Mauricio Macri continúa su actividad. Estuvo reunido ayer con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

Después del mediodía de ayer, el abogado Felipe Llerena entró a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. En esta oportunidad no estaba prestando servicios para el Grupo Clarín, que lo contrató durante el litigio contra el Estado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino para Mauricio Macri. El Presidente le encomendó al estudio Llerena y Asociados que realice el pedido de “declaración de certeza” que había anunciado el jueves para intentar desligarse del escándalo de Panama Papers, que lo involucra en sociedades offshore ubicadas en paraísos fiscales. La causa recayó por sorteo en el juzgado civil 104 de Capital Federal, a cargo del juez Andrés Guillermo Fraga. Desde el macrismo se negaron a dar a conocer el escrito con el argumento de que se trata de “diligencias preliminares” con el objetivo de iniciar el expediente. En paralelo, el fiscal Federico Delgado explicó que el trámite en la Justicia civil “no frena” la causa iniciada ya en el fuero penal para determinar si hubo una “omisión maliciosa” en su declaración jurada (ver página 5).

“Son una serie de trámites reservados para iniciar el expediente. Medidas que deben conocer sólo las partes. Lo que se presentó se llama técnicamente diligencias preliminares”, argumentaron fuentes de Casa Rosada para justificar el hermetismo con el que se manejó la presentación. De esta manera, tanto el Presidente como el gobierno nacional continúan sin mostrar documentación alguna que respalde los dichos de Macri sobre Fleg Trading LTD y Kamegusha S.A. las dos empresas en las que figura como director junto a su padre Franco Macri y su hermano, Gianfranco. Al anunciar la presentación concretada ayer, Macri reiteró que no fue accionista de esas compañías, que no recibió ningún tipo de retribución y que realizó su declaración jurada “en forma correcta”. Según afirmó, el objetivo de la presentación es que un juez “verifique” que lo que dijo es verdad y que no incurrió en el delito de omisión maliciosa. Desde el Ejecutivo sostuvieron ayer que el pedido se realizó para que “el juzgado recolecte la información y documentación que haga falta”.

El abogado elegido por Macri para hacer esta presentación integra uno de los estudios letrados que el Grupo Clarín contrató para litigar contra el Estado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Llerena, de hecho, estuvo en las audiencias públicas realizadas en la Corte Suprema, a fines de agosto de 2013, en la que se escuchó las posiciones de las partes y que antecedió a la declaración de constitucionalidad. Precisamente ayer, mientras Llerena se dirigía en representación del actual jefe de Estado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se producía una audiencia entre abogados defensores de la LSCA y los funcionarios de Cambiemos por la destrucción de esa norma llevada adelante por el macrismo.

Altas fuentes de la justicia argentina criticaron las declaraciones de Macri respecto de esas sociedades y calificaron de “inaceptable” la respuesta sobre la supuesta inactividad de Fleg Trading. “No se pone dinero en una jurisdicción benévola para no usarla. Tiene que decir quiénes son los accionistas. Son sociedades que funcionan bajo un régimen de clandestinidad. Los titulares de la offshore son los que tienen que demostrar que no utilizaron un mecanismo utilizado a priori para ocultar algo, que no hicieron nada ilegal. Se invierte la carga de la prueba”, advirtieron.