 3781/2016 y el sorteo la dejó en manos del juzgado federal número 11, a cargo del juez Claudio Bonadio.