El Ministerio Público Fiscal reunió a la Mesa de Diálogo Institucional, que forman querellantes, organismos de derechos humanos y fiscales de todo el país que trabajan en las causas de crímenes de lesa humanidad. Hace un año, en ese espacio, una perito de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad enumeró algunos avances logrados con la documentación desclasificada para la causa ESMA. Este año, se escuchó a una “ex trabajadora” de esa misma área que dijo que había sido despedida. Hace un año, no aparecía una preocupación porque los “testigos-víctimas” no quieren declarar en una causa por el nuevo contexto político. El abogado Pablo Llonto, querellante de Campo de Mayo, explicó que hasta diciembre la situación de los juicios ya era “caótica y de emergencia” pero ahora se agravó: “A lo conocido del sistema judicial, como la lentitud, la mala fe de algunos jueces, la burocracia, se sumó un Poder Ejecutivo que no apoya los juicios de lesa humanidad –dijo, taxativo–. Esto se agregó como un problema que no teníamos, ni teníamos a los represores o a las familias de los genocidas enviando notas y pidiendo que se los atienda en la Secretaría de Derechos Humanos para recibirlos como presos políticos”.

El encuentro fue convocado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de Jorge Auat y Carolina Varsky, en clave de mesa de trabajo. A sala llena, en el edificio de Avenida de Mayo, se congregaron sobrevivientes y querellantes de Santiago del Estero y Tucumán que tienen en puertas el juicio oral del Operativo Independencia. Hubo delegaciones de Salta, Jujuy, San Juan y Mendoza. Hubo fiscales de esas provincias y también de La Plata, Chaco y San Martín. Estuvo Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo y Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Representantes de HIJOS, Abuelas de Plaza de Mayo, el CELS, el MEDH, APDH y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Por primera vez, participaron además querellas que impulsan las causa por la masacre del penal de Devoto y la de Malvinas.

Como se trata de un espacio en el que se discuten estrategias y problemas en el avance de los juicios y se busca articulaciones con los distintas agencias que intervienen, también fueron convocados representantes del Estado. Estuvo Leonor Cisneros, de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa y Mariano Fridman, funcionario a cargo del Programa Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos y ahora de Pluralismo Cultural.

“Quiero decirles que por un problema de horarios tengo que irme”, dijo la funcionaria de Defensa, una hora después del comienzo, con el clima subiendo de escalas. “Pero antes, les digo que los equipos de trabajo del área continúan. Y que existe la firme convicción de colaborar, tanto del ministerio como de parte de esta dirección.” Lo mismo dijo Fridman un rato más tarde. “Nosotros queremos seguir trabajando. Por un lado, estamos acompañando testigos y analizamos los riesgos y por otro aportamos los informes documentales que se nos requieran.” Dijo que funcionarios de la nueva gestión viajaron a los juicios de Salta y Mendoza. Que habló con los jueces de la Cámara de Casación. Y que ahora trabajan en la estructura de seguridad del juicio en Tucumán. De lo que sobrevolaba hasta ese momento, como los despidos de trabajadores y, sobre todo, la desarticulación de las áreas del Estado de investigación, no dijo demasiado. Solo que veía que uno de los frentes más complicados y repetidos en el encuentro “es el judicial” por lo que convocó a “traccionar” sobre eso: “No puede ser que haya juicios con alegatos que pasan de una semana a la siguiente, tenemos que focalizarnos para materializar el avance”.

Auat abrió el encuentro con el doble diagnóstico: las dificultades en el frente judicial y en las herramientas de trabajo del Ejecutivo. Volvió a pegarle a la Corte. Dijo que la Justicia “no está apoyando los juicios de modo institucional” porque “la Comisión Interpoderes no está”, quedó nuevamente desactivada. Sobre el Ejecutivo, dijo que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia son producto de un reconocimiento a la sociedad que fue la que las demandó, pero hoy –agregó– “las estructuras de poder son importantes y ahí viene el fraude del doble discurso: licuar la memoria colectiva. La memoria les molesta y es distinto construirla que destruirla. Hay un cambio”, explicó y convocó a los presentes a “volcar los problemas que tenemos para desactivar mecanismos que devalúen estos procesos”.

Hubo muchas ganas de hablar. Las intervenciones mostraron los ejes conflictivos. El primero y más novedoso: la desactivación de los equipos de trabajo del Estado dedicados a las investigaciones de crímenes de lesa humanidad. Pese a que los funcionarios dijeron lo contrario, buena parte de los equipos ya están desactivados por despidos o disolución de las áreas. Gabriela Sosti, fiscal de las causas de ABO y el Batallón 601 preguntó casi con desesperación a la sala: “¿Qué pasa con la documentación que queda? ¿Cómo hacemos nosotros para acceder a esa información que es central? ¿Qué pasa con lo que produjo el Banco Central? En este punto se abrieron propuestas. Algunas que recordaron mecanismos que se usaron en dictadura, como apelar a los espacios y comisiones del exterior. Otros, más internos, como pensar planteos de “no innovar”.

El frente de reclamos al Poder Judicial volvió a mostrar situaciones endémicas: la falta de jueces para los tribunales de los juicios, sobre todo en el interior, demoras y días de audiencia.

“Hoy enfrentamos a jueces con desidia”, dijo el fiscal federal de Mendoza, Dante Vega a cargo del juicio a los jueces y de la jurisdicción de San Juan. “Acá recusan a un magistrado –dijo– y se tarda 70 días en resolver el trámite porque los jueces no quieren integrar los tribunales.” En la misma línea, se escucharon representantes de San Nicolás, La Plata y San Martín. En San Nicolás el juicio por Ponce de León iba a empezar en abril, pero se pospuso tres veces.

En Tucumán, el juicio por el Operativo Independencia en Tucumán va a tener audiencias un día y medio a la semana porque dos magistrados viajan a cubrir otros tribunales. “Son 270 víctimas en un juicio con más de 1400 testigos”, dijo Agustín Chit, de esa fiscalía. “Estamos pidiendo al Tribunal que al menos otorgue un día más a la semana.”

San Martín es otro territorio endémico ahora emblemático: la reapertura de los juicios llegó a acumular en los primeros años 4 juicios orales en lista de espera, ahora suman 16.

Hace un año había tres medios de comunicación cubriendo la reunión: Tiempo Argentino, Telam y Página/12. El miércoles sólo estuvo Página/12.