El fiscal federal Jorge Di Lello pidió investigar al director del Banco Central Pablo Curat y al vicejefe de Gabinete de la Nación, Mario Quintana, tal como había solicitado el jueves la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la contra-denuncia por la venta del dólar futuro que impulsaron diputados kirchneristas contra funcionarios del gobierno nacional que se beneficiaron –ya sea ellos personalmente o bien las empresas en las que trabajaban– por la devaluación implementada en diciembre. Además de Curat y Quintana, Di Lello incluyó en la nómina de sospechosos a José Torello, jefe de asesores de la Presidencia y amigo de la infancia de Mauricio Macri, y a las firmas Caputo –propiedad de Nicolás Caputo, amigo del presidente Mauricio Macri–, y Chery Socma SA –cuyo titular es Franco Macri–, por una posible vinculación con esa operatoria.

La decisión del fiscal responde a la presentación de un grupo de diputados kirchneristas que aseguran que estos funcionarios no solamente son responsables del perjuicio a las arcas públicas que produjo la devaluación sino que, además, a través de la compra de dólar futuro se beneficiaron personalmente o beneficiaron a empresas con las que estuvieron –o están– vinculados en millones de dólares. La denuncia también apunta al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y al juez Claudio Bonadio, que a pesar de haber imputado a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por considerar delictiva la venta de dólar futuro, autorizó al actual gobierno a pagarle a los compradores lo estipulado.

El jueves, CFK había anunciado a través de las redes sociales que ampliaría la denuncia para que alcance a Quintana, Curat y otras empresas vinculadas al círculo de confianza del Presidente, que habían comprado dólar futuro y luego pudieron influir en la decisión de devaluar, lo que disparó ganancias meteóricas que los beneficiaron directamente. Por caso, Quintana, virtual coordinador del “gabinete económico” del gobierno, “habría sido uno de los funcionarios intervinientes en la decisión del precio de referencia con el cual se cancelarían los contratos” adquiridos bajo esta modalidad” a la vez que “se desempeñó como director de la firma Farmacity y CEO del fondo Pegasus, los cuales habrían adquirido dólares a futuro por un monto de 11.480.000 dólares”, según denunció la ex mandataria.