El juez federal Sebastián Casanello dividió en dos la causa penal contra el presidente Mauricio Macri y el intendente de Lanús y ex secretario de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, por las sociedades offshore constituidas en paraísos fiscales. Por la mañana, en rueda de prensa Macri dijo haber “visto que (Casanello) ha pedido exhortos a Panamá (y Bahamas) para aclarar la información que salió en los medios de comunicación”. “Me parece muy bien: él tiene que hacer todos los requerimientos que considere necesarios para confirmar si lo que he dicho es verdad o no. De eso se trata actuar en un país donde la Justicia trabaja en forma independiente”, completó. Apenas estalló el escándalo de los Panama Papers, desde la Casa Rosada dijeron que Macri había sido “director ocasional” de la empresa fantasma, después ensayaron una estrategia un poco más creíble: pidieron una declaración de certeza ante la justicia civil, un intento de eludir la justicia federal. La imputación del fiscal Federico Delgado es lo que motivó la causa que lleva Casanello.

El juez resolvió separar el segmento del expediente que corresponde al jefe comunal y enviarlo a la Cámara Federal para la asignación por sorteo de otro juzgado. El fiscal Delgado había basado su solicitud en la inexistencia de “relación procesal” entre ambos casos, no obstante que Macri era jefe de Gobierno porteño y Grindetti su subordinado en la ciudad de Buenos Aires. Panamá Papers revelaron que Grindetti tenía el poder para manejar la sociedad offshore “Mercier International” y una cuenta bancaria en Suiza, a la vez que era secretario porteño de Hacienda. Grindetti, a través de un comunicado de prensa del municipio de Lanús, admitió que la información era veraz, pero aseguró que “nunca se registraron movimientos económicos en dicha sociedad” y negó que tuviera una cuenta “a su nombre” en Suiza. La desmentida del ahora intendente se encuadra en el relato PRO que naturaliza la creación de sociedades en paraísos fiscales. Eso sí para no usarlas. Parece ser una actividad recreativa que empieza en el Presidente y se derrama, por citar algunos casos, a familiares de Fernando de Andreis (secretario general de la Presidencia), Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de Presidencia), Claudio Avruj (secretario de Derechos Humanos), Jorge Macri (intendente de Vicente López) y Daniel Angelici (lobbista judicial y presidente de Boca)

El 7 de abril Delgado imputó a Macri al requerir que se investigue si “omitió maliciosamente” declarar su participación como director y vicepresidente de las firmas Fleg Trading LTD, en islas

Bahamas, y Kagemusha SA, registrada en Panamá.