Desde Córdoba

En una vibrante audiencia a sala llena, el fiscal Facundo Trotta y su equipo integrado por los fiscales Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruiz solicitaron 34 penas de prisión perpetua para Luciano Benjamín Menéndez y otros 33 represores bajo su mando, entre los que sobresalen Ernesto “Nabo” Barreiro y Héctor Pedro Vergez, alias “Vargas”. De ser condenado en agosto, cuando el Tribunal Oral Federal Número 1 presidido por el juez Jaime Díaz Gavier dé su veredicto, el “Cachorro” Menéndez, también llamado “la Hiena” y ex Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura, sumaría la perpetua número 12 a su colección de sentencias; entre las que también cuenta otras dos condenas por una veintena de años. Ayer, once de sus subordinados acusados en este juicio se hicieron acreedores a pedidos de penas entre 25 y 3 años de prisión.

En el caso de Ernesto “Nabo” Barreiro, quien también se hacía llamar “Hernández” o “Rubio” para encubrir sus delitos, este es el primer pedido de condena que obtiene por sus crímenes de lesa humanidad. El represor que participó en el levantamiento carapintada de Semana Santa de 1987 gozó de impunidad por casi cuatro décadas. A pedido del entonces presidente Néstor Kirchner, fue extraditado desde los Estados Unidos, donde estaba viviendo, para este juicio que comenzó el 4 de diciembre de 2012. A Menéndez y sus cómplices se los juzga por crímenes de lesa humanidad contra 716 víctimas entre los años 1975 y 1983.

La de ayer fue la audiencia 327 en un juicio que ya entró en su cuarto año. Mientras que en la sala no cabía un alfiler del lado del público, fueron muy pocos los imputados que estuvieron presentes en el petitorio de penas los fiscales. Uno de los pocos fue Vergez, quien se mantuvo en su banquillo hasta poco antes de que la fiscalía comenzara a pedir las condenas: entonces se levantó ostentosamente, caminó lento hasta su abogado defensor de oficio, le dijo unas palabras al oído y entró a una sala contigua donde todos sus cómplices ven lo que ocurre por un circuito cerrado de tevé.

Ante la mirada expectante de la Abuela de Plaza de Mayo Sonia Torres; la titular de Familiares de ex Presos Políticos, Emi Villares de D’Ambra; sobrevivientes y amigos de las víctimas del terrorismo de Estado, los fiscales dieron un marco legal previo a la solicitud de las penas para Menéndez y los 44 represores que están siendo juzgados.

La fiscal Virginia Miguel Carmona le apuntó a los crímenes sexuales de lesa humanidad que se cometieron en los campos de concentración, y los enmarcó en la llamada “teoría del dominio del hecho”, del jurista alemán Claus Roxin según la cual los que ordenan los crímenes son “autores mediatos” de los que perpetre la mano ejecutora. Así, Menéndez también es responsable de las violaciones y abusos sexuales contra las mujeres y los hombres –en este juicio se conoció que los hubo y muchos– que padecieron el cautiverio en La Perla, el Campo de La Ribera, la D2 y el resto de los campos de tormento y muerte que existieron en Córdoba bajo su mando. La fiscal explicó que “el delito de tormento no expresa ninguna característica de índole sexual, así que es inapropiado encuadrarlo en esos tormentos. Son diferentes. Hacer lo contrario sería otra invisibilización de los delitos sexuales cometidos dentro de un campo de concentración. Las mujeres padecieron un plus de tortura dentro de los campos. Se las violentó dentro de una cultura patriarcal y machista. Así que otorgarle visibilidad constituye una reparación de nuestra historia presente. Algo que ya comenzó aquí en Córdoba, con el juicio de 2010 (en el cual se juzgó y condenó al dictador Rafael Videla y a Menéndez por el fusilamiento de 31 presos políticos en una cárcel estatal).

El fiscal Rafael Vehils Ruiz, llegado desde La Rioja para este juicio, hizo hincapié en la prisión efectiva de los eventuales condenados. Le pidió al Tribunal se ordenen nuevas pericias médicas para todos los reos: para los que están presos en el penal de Bouwer, y “los que estén en situación de prisión domiciliaria. Resulta imprescindible saber cuáles son las razones humanitarias por las que están en sus domicilios”. El fiscal señaló: “Las cárceles están llenas de presos con delitos que, en comparación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los imputados; pueden ser bagatelas. Así que en caso de que los imputados se hayan mejorado, solicitamos de desde ya que se les envíe nuevamente a un establecimiento penal del Estado”. En esa dirección, Vehils Ruiz pidió “la inmediata detención de los imputados que todavía estén en libertad”. Tal el caso de Antonio Reginaldo Castro, un represor que por su sadismo fue llamado “el Gato Gómez” de Bell Ville, una localidad del sureste cordobés.

Al final del pedido de condenas, el fiscal Facundo Trotta, un hombre tan joven como elocuente en el desarrollo de sus alegatos, se despidió recordando a las víctimas y respondiendo una pregunta: “Cada una de las víctimas de esta causa, señores jueces, tenía proyectos de vida, sueños, metas (...). Todos esos proyectos, sueños y metas fueron literalmente destruidos. Arrasados por mentes perversas que desafían la imaginación. A pesar de haber transcurrido cuatro décadas, todos estos crímenes permanecen inconmovibles en la conciencia, la memoria y el corazón del pueblo argentino. No obstante, existe algún sector de la población, claramente minoritario, que califica la realización de estos procesos como venganza; postulan la concordia y reclaman el cese de estos juicios. Ellos dicen “¿hasta cuándo?”. Hasta cuándo estos juicios. A ellos les decimos hasta cuándo: hasta que no se determinen las responsabilidades de los cómplices civiles de la dictadura. Hasta que no quede una sola víctima sin recibir una respuesta de la Justicia. Hasta que no encontremos al nieto de Sonia Torres y a los demás nietos que las Abuelas siguen buscando, y hasta que no hayamos encontrado el último resto de los desaparecidos”.

La sala estalló en aplausos. Ya fuera del recinto, los fiscales recibieron los abrazos de agradecimiento de los sobrevivientes. El juicio pasó a cuarto intermedio hasta el jueves 17 de mayo, cuando comiencen a alegar los defensores de los 45 imputados que siguen en proceso.