Desde Tucumán

La Corte Suprema de Tucumán, decidió, por primera vez en su historia, abrir los archivos judiciales para dar a conocer como fueron adoptados y dejados en adopción en instituciones de menores los niños y niñas que nacieron entre 1975 y 1983.

La medida fue adoptada a través de la resolución 28/2016. Los años que comprende dicha medida no son casuales. Abarca no sólo la dictadura cívicomilitar sino también la etapa previa con la llegada del denominado “Operativo Independencia” a la provincia, que comenzó en febrero de 1975, y donde se inauguraron no sólo los centros clandestinos de detención, sino también los nacimientos clandestinos.

Con ésta decisión, la Corte tucumana, ordenó el relevamiento de juicios civiles iniciados entre 1975 y 1983 con el fin de buscar datos que permitan identificar a hijos de desaparecidos.

Lo que también pondera la acordada firmada por los jueces en pleno es la conformación de un grupo de trabajo bajo la órbita de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, para realizar un trabajo de investigación de “legajos de adopciones, guardas temporales, hallazgo de menores no identificados e inscripción tardía de personas”, dice el texto. El equipo designado por la Corte dependerá de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial, la abogada Lourdes Bascary está al frente de dicho organismo y trabajará con la Unidad Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Oficina Tucumán), ambas dependientes de la Procuración General de la Nación.

Para la Corte, no sólo hubo un plan sistemático de exterminio (siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia nacional) sino que también existió un plan de apropiación de menores durante la represión dirigida casi en su totalidad por el genocida Antonio Domingo Bussi.

Lo que se tratará de determinar es que si los expedientes de adopciones y guardas legales apilados en los juzgados del fuero de Familia y Sucesiones podrían contener información clave para la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos, apropiados a través del plan sistemático que llevó a cabo la última dictadura militar.

La acordada 28/2016 fue firmada el 3 de febrero por los cinco integrantes del máximo tribunal: Antonio Gandur, René Mario Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse (ex secretario de Derechos Humanos de la gestión del gobernador José Alperovich).

Lo que el texto deja en claro es que también se analizarán protocolos de sentencias, o sea de qué manera los jueces otorgaron tutelas y demás a los padres adoptivos durante la dictadura.

Según los magistrados, durante la dictadura se llevó adelante, “una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños. La primera por medio del ingreso del niño al sistema de minoridad y consecuentemente a una probable adopción por parte de terceros, y la segunda por medio de simulación del embarazo de la apropiadora y la inscripción posterior del niño como hijo biológico del matrimonio apropiador. Las primeras búsquedas de las Abuelas de Plaza de Mayo fueron por ese lado, evidenciando el plan sistemático de apropiación”, dijeron.

La noticia fue celebrada por Abuelas de Plaza de Mayo, quienes a través de su titular, Estela de Carlotto, le enviaron una carta al presidente de la Corte tucumana, para agradecer la acción concreta. “A 40 años del golpe genocida más terrible de nuestro país, seguimos buscando a los casi 400 nietos que aún faltan en el abrazo fraterno de sus familias. Esperamos que este tipo de iniciativas puedan replicarse en el resto de las provincias, para seguir consolidando una política de Estado que es ejemplo a nivel mundial”, afirmó Carlotto.