El proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal no tiene dedicatoria, pero bien podría decir: “¡Está rodeada doctora Gils Carbó!” La propuesta, harto anunciada, fue enviada ayer al Senado y presentada como parte de un paquete para que el sistema de justicia gane eficiencia, transparencia, se ocupe del crimen organizado y de evitar la “puerta giratoria”, según dijo el ministro de Justicia Germán Garavano. Sin embargo, en lo que atañe a la Procuración y su estructura, la propuesta pretende licuar el poder de la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó, al rodearla de una estructura de cuatro subprocuradores elegidos sin concurso ni mayorías especiales y de un Consejo General. Ellos absorberían las funciones claves como diseñar la política criminal o elegir titulares de unidades especializadas. El plan, además, quita la estabilidad al procurador/a, el cargo pasaría a durar cuatro años y lo/a pueden echar sin juicio político. La Corte Suprema sumó ayer mismo, sin disimulo, su grano de arena al difundir que “suspendió las resoluciones dictadas por la Procuradora” para la asunción de 16 fiscales en cargos credos el año pasado, que en realidad ya fueron eliminados por otra ley.

Desde que asumió la presidencia Mauricio Macri la jefa de los fiscales fue atacada con críticas y pedidos de renuncia, pero no dio señales de retirada, y según la ley aún vigente tiene estabilidad en el cargo sin límite. Como el sistema acusatorio aprobado el año pasado entrará en vigencia tarde o temprano y dará protagonismo a los fiscales, el Gobierno busca ponerlo bajo su dominio. Sus expertos saben que será difícil aplicar el límite de cuatro años para el cargo en forma retroactiva para que Gils Carbó deba irse en agosto. Por eso trataran de acotar su margen de acción. La primera iniciativa para incomodarla sería la designación de cuatro “subprocuradores generales”: uno de derecho penal, otro de delito organizado, uno para derecho privado y otro para derecho público. Los elegirá el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría simple. No hace falta que sean fiscales. Serán los que impartan instrucciones y armarán equipos en casos especiales. El Consejo General estará integrado por los subprocuradores, dos fiscales generales y dos fiscales con más de diez años de antigüedad, por sorteo. Será el filtro para aprobar unidades, dependencias nuevas, reglamentos, conformar las fiscalías de distrito y sus titulares, dispondrá la actuación de fiscales generales ante las cámaras de Casación, convocará los concursos, sorteará el tribunal de Enjuiciamiento y controlará toda la gestión del Ministerio Público Fiscal. El procurador, según la propuesta, no interviene en los concursos, que además serán orales y públicos, filmados.

Entre los históricos fiscales federales que cuestionan a Gils Carbó no convence el esquema. También fue muy discutida una versión del proyecto, que fue descartada, que eliminaba todas las unidades y procuradurías de la actual gestión, y que incluían desde la de Derechos Humanos, AMIA, la de violencia contra la Mujer, Seguridad Social, Ciberdelincuencia, entre otras, incluso algunas procuradurías y los llamados Atajo, que atienden zonas de alta vulnerabilidad. Lo que puede pasar es que el Consejo elija nuevos titulares y crear unidades de apoyo funcional. Y el proyecto alienta crear una fiscalía de Crimen organizado, según una iniciativa los peronistas Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey.

La limitación temporal del cargo ha sido avalada por distintas ONG del Derecho, aunque genera dudas que dure lo mismo que un mandato presidencial. Tampoco convence que en cuatro años se pueda desarrollar una política, o incluso implementar un nuevo sistema como el acusatorio. Si la idea avanza, igual quedará sujeta a una cláusula transitoria. El mecanismo de juicio político será reemplazado por un mero decreto del Ejecutivo o una votación con mayoría simple en Diputados.

El ministro Garavano discute y le dice a Página/12 que el procurador/a “conservará poder de decisión, solo que tendrá que consultar, es un proceso de democratización. Igual designa, administra, aprueba, dictamina ante la Corte”. Lo cierto es que los fundamentos escritos dicen que “el procurador es unipersonal” y “resulta adecuado racionalizar y equilibrar el ejercicio del poder en dicho ámbito”.

La iniciativa, anunciada junto con otras (juicios orales con un solo juez y multiplicación de tribunales orales federales, además de la unificación del fuero de instrucción y el correccional), coincidió justo con las resoluciones de la Corte Suprema que dejaron en pie las medidas cautelares que impedían la asunción de 16 fiscales en nuevas fiscalías. Por ejemplo, en la Cámara Federal donde hay dos salas pero un solo fiscal, se agregaba uno. Esto era parte de un anexo de la reforma aprobada el año pasado. La Asociación de Magistrados y otras entidades judicializaron el tema. Aunque la ley fue anulada por el actual gobierno, la Corte anunció ayer su resolución, que en realidad es lo que se conoce como “280”, un rechazo sin explicaciones al reclamo de la Procuración. Demasiada coincidencia, sin que haya urgencia.