”Sinvergüenza”, gritó un hombre a la pantalla gigante. La imagen mostraba al secretario de Derechos Humanos y Pluralidad Cultural, Claudio Avruj, sentado en la sala de audiencias de la sede central de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington. Recién terminaba su intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH), a la que acudió en representación del Gobierno para dar explicaciones sobre la violación a los estándares internacionales de libertad de expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que implicaron los decretos de necesidad y urgencia que modificaron lineamientos claves de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tal como argumentaron organizaciones sociales y colectivos de comunicación. Avruj decía que su gobierno había llegado “para restituir el pleno cumplimiento a la libertad de expresión” en la Argentina y que, desde diciembre de 2015, el país “volvió al pleno Estado de derecho”. “Sos un sinvergüenza”, reiteró el hombre, una de las decenas de personas que se acercaron al Congreso para ver en vivo vía streaming la exposición, convocadas por la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD).

El clima de atención se mantuvo desde las 10 en el auditorio del anexo A del Parlamento cuando, a miles de kilómetros de distancia, los asistentes a la sede de la OEA en la capital estadounidense ocuparon sus asientos y el presidente del organismo, James Cavallaro, inauguró la audiencia número 39. Entonces, en el barrio porteño de Congreso –así como también en varias universidades nacionales del país que replicaron la experiencia de la transmisión en vivo–, la ansiedad se contuvo y las luces se apagaron. Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), comenzó a exponer los principales puntos de la presentación que esa organización, acompañada por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (Redcom), y otros colectivos de la CCD realizaron poco más de un mes atrás sobre “la afectación a la libertad de expresión, de información y a la comunicación producidos por los tres decretos del Poder Ejecutivo (236, 267 y 13) que modificaron la LSCA”.

Las voces, en Washington, cambiaron a buen ritmo, dado que los representantes de las organizaciones peticionantes tenían no más de 20 minutos para dejar todo expuesto sobre la mesa. El especialista en políticas de comunicación Martín Becerra tomó la posta tras el presidente del CELS y luego lo sucedió el abogado Damián Loretti. Desde Buenos Aires, los planteos se siguieron con entusiasmo y algunos alientos susurrados al estilo “eso mismo” o exactamente”. “Vamos Daniel”, envalentonaron en volumen más alto al titular de la Redcom, Daniel Badenes. Para entonces, el auditorio ya estaba lleno, entre comunicadores, universitarios, investigadores, trabajadores y algunos pocos legisladores como los diputados del Frente para la Victoria Remo Carlotto, Liliana Mazzure, Eduardo Seminara y Cristina Alvarez Rodríguez. A su turno, el titular de Farco, Néstor Busso, habló en nombre de las radios comunitarias. Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús, resumió el petitorio al organismo internacional superando apenas el minuto 23.

La evaluación de la ponencia por parte de los integrantes de la CCD que escucharon a la distancia fue altamente positivo. “Argumentos claros y precisos”, consideró Mariela Pugliese, de Farco. “Se ajustaron al motivo de la audiencia y fueron contundentes”, remarcó el titular de la Carrera de Comunicación de la UBA, Diego de Charras. “Estuvimos muy bien representados”, añadió Laura Yanella, de FM En Tránsito.

De la exposición del Gobierno opinaron todo lo contrario. Pugliese tomó la palabra que Verbitsky, en Washington, usó para calificar los discursos de Avruj y comitiva. “Impertinente. Así fue, absolutamente impertinente su respuesta porque lo que plantearon no tiene nada que ver con lo peticionado. No hablaron de los decretos”, postuló la comunicadora.

Los discursos del secretario nacional de Derechos Humanos, de su par bonaerense, Santiago Canton, y del titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Miguel De Godoy, fueron discutidos a viva voz en el auditorio del Congreso. Y aunque no habló, la ex diputada Silvana Giúdici, actual integrante del directorio del Enacom, fervorosa atacante de la LSCA en épocas de debate legislativo y mejor aliada del Grupo Clarín en tiempos de litigios, fue la más abucheada cuando la enfocaron. Como en el resto de las áreas sobre las que gobierna, la gestión de Cambiemos acudió a “la pesada herencia” para justificar sus propios pasos, pero no hicieron referencia alguna a los decretos con los que modificaron la LSCA. De Charras lo lamentó y analizó la actitud como “representativa” de la actitud general de la gestión de Cambiemos. “Enuncian mucho la palabra ‘diálogo’, pero no escuchan los planteos de su interlocutor. Este planteo era sobre la incompatibilidad de tres decretos y la modificación de dos leyes. Sobre eso no dijeron absolutamente nada. Actuaron como si siguieran en campaña electoral”, puntualizó.

A Carlotto el “posicionamiento sin ningún argumento relacionado con lo discutido” por parte del Gobierno nacional lo sorprendió. Mazzure recordó la sesión especial en la que el miércoles pasado oficialismo forzó a votar a mano alzada la aprobación del DNU 267 y remarcó que “después de eso no se podía esperar otra cosa” porque “los argumentos fueron casi los mismos”: la supuesta persecución a periodistas, el uso de la cadena nacional, el “atraso” tecnológico y la “necesidad” de acudir a la convergencia, como estandartes del “cambio”. Al igual que Seminara, ambos se pusieron a disposición de “una agenda de trabajo en todo el país” para “dar la batalla”.

Los funcionarios de la CIDH celebraron el diálogo y no fueron mucho más allá. Quienes se congregaron ayer en el auditorio del Congreso destacaron que el pedido de intervención al organismo haya generado la presencia del Gobierno en la audiencia. “Logramos llevarlos hasta ahí, es mucho”, apuntaron. A la hora de hacer balances, la mayoría de los participantes prefirió quedarse con la intervención del comisionado Francisco Eguiguren antes que la del relator de Libertad de Expresión, Edison Lanza, bastante más ambigua. “Las preguntas de Eguiguren apuntaron al corazón de los decretos, a la concentración de medios, fueron claras y bastante agudas. En cambio, Lanza destacó demasiado el discurso de transición que implican estos decretos cuando en realidad ya están permitiendo cambios concretos: está habiendo concentración mediática ahora y mientras más avance más medios comunitarios van a caer”, postuló Pugliese. Amanda Alma, de Red Par, consideró que la posición de la comisión fue la “clásica” de “ponerse en un lugar de mediador entre demandas de sociedad civil y Estado, abonando a una idea de encuentro, participación colectiva”, pero, aunque “la disputa es entre dos modelos de comunicación completamente diferentes, es importante plantear el tema en la agenda pública”.