El fiscal Federico Delgado impulsó la investigación por las cuentas offshore vinculadas con el Presidente.

Mientras el juez federal Sebastián Casanello ordenó las primeras medidas para investigar si Mauricio Macri “omitió maliciosamente” incluir los datos de dos sociedades offshore en sus declaraciones juradas, el fiscal federal Federico Delgado aclaró que la presentación de los abogados del Presidente ante el fuero civil (ver página 6) “no interfiere con la investigación” del federal sino que “son cosas paralelas”. El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que investiga si “a propósito (Macri) escondió” su rol en las sociedades Fleg Tradin LTD y Kagemusha, radicadas en los paraísos fiscales de islas Bahamas y Panamá respectivamente, o “si se le escapó la tortuga”. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, en tanto, sugirió nuevas medidas.

La investigación penal sobre el jefe de Estado surgió a partir de la filtración conocida como Panama Papers, organizada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ). Se trata de 11,5 millones de documentos del estudio de abogados Mossack Fonseca, de Panamá, que se especializa en constituir sociedades en paraísos fiscales para eludir impuestos y controles patrimoniales. En Fleg Tradin LTD, creada en 1998 a través de un estudio de abogados de Panamá y de otro de contadores de Uruguay, Macri figura como director y vicepresidente y su padre Franco como presidente. En Kagemusha SA, registrada en Panamá, también figura como vicepresidente.

A partir de la denuncia del diputado Darío Martínez y del impulso de Delgado, el juez, tal como adelantó ayer Página/12, convocó para el lunes a prestar declaración testimonial al periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, quien participó de la investigación, y a la abogada Silvina Martínez, de los equipos técnicos de la diputada Margarita Stolbizer, por su especialización en sociedades extranjeras. Casanello no ordenó por ahora otras medidas sugeridas por el fiscal como el requerimiento a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) de un amplio informe sobre las dos sociedades, el pedido a la AFIP de las declaraciones juradas de Macri y un informe sobre qué sujetos están obligados a declarar sus sociedades offshore; tampoco pidió la opinión a expertos de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad Di Tella sobre si “a la luz de la Ley de Etica Pública” Macri debía haber incluido en sus declaraciones juradas esas sociedades offshore.

Delgado, entrevistado en radio Vorterix, explicó que el objetivo de su investigación “es verificar si el señor Macri omitió eso (su participación en empresas offshore) en su declaración jurada”, y en tal caso “si a propósito lo ocultó o si se le escapó la tortura, si fue un error de un empleado”. En cuanto al pedido de “declaración de certeza” que los abogados de Macri presentaron ante la justicia civil, destacó que ese planteo “no interfiere” con su investigación”. “Toda declaración de certeza tiene el fin de aclarar la duda que puede tener un justiciable con el alcance de una norma legal”, explicó. “Si el juez que interviene aclara algún tipo de duda o dicta sentencia sobre un punto específico que le pregunte, eso alguna eficacia penal tiene que tener, pero sería parte de la investigación”, agregó.

Ayer se sumó a la causa la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Su titular, el fiscal Sergio Rodríguez, sugirió pedir informes a la AFIP sobre las declaraciones de Ganancias y Bienes Personales del presidente, a la IGJ sobre reglamentaciones de las offshore y obligaciones de sus directores, y a la Oficina Anticorrupción (OA) toda la documentación sobre las declaraciones juradas. Algunas de esas medidas pedidas por la PIA ya habían sido solicitadas por Delgado, que fue quien solicitó su intervención.

“Me parece perfecto que el fiscal investigue pero me parece que ha sido un poco temerario al imputar al presidente de la República”, fue la crítica del diputado Tonelli, quien sugirió cómo Delgado debería haber comenzado la pesquisa. “Podría haber iniciado la investigación sin imputar a nadie”, sugirió. Cuestionó que “no propone ninguna prueba para acreditar la sociedad de Panamá” y que debería pedir “opiniones de expertos para ver si el Presidente tenía o no la obligación de declarar” las sociedades offshore, cosa que si solicitó el fiscal.