“Se ha comprado material ferroviario caro, viejo y con características y condiciones que de antemano no serían aptas para las vías existentes en el país y el sistema ferroviario nacional; y, por supuesto, ello significó todo lo contrario a los fines declarados, ya que con estos contratos millonarios no se renovó ni se modernizó, ni se restauró el sistema ferroviario, aunque sí el área quedó más endeudada y deteriorada.” Así sintetiza la resolución del juez federal Julián Ercolini, una de las razones centrales por las que decidió procesar con prisión preventiva al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime y a su asesor “ad honorem” y hombre de suma confianza Manuel Vázquez, a quienes responsabiliza por un abanico de irregularidades derivadas de la compra de material ferroviario inútil a España y Portugal con la excusa de mejorar los servicios en Argentina. Los acusa de los delitos de peculado (que es sustraer dinero que un funcionario tiene bajo su custodia), defraudación a la administración pública (desviar fondos), cohecho (coimas), negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias (usar el cargo para lograr ventajas). También fueron procesados, sin prisión preventiva, el sucesor de Jaime, Juan Pablo Schiavi, Ricardo Domingo Testuri, representante de la Secretaría de Transporte en los acuerdos entre el estado nacional y las empresas europeas, mientras que Ignacio Soba Rojo está implicado como intermediario.

En este expediente fue citado también a indagatoria el diputado y ex ministro de Planificación Julio De Vido, como superior de la Secretaría de Transporte. Jaime está preso desde el sábado 2 de abril. También Vázquez quedó detenido cuando intentaba esconderse en un placard de su casa en San Isidro. Ambos fueron embargados en 100 millones de pesos. En la investigación de este caso, fue central un estudio de la Auditoría General de la Nación (AGN), que mostró que cerca del 44 por ciento de los trenes y material ferroviario adquirido, no servía, y que se pagaron sobreprecios de 171 por ciento en su adquisición. Quedó buena parte (locomotoras, vagones, motores) en depósitos ferroviarios y algunas unidades se devolvieron. De 1040 unidades adquiridas solo se pudieron usar 25.

Los acuerdos fueron firmados en el año 2005 con las empresas españolas Sociedad Mercantil Estatal Española Expansión Exterior S.A. (EE), Red Nacional de Ferrocarriles de España (Renfe) y Ferrocarriles Vía Estrecha (FEVE) y Caminhos de Ferro Portugueses (CFP) de Portugal. Las anomalías detectadas llegan hasta 2012. El fallo de Ercolini dice que “el Estado Nacional pagó un precio exorbitante de euros 76.313.108.85 –cambio en pesos 306.108.878,86 para aquella fecha– resultando el material rodante adquirido de una calidad inferior a la del valor pagado, circunstancia que conduce a la sospecha de que grandes sumas de dinero pertenecientes a la administración pública fueron sustraídas de su esfera por el declarante o por interpósitas personas”. Los investigadores estiman que en sobornos se pagaron unos 2 millones de euros. Como intermediaria se usó la consultora Controles y Auditorías Especiales (Caesa), ligada a Soba Rojo. Schiavi quedó implicado pero no por coimas ni tráfico de influencias.

Ercolini describe que Jaime se valió de Vázquez “quien ocupó un rol aparentemente insignificante, pero de suma importancia (...) se desempeñaba como asesor de gabinete ad honorem”, nombrado por el ex secretario. Juntos “encaminaron las gestiones relativas a las contrataciones con las empresas extranjeras que proveerían a nuestro país del material rodante, teniendo en miras su propio interés personal y de terceros”. Recuerda que el fiscal Carlos Rívolo este año pidió mandar a juicio a Jaime por enriquecimiento ilícito y señaló a Vázquez como su testaferro. “La época del incremento patrimonial injustificado coincide con aquella en la que realizó las negociaciones que culminaron en la firma de los contratos con España y Portugal por la compra del material ferroviario”, es decir, “que gran parte del dinero” “no tuvo ese destino sino que hubo retorno o directas retenciones del funcionario a cargo de la Secretaría de Transporte o de partícipes”, afirma.